Como el relevamiento de las clases en el día de inicio se erige en el tanteador con que los contendientes miden las relaciones de fuerza, los aprestos sorprenden a la mandataria bonaerense fijando una férrea posición sin cláusula gatillo, de difícil aceptación gremial en el actual contexto, pero deja a las apariencias en cubierto con convocatorias al diálogo.
En cambio, los pares de Santa Fe y Córdoba, Miguel Lifschitz y Juan Schiaretti, marcan diferencias con la política salarial de la Nación e incluyen un ajuste automático por inflación, que se dispara al superarse el 15% ofrecido por Córdoba o el 16% de Santa Fe. Con este esquema, desde octubre el sueldo de un maestro santafesino sin antigüedad alcanzará a $ 17.500 y será de $ 49.400 en el caso del supervisor.
Y como, al paso que viene, en el primer trimestre nada más el IPCN (Índice de Precios al Consumidor Nacional) alcanzará la mitad de la cuerda en cuestión (si bien en Santa Fe se ofreció el indicador provincial), el gatillo se dispararía en setiembre y octubre, cuando ambas provincias completen el tercer tramo en que pretenden dividir el incremento propuesto.
Más allá de lo que decidan en torno al ofrecimiento, los representantes de los maestros cordobeses tanto como los santafesinos alinean su estrategia negociadora a acompañar a la conducción de Ctera en la convocatoria a un paro nacional para lunes 5 y martes 6 de marzo, por lo que en la práctica no iniciarán el ciclo lectivo provincial hasta el miércoles 7.
La confrontación del primer día
La maniobra de la Ciudad de Buenos Aires de que el comienzo de las clases coincida con el inicio del calendario, o sea este jueves 1, y evitar así ser incluida en la evaluación sindical de dónde empiezan y dónde no, tuvo como respuesta de la UTE el anuncio de una huelga de 48 horas para lunes y martes en rechazo a la propuesta salarial de 12% sin cláusula gatillo formulada por la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
"Siempre la propuesta era superior a la media de lo que se ofrecía en el resto del país, pero desde 2016 es inferior", advirtió el secretario general del gremio, Eduardo López.
El trabajo de CIPPEC le daría en cierta forma la razón: desde que asumió Cambiemos el gobierno nacional, el salario docente tomado como referencia en CABA perdió 5% en términos reales en el primer año, más o menos en línea con el de los otros grandes distritos, y repitió otro 4% negativo en el segundo, mientras Santa Fe y Córdoba salieron empatados.
A precios de 2017, desde 2003, CABA y Córdoba ajustaron 69%, Santa Fe 102% y Buenos Aires 109%. Pero aún así el sueldo de referencia en la Docta supera 23% al bonaerense, 30% al porteño y 6% al santafesino.
Axel Rivas, investigador principal del programa de Educación de CIPPEC y coautor del documento basado en datos de septiembre que se titula "¿Qué cambió en el financiamiento educativo en Argentina?", evalúa que "más allá de las diferencias de costo de vida, la equiparación de las desigualdades provinciales es una asignatura aún pendiente a pesar del importante incremento en la inversión educativa a nivel agregado".
Extrae como conclusión que "las disparidades guardan estrecha relación con los recursos fiscales por habitante de cada provincia y se deben principalmente a la coparticipación federal".
En ese sentido, el gasto en educación agregado de la nación, las provincias y los municipios entre 2005 y 2015 pasó de 4,2% a 6,6% del PBI, en un contexto de crecimiento de la economía, de la presión tributaria y del gasto público consolidado. En ese lapso, la inversión educativa provincial incrementó en casi 50% su participación en el PBI.
Mientras el gasto nacional en educación se centra en la superior (60%) y fondos salariales (17%), el de las provincias va a la gestión y operación de las escuelas.
El documento de CIPPEC hace hincapié en que las diferencias salariales entre provincias generan una desigualdad en la educación de los estudiantes y profundiza la inequidad educativa.
"Las disparidades se deben a la coparticipación federal y a falencias estructurales para lograr un desarrollo económico que alcance a todas las regiones del país", describe el investigador.
Destaca el fracaso en ese aspecto del Fondo de Compensación Salarial (FCS), que había representado un avance en la búsqueda de compensar las desigualdades en las provincias, pero, en opinión de Rivas, no tiene criterios transparentes de distribución
El FCS se redujo en proporción al FONID; que se distribuye por igual a todos los docentes, sin reconocer la gran disparidad salarial docente.
En consecuencia, hay provincias muy pobladas y con bajo gasto público por habitante que no reciben recursos del Fondo Compensatorio. Por caso, la de Buenos Aires es por lejos la que tiene menos recursos fiscales por habitante y también la que más se esfuerza presupuestariamente por la educación.
"El Ministerio de Educación de la Nación tiene una capacidad limitada para paliar las desigualdades pero debe explotarla al máximo", recomienda Rivas.
Reclama un rol más activo por parte del Estado nacional en la disminución de las desigualdades educativas de las provincias a través del reparto de los fondos salariales, aumentándoles a las que poseen menos recursos fiscales mediante la potenciación del Fondo Compensatorio Salarial y, de no haber aumento del presupuesto, a través del uso de los recursos del FONID para disminuir la brecha salarial entre provincias.
Destaca la dirección opuesta que se tomó en 2016 y 2017 cuando disminuyó la proporción del FCS frente al FONID. La idea ahora consistiría en basar el reparto en la cantidad de docentes de cada provincia, en los recursos fiscales por habitante y, en menor medida, en el esfuerzo presupuestario que cada jurisdicción hace por la educación.
"Los recursos fiscales por habitante son la causa central de la desigualdad en el salario docente. El mayor esfuerzo presupuestario provincial por la educación podría ser tomado como un criterio que premia e incentiva a las provincias que más invierten en educación", concluye Rivas.
El Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano echa luz sobre otra de las distorsiones que sucedieron en el período 2003-2015 (el último dato oficial disponible). Mientras los colegios primarios estatales perdieron 433.549 chicos (12%) los cargos docentes crecieron en 2015 en esas escuelas un 19%, y así y todo la calidad se deterioró.
O sea que cada maestro en promedio tiene 13 alumnos, cuando en Japón, Holanda, Corea y Canadá son 17. Y excepción hecha de Cuba, los países de la región también tienen más alumnos por docente, como Chile (20), Brasil (21), Colombia (24) y México (27).
