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El Banco Ambrosiano
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Las discusiones tuvieron lugar a puertas cerradas. Se esperaba que, al final del día, se emitiese un importante comunicado. Finalmente, dos días después la sala de prensa vaticana difundió un boletín breve y escaso en contenido. No obstante, incluyó un par de novedades importantes. Por un lado, refirió genéricamente la conformación de un “grupo de trabajo” que dará seguimiento a iniciativas en la lucha contra la corrupción.
“El grupo está avanzando en la elaboración de un texto compartido que guiará los trabajos sucesivos y las futuras iniciativas”, precisó. Y luego, estableció que es núcleo abordará “la necesidad de profundizar sobre la cuestión relativa a la excomunión por corrupción y asociación mafiosa”.
Punto. No se ofrecieron mayores detalles. Así, resulta evidente que la iniciativa por ahora se encuentra en estado embrionario y no se puede afirmar que finalmente se pondrá en práctica. Pero este es un primer paso.
Si bien la criminalidad organizada es un pecado grave, las normativas de la Iglesia no contemplan –hasta ahora- que quienes incurren en ella sean excomulgados, la peor sanción que puede aplicársele a un católico. Según el Código de Derecho Canónico, la excomunión es una “pena medicinal” que implica prácticamente la expulsión de la vida de la Iglesia a una persona, a la cual le son suspendidos todos sus derechos dentro de la comunidad católica.
Empero, no se trata de una “pena de muerte del alma” ya que el excomulgado puede pedir (y hasta exigir) ser readmitido en el seno de la Iglesia, si se compromete formal y públicamente a abandonar el estado de cosas que lo llevó a ser sancionado. Según la tradición eclesiástica, la excomunión es aplicada a los actos considerados gravísimos como el aborto (que para la Iglesia es el asesinato de un inocente indefenso) o la ordenación de un obispo sin la autorización expresa del Papa. Existen dos tipos de excomunión. Una es automática (latae sententiae) y en ella incurre un fiel en el momento mismo en que comete el acto en cuestión. La otra se aplica tras un proceso formal (ferendae sententiae). La segunda requiere de una declaración pública de parte de la autoridad eclesiástica, mientras la primera no. En ambos casos, la absolución puede ser concedida por el Papa, el obispo del lugar o por sacerdotes especialmente autorizados. El cardenal africano Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, fue uno de los organizadores del debate sobre la corrupción. “Pensamos en este encuentro para hacer frente a un fenómeno que conduce a aplastar la dignidad de la persona. Nosotros queremos afirmar que no se puede jamás negar u obstaculizar esta dignidad, por eso queremos llamar la atención sobre este argumento”, explicó. Por su parte, el arzobispo Silvano Tomasi, secretario del dicasterio, precisó que el objetivo del debate es sensibilizar la opinión pública además de identificar pasos concretos que puedan ayudar a la promulgación de leyes contra la corrupción, una “termita” que “arruina las relaciones entre las personas y las instituciones”. “Por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo es el de crear una mentalidad, una cultura de la justicia que combata la corrupción para ayudar al bien común”, apuntó.
