“Un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y, de ese punto en adelante, mantener la paridad con un funcionamiento pleno de la reglas de mercado“, señala precisamente una nota del Ministerio de Energía que blanquea esta situación.
En Argentina, las pizarras de las estaciones de servicio se rigen por lo que les conviene a los hegemónicos, pero no funciona al revés, como ya está visto, cuando descienda el valor del petróleo a nivel internacional.
En lo que va del año, los combustibles habían trepado un 15% (7% en enero y 8% julio con un efecto acumulativo). Con esta decisión, los hidrocarburos sumarían 25 y hasta 27%, escalando varios puntos por encima de la inflación prevista por el BCRA.
A modo de referencia, se detallan los precios de venta al público correspondientes a estaciones de servicio de subsidiaria de Shell en C.A. de Buenos Aires.
La justificación de la nueva lista vigente es el alza en la cotización internacional del petróleo, en la que el precio del Brent, que es el crudo de referencia en la Argentina, se ubicó en torno de u$s58 mientras rondaba u$s55 a fines de junio cuando se aplicó el último aumento en los surtidores.
Y que además, desde entonces, el tipo de cambio varió un 7%, pasando de $16,46 a alrededor de $17,70 en los últimos días.
Transferencia a los combustibles
La liberación del mercado se concreta sin haberse modificado el impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC) que podría atenuar el impacto de un fuerte salto en el precio internacional por una situación de crisis inesperada, advierte Silvia Pecco en Ámbito.
El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, y los representantes empresarios insisten con una medida de esa naturaleza, recuerda. Si los impuestos representan hoy el 45% del valor de un litro de nafta, el IVA, sobre el que políticamente es casi imposible pedir rebaja, ya ocupa el 21%,y hay además una tasa vial, por lo cual el ITC representaría alrededor del 22% del precio, de modo que una modificación tendría poco resultado en el valor al consumidor.
Asimismo, una creciente presión empresaria, empezando por YPF y el propio Ministerio de Energía, pretende que se liberen también las importaciones para que la desregulación sea completa, eliminando la necesidad de un registro previo, lo que podría llevar a una mayor caída de la producción local de petróleo si hay una baja en la cotización internacional.
El gobierno pretende terminar el año que viene con los retrasos en las actualizaciones de las tarifas heredados y la falta de inversión en los servicios públicos nacionales, y no trepidará en recalentar los índices de precios y que sea la política monetaria la que ataje los penales, como sucedió en el año en curso, con la inestimable ayuda de los arquitectos de la campaña electoral, que aconsejaban parar todo con tal de que CFK no creciera como referente de la oposición.
Como la desaceleración del IPC se evidenció tanto a nivel nacional como en las distintas regiones, y en promedio, la inflación del 2do cuatrimestre se ubicó 0,8 puntos por debajo de la del 1ro, la mesa chica económica de la Jefatura de Gabinete optó por aprovechar ese “crédito” para que, en lugar de redoblar esfuerzos y que siga declinando, apostar a mecharle la transferencia de ingresos a los productores a fin de que inviertan.
En consecuencia, el camino escogido es que en el último trimestre reaparezcan nuevos guarismos elevados, aunque no del nivel del 1er cuatrimestre.
Otro elemento estadístico a favor ha sido la menor dispersión en la inflación entre regiones, lo que respondió fundamentalmente a que los ajustes de tarifas entre febrero y abril tuvieron impactos diferentes según la región. Sin estas subas puntuales, las mediciones mensuales tendieron a acercarse.
De acuerdo al cronograma aprobado tras las audiencias públicas de principios de año, toca en octubre actualizar las tarifas de gas (un aumento promedio del 30%, que le añadiría 0,25 p.p. a la inflación del mes) y en noviembre de electricidad y agua (proyectamos una suba del 19% y 5%, respectivamente, que en conjunto agregarían 0,2 p.p. al mes).
La tapa preelectoral que se había puesto a los precios regulados morigeró la inflación núcleo en el 2do cuatrimestre, aunque no consiguió detenerla, pero podrían volver a acelerarla hacia fin de año.
Otros que están a la cola de los combustibles, además de la canasta básica que registra su incidencia en los costos de producción y comercialización, se encuentran:
-las compañías de celulares con un alza del 10% promedio, que cada empresa arbitraría;
-las prepagas podrían volver a aumentar en noviembre (5%);
-la tarifa de taxis aumentaría un 12%;
En línea con este calendario de aumentos, la inflación de octubre y noviembre podría ubicarse en torno al 1,7% y 1,8% mensual, respectivamente, con diciembre que suele ser un mes estacionalmente alto por aumentos típicos de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano.
De esta forma, el año concluiría con una inflación en torno del 23,3%, muy alejada de la meta fijada por las autoridades aunque sí mostrando una franca desaceleración respecto del pico de 2016.
Complicaría, eso sí, la buena disposición mostrada por las organizaciones sindicales de cúpula respecto del plan oficial de limitar las paritarias del año próximo. Cerrar con un 23% y pretender que firmen un promedio del 15% para todo 2018, acepten flexibilizaciones y renuncien a cláusulas gatillo, va más allá de hacer pesar el ajuste económico sobre las espaldas de los trabajadores, sino que implica transferirles el costo político a sus dirigentes.
¿Será suficiente con compartirles los excedentes de las cajas de las obras sociales?
El avance del Frente de Izquierda en la elección de medio término podrá no hacerse sentir demasiado en las votaciones de las legislaturas, ni en eventuales "Moncloas" que se propicien en Olivos, pero sí presionará sobre la conflictividad laboral debido a que las comisiones internas en muchos de los gremios están más radicalizadas que la burocracia que detenta el poder e inciden sobre las instancias ejecutivas sindicales.
