En la actualidad, tener un sumario de la Comisión Nacional de Valores, ya no es el “estigma” que implicaba en el pasado, cuando un agente u operadores del mercado quedaba con una “mácula” que generaba desconfianza y sospechas de potenciales maniobras dolosas, generando el alejamiento de inversores y clientes potenciales. Hoy, encontramos sumarios abiertos por no entregar informaciones a tiempo o por dónde estaban ubicados los libros contables de societarios, todo mezclado con sospechas de manipulación de precios y virtuales maniobras de estafa, hoy en estudio en el fuero penal.
De los 30 sumarios abiertos durante la gestión macrista, 10 lo fueron en 2016, 17 en 2017 y 3 en lo que va de 2018. En total, hay envueltas 35 empresas, sociedades de bolsa, gerentes de fondos comunes de inversión, otros agentes del mercado y 2 personas, en forma individual.
Si consideramos directores, comisiones fiscalizadoras, síndicos, responsables de relación con los inversores y asesores financieros, entre otros, hay más de 300 personas envueltas en las investigaciones. Incluso, en un par de casos, algunos fueron exceptuados de los sumarios, curiosa y lamentablemente, por fallecimiento.
Este comportamiento “aletargado” de la CNV no es casual. Muchos de sus miembros tienen como origen el sector privado, no son funcionarios de carrera que les importa poco si una investigación se extiende eternamente en el tiempo. Es el caso del presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, que según la biografía que está publicada en el portal del organismo contralor “acumula una experiencia de más de 30 años en banca de inversión y en impresas, tanto en Argentina como el exterior; en entidades como Chase Manhattan Bank, Chase Securities, Infupa, Telecom Argentina y Biosidus, entre otras”.
Diferente es el caso de la vicepresidenta de la CNV, Patricia Boedo, que “integró el cuerpo de abogados de la Dirección General Impositiva (DGI) como asistente de jefatura de la Sección Cobranzas Judiciales y Supervisora de las áreas legal y contable. En 1999 ingresó a la Comisión Nacional de Valores desempeñándose como Subgerente de Fideicomisos Financieros, Gerente de Productos de Inversión Colectiva, Gerente de Emisoras y Secretaria de Directorio. En diciembre de 2015 fue designada vocal y, el 14 de junio de 2016, se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en el Directorio de la entidad”, según reza en el portal oficial.
Esta combinación de una larga experiencia en el sector privado, con funcionarios de carrera, no parece que haya tenido un resultado exitoso, a la vista de los problemas que existen entre mercados (como la lucha entre el ByMA y el Rofex), las dificultades para lograr la aprobación de una nueva Ley de Mercados de Capitales (que tuvo que ser redactada 2 veces para que pudiera pasar el “filtro” del peronismo “dialoguista”) o colocaciones como la de Laboratorio Richmond, que luego de los IPO de American Plast y Decker en la década del ´90, es la más escandalosa en 20 años.
El mercado de capitales argentinos es chico. La falta de ahorro de largo plazo y de poderosos inversores institucionales, sumada la voracidad del Estado (Tesoro Nacional y Banco Central) por hacerse de fondos frescos en forma creciente, no permite profundidad y liquidez suficiente como para asegurar ser una fuente abundante de financiación para las empresas. Si bien hubo varias ofertas públicas en el último año, la mayoría estuvo atada a IPOs en el exterior, lo que aseguró su colocación exitosa. Incluso, hay una veintena de empresas con sede en la Argentina que cotizan en el exterior, dado que los mercados externos son más “sencillos” para sumar inversores. Pero el resto de los segmentos de negocios, crecen, pero no al ritmo que lo necesita la Argentina.
Quizás, si la CNV concentrara su esfuerzo en resolver los sumarios con celeridad, reducir la demanda de información que se requiere a todos los participantes del mercado de capitales y buscara sumar inversores instituciones, en vez de espantarlos; otro sería el panorama del mercado de capitales local. Mientras tanto, las peores prácticas del sector privado (el celo “exagerado”) parecen que hicieron buena “yunta” con lo más rancio del sector público (la eternización de los sumarios). Emisores, intermediarios e inversores lo terminan pagando.
