En total país: 55.321 juicios. Un 24,3% más que el año anterior, de acuerdo a un trabajo de la
Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
La salida del problema
Para acotar la andanada judicial y dar certidumbre al funcionamiento del sistema, preservando sus logros en materia de prevención y de prestaciones, por iniciativa del Gobierno Nacional, con acompañamiento de las demás fuerzas políticas y con amplio apoyo del sector empresario y sindical, se sanciona la Ley 27.348 que entró en vigencia el 5/3/17.
La misma incorpora la necesidad de pasar por una Comisión Médica con patrocinio letrado gratuito (instancia administrativa previa) antes de acceder a la Justicia. Asimismo, desacopla los honorarios periciales del producido de la sentencia. Prevé la utilización del Baremo o Tabla de Evaluación de Incapacidades como elemento objetivo para cuantificar el daño, a la vez que aumentó considerablemente las prestaciones dinerarias.
Con dicha reforma se busca que la vía administrativa y la vía judicial tomen los mismos parámetros a fin de evaluar un daño. La unificación de criterios es clave a los efectos de bajar la conflictividad o litigiosidad.
El Sistema de Riesgos del Trabajo hoy cubre a 9,7 millones de trabajadores y a 1,6 millón de empleadores afiliados.
El impacto de la reforma
En CABA, única jurisdicción en que hay aplicación plena, las ART son notificadas de las demandas entre 2, 3 y hasta 4 meses después de que ingresan. Esto implica que los juicios que ahora se les están notificando, incluyen todavía demandas ingresadas a la justicia antes de la vigencia de la ley.
Por ende, si bien se dispone de las notificaciones, no son suficientes todavía para sacar conclusiones sobre el impacto de la reforma.
¿Cómo sigue?
Ahora es necesario que:
> Cada una de las provincias adhiera a la Ley Nacional. En CABA por no tener justicia laboral propia aún, las modificaciones tienen absoluta vigencia. Córdoba ya adhirió, provincia de Buenos Aires tiene media sanción y Mendoza está avanzando.
> Sería imprescindible que la Justicia en sus diferentes instancias valide mediante sus fallos las previsiones de la Ley que tienden a abordar las causas de fondo: que es la disparidad de criterios jurisprudenciales que retroalimenta la conflictividad y regulación del quehacer pericial.