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En la Rosada quieren que Irma se lleve al Cisne Negro

El caso Maldonado no es el caso Maldonado. En verdad, Santiago Maldonado es un iluminador, sin quererlo él, probablemente, de un conflicto mucho mayor que existe en la Patagonia, y que es el tema que abordó el columnista:

Algunos asesores de la Administración Macri parecen aliviados que el huracán Irma se lleve la atención mediática que necesita el caso Santiago Maldonado para desaparecer del centro de las noticias. Podría especularse que si el huracán es devaluado a tormenta tropical sería una mala noticia para los planificadores mediáticos de la Casa Rosada.

Hace algunas semanas anticipábamos que la desaparición de Santiago Maldonado se convertiría en un Cisne Negro de la campaña electoral 2017, a pesar que el Ejecutivo Nacional intentó, desde el comienzo, minimizar tan difícil situación.

Se ignora cómo ocurrió semejante subestimación cuando desde los primeros datos era de presumir la gran repercusión internacional que tendría la definición jurídica de desaparición forzada, finalmente aplicada a la posible tragedia.

Era previsible anticipar la gravedad porque ocurre en el contexto de una sociedad sensible a estos episodios ya que todavía las autoridades no han podido esclarecer la muerte, ocurrida en la anterior Administración K, de un fiscal de la Nación: Alberto Nisman, hace ya 2 años.

Las primeras informaciones de la desaparición de Santiago Maldonado apuntaban obviamente a una acción de la Gendarmería Nacional.

De inmediato, la fuerza de seguridad se defendió, a través de sus oficiales superiores, declarando que ellos acataron las órdenes impartidas por el Ejecutivo.

El poder político decidió cubrir a sus jefes y funcionarios involucrados, desmintió que hubiese sucedido algún hecho grave, acusó a los voceros mapuches de rebles financiados por dinero británico, sin siquiera informarse quiénes eran las personas a las que estaban intentando involucrar en el suceso doméstico al que querían convertir en internacional (¿exportar la desaparición?).

Hubo una acción aún más grave: los periodistas que controla la Casa Rosada (un remedo en días de Mauricio Macri del '6 7 8' y otros programas que financiaban los K), ensayó desde deslizar pistas disparatadas que han dejado muy expuestos a algunos conductores y a sus entrevistados, incluyendo a personajes de la oposición política, a obviar cualquier investigación sobre el reclamo que disparó la tragedia posible.

Por ejemplo, el periodismo decidió olvidar que que la inmobiliaria Invernepa, muy ligada a la familia presidencial de la anterior administración, habría “adquirido” miles de hectáreas en Río Negro cerca del Lof Epulef, una situación que registró un reclamo de los mapuches en 2006 ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), entre otras transferencias de tierras en la Patagonia.

Como si esto fuera poco, sorprende que ningún abogado constitucionalista, acostumbrado a exposiciones mediáticas, explique cuál es el alcance juridico de la Constitución Nacional 1994, junto a la reforma del Código Civil, que regula la pertenencia de los pueblos originales de esas tierras.

Deberá recordarse que 2 de las mujeres más significativas en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, tuvieron un rol protagónico como convencionales constituyentes en aquel 1994.

También llamó la atención la poca difusión de un pedido parlamentario del senador nacional Pino Solanas para prohibir la expulsión de los mapuches de tierra que ellos reclaman.

Quedó en evidencia que, con esta excepción, la corporación política, incluyendo a casi todos los partidos políticos, no quieren profundizar el tema por el temor a que la lucha corporativa deje al desnudo todo lo que hay, a futuro, detrás del conflicto indígena. A causa de las repercusiones en la prensa internacional, en los días más recientes el gobierno decidió asumir una participación más activa, ya que a esta altura de la búsqueda de Maldonado, de no resolverse de alguna manera este episodio podría ser un eje nada favorable para las elecciones del 22/10.

Los asesores electorales de la alianza Cambiemos se preguntan cómo relanzar la campaña electoral con este Cisne Negro en medio de la escena.

Por más que traten de instalar la percepción neutra de la sociedad frente este hecho o que Cambiemos no pierde sufragios ante la sospecha de que hay algo más de lo que se dice, el gobierno sabe que debe encontrar un corte.

La Ley de Seguridad Interior N°24.059 señala que sólo las fuerzas de seguridad lpueden intervenir en conflictos internos. Sin embargo, resultado de las constantes sospechas y purgas en las fuerzas policiales, sumado a la particular intervención en la más reciente movilización a Plaza de Mayo, la Gendarmería es la fuerza dominante ante cualquier necesidad de control de una situación de inseguridad interior, en especial en los preparativos de la reunión del G20 en 2018 en Ciudad de Buenos Aires.

Esta realidad ha provocado otro punto de fricción, sobre el que ataca con decisión la izquierda, que señala la responsabilidad de gendarmes en el caso Maldonado.

Lo que ya nadie duda es que el centro del conflicto no pasa por un problema de herencia indígena, tal como pretende instalar la corporación política, sino que detrás de este escenario se encuentra la puja por la posesión de tierras de valor incalculable a causa de su potencial minero, energétic e inmobiliario.

El desaparecideo Maldonado resulta un ingenuo iluminador de este conflicto del que se ha informado poco y nada a los ciudadanos, que tal como sucedió en Mayo de 1810 deberían preguntar de qué se trata.

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