La antigua Ley 1.420, de 1884, había determinado la obligatoriedad únicamente para la enseñanza primaria hasta que en 2006 se dictó la Ley 26.206 que, en su artículo 16, establece la obligatoriedad escolar entre los 5 años y el fin del ciclo secundario. Y en diciembre de 2014 se sancionó la Ley 27.045, que bajaba a la sala de 4 años el nivel inicial, por lo que el período escolar obligatorio pasó a ser, desde entonces, de 14 años.
Entre 2003 y 2015, cuando se sucedieron las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, la matrícula secundaria se incrementó en un 16,6 %, al incorporarse a dicho nivel educativo 561.907 nuevos alumnos.
La matrícula privada creció más que la estatal (23,3% versus 14,1%) y, si bien la mayoría de los jóvenes argentinos concurre a escuelas secundarias estatales, se percibe un cambio en dicha composición, ya que en 2003 el 73% de los alumnos secundarios asistía a escuelas estatales, en tanto que en 2015 lo hacía el 71% de dicho alumnado.
En 2015 ingresaron al primer año de secundario 82.370 alumnos más que los que lo hicieron en 2003, con un aumento en el orden del 11,4%.
De cada 100 chicos que ingresaron al primer grado estatal en 2004 terminaron el ciclo secundario apenas 30 en el 2015, mientras que en el sistema privado esta proporción trepa a 69, es decir más del doble.
La desigualdad ya se refleja también en la escasez de vacantes en instituciones de primera infancia del Estado: el 70% de los menores de 4 años son enviados a un establecimiento privado.
Este porcentaje baja en el caso de chicos de mayor edad, hasta llegar a 31% para los niños de 4 años en 2011-2012, partiendo del 3,1% de los que tienen menos de un año y consiguen lugar en instituciones de cuidado, enseñanza y crianza.
Cuidado de familiares u opciones comunitarias
"Mientras las familias con mayores recursos pueden suplir el déficit de oferta estatal yendo a establecimientos privados o acudiendo a personal contratado, las de menores recursos suelen tener que recurrir a familiares o a opciones comunitarias", explica Gala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social y coautora del documento, donde se destaca que cuidado, enseñanza y crianza son elementos indivisibles de toda acción orientada a la primera infancia.
Sin embargo, en la práctica, las políticas suelen diseñarse y desarrollarse de forma fragmentada, conviviendo diversos formatos institucionales, que incluyen jardines de infantes oficiales y no oficiales y espacios de primera infancia, entre otros.
Además, hay disparidades de la oferta en términos geográficos, por edad, socioeconómicos y de sector de gestión.
"Es necesario partir de una mirada amplia de los procesos de cuidado, enseñanza y crianza, que trascienda al sistema educativo e incluya a todos los formatos institucionales y actores, reciban a los chicos", destaca Alejandra Cardini, directora del programa de Educación de CIPPEC y coautora del trabajo.
Aduce que es menester "reducir la fragmentación de la oferta. La articulación entre formatos institucionales es un avance necesario, pero no suficiente”.
Señala que también se necesita un fuerte debate y una sólida apuesta a la calidad en el marco de una política integral para la primera infancia”.
Pero aclara que, para todo esto, sería “imprescindible partir de un mayor conocimiento de la oferta, dado que los últimos datos disponibles a nivel nacional son de 2011-2012”.
La investigadora asociada del programa de Educación de CIPPEC, Jennifer Guevara, agrega: "La escasa información sobre la cobertura y la distribución de instituciones, su heterogeneidad y la fragmentación de la regulación, dificultan que mejoren las políticas públicas para la primera infancia".
