Sin embargo, volvamos al comienzo: ¿qué significa polarizar para la Administración Macri? Es tan trivial la muchachada del PRO que le llaman polarizar a escribir en Twitter contra el kirchnerismo. 140 caracteres y los chicos amarillos eyaculan felices. 280 caracteres y ya tienen una orgía. No conciben que polarizar es ir al fondo del relato kirchnerista que tuvo en la falsedad histórica un capítulo importante para la construcción del ladriprogresismo. De pronto es posible descubrir que la polarización les queda grande, y terminan coincidiendo con Estela de Carlotto y Horacio Verbitsky, sin mencionar que ni siquiera tienen un discurso unificado porque de cada 4 funcionarios nacionales, hay 3 opiniones diferentes sobre el fallo de la Corte Suprema, fundamentado meticulosamente en el contenido de la legislación.
Es tan ridícula la reacción de Marquitos, el hijo de Félix, que termina coincidiendo con Justicia Legítima y los fiscales de Alejandra Gils Carbó, a quien desea expulsar de la Procuración General. De pronto, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación coincide con quien aún debe ser juzgada por Sueños Compartidos (Hebe de Bonafini, coprotagonista del negocio de los derechos humanos).
¿Y qué sucederá con otro tema que avanza velozmente en la Corte Suprema, que se refiere a la legalidad del aborto? ¿Acaso el Ejecutivo Nacional cuestionaría a los jueces que, interpretando rigurosamente la legislación vigente, podrían discrepar con la dispendiosidad ladriprogre para esa interrupción del embarazo? Sin duda, acerca del aborto para todas también le correspondería al PRO dar la batalla de la polarización que tanto anhela en el electoral 2017.
Hay funcionarios que ya encargaron encuestas, buscando las respuestas acerca de qué dirán, preocupados por decir algo que simpatice con lo que las encuestas les cuentan que opina la mayoría de la gente, que ni siquiera conocen precisiones de cómo se hace un aborto pero les fascina opinar sobre cualquier cosa: el River Plate vs. Boca Juniors o los misiles de Corea del Norte.
Algo más: el contenido de las leyes no puede ser modificado por una opinión caprichosa. Si al Ejecutivo Nacional o al Legislativo no les simpatiza un texto, lo aconsejable es modificarlo porque tienen esa potestad, pero no es ni justo ni ético ni moral ni institucional ni constitucional exigirle al Judicial que interprete las leyes según el parecer de un gobernante que, a la vez, no se atreve a modificar el contenido de la norma jurídica.
Entonces, si Cristina Fernández de Kirchner y su gente tenían un determinado enfoque sobre los juicios por lesa humanidad, tuvieron 12 años para modificar el Código Penal en los artículos específicos, estableciendo el criterio específico. Pero si no lo hicieron, es grotesco que ahora cuestionen a la Corte Suprema cuando falla según la legislación vigente. Y muy cuestionable el desconocimiento de la Administración Macri acerca de qué sucede en profundidad con estas cuestiones, de manera tal que debe recurrir a las encuestas para llegar a una opinión. Pero es la Argentina 2017, y no hay otra.
