El Tribunal Superior de Londres dictaminó a favor del colectivo liderado por Miller.
Esto significa que el gobierno no puede por sí mismo activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la norma dentro de la legislación de la UE que permite la salida de un Estado miembro, sino que precisa la intervención del Parlamento.
En oficinas muy cercanas al Parlamento, los 11 jueces más altos del país empezarán 4 días de audiencias, y su decisión se conocerá a principios de 2017.
Los británicos votaron a favor de romper con Bruselas por 52% a 48% en el referéndum del 23/06, pero la ley que validó el plebiscito no lo hacía legalmente vinculante, dejando la última decisión en manos del gobierno o el Parlamento.
May argumenta que, como jefa del gobierno, tiene la autoridad constitucional en Relaciones Exteriores, incluyendo la potestad de retirarse de tratados internacionales.
Pero los demandantes, encabezados por la directora de un fondo de inversiones, Gina Miller, sostienen que el Brexit dejaría sin valor algunas leyes nacionales y despojaría a los ciudadanos de ciertos derechos -el del pasaporte comunitario, por ejemplo-, algo que sólo el Parlamento puede autorizar.
"El caso plantea temas difíciles y delicados sobre la relación constitucional entre el Gobierno y el Parlamento", comentó en un discurso en noviembre la vicepresidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale.
Si May gana el caso, podrá proceder con sus planes de invocar el Artículo 50 a finales de marzo de 2017. Pero si pierde, el Parlamento teóricamente podría bloquear el "Brexit" dado que la mayoría de los diputados respaldaron la permanencia en el bloque en el referendo de junio.
Los inversores creen que mientras más se involucre el Parlamento, existen menos probabilidades de un "Brexit duro" en que se los controles más estrictos sobre la inmigración tengan prioridad el acceso al mercado común europeo. La libra esterlina se apreció con fuerza tras la decisión de la Corte Suprema en noviembre.
El Partido Liberal Demócrata, proeuropeo, ha dicho que votará en contra del Artículo 50 a menos que se haga un nuevo referéndum sobre el acuerdo final de "Brexit", concesión que difícilmente hará May.
Otros partidos también tendrán la oportunidad de ofrecer alegaciones esta semana, incluyendo al Gobierno escocés, que se opone enérgicamente al "Brexit" y ha buscado formas de mantener a Escocia dentro de la Unión Europea.
May
Un veredicto semejante podría alterar completamente el calendario de May para salir de la UE y provocar una crisis constitucional entre las diferentes partes constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra).
Precisamente, una complicación añadida para el gobierno será la presencia en la causa, como partes, de los gobiernos regionales de Escocia y Gales, que esperan que sus Parlamentos también tengan que votar para activar la salida de la UE.
El tribunal examinará también la apelación del norirlandés Raymond McCord, activista por los derechos de las víctimas del conflicto del Úlster, que quiere que el Parlamento norirlandés tenga voz y voto en el Brexit.
McCord teme que si el Reino Unido abandona la UE, se retire igualmente de la Convención europea de derechos humanos, haciendo peligrar su cruzada personal para que se haga justicia en el asesinato de su hijo.
El experto legal Michael Zander estimó que el gobierno tiene pocas posibilidades de ganar la apelación.
"Me sorprendería mucho que el fiscal general (abogado del gobierno) y otros abogados hayan dado al gobierno razones para esperar que se revierta una decisión que fue unánime y muy fundamentada", escribió Zender en la revista de derecho Counsel.
Amenaza
La primera ministra May, ha amenazado con despedir a los ministros y funcionarios que filtren a la prensa información del Gobierno, en especial sobre el 'Brexit' (salida del Reino Unido de la UE), en una carta que publica 'The Mail On Sunday'.
La carta con las instrucciones de May fue enviada el 28/11 por el jefe de los funcionarios y secretario del gabinete, Jeremy Heywood, y, a pesar de las advertencias, ha sido filtrada de inmediato a este periódico.
Heywood señala en la misiva, encabezada 'Oficial - Sensible', que "quien sea descubierto habiendo filtrado información sensible será despedido, incluso si esa información no compromete la seguridad nacional".
May se refiere a "la avalancha de filtraciones y declaraciones no autorizadas" que han aparecido en los medios de comunicación, principalmente sobre el 'Brexit' pero también sobre las elecciones en USA y la propuesta de presupuesto del Gobierno, presentada en noviembre.
"Las filtraciones son corrosivas y socavan la confianza y el buen gobierno. Las filtraciones nunca son aceptables, pero la regularidad y el impacto acumulado de los recientes incidentes significan que ahora debemos tomar excepcionales medidas colectivas", afirma el texto de May.
Heywood explica que ella "ha ordenado que reforcemos con urgencia los procesos de seguridad y mejoremos nuestra respuesta a las filtraciones" y "espera ver resultados pronto".
Los secretarios de Estado, secretarios permanentes y altos funcionarios "deben marcar el tono en una organización" y dejar claro que se trabaja en un ambiente donde "las filtraciones no son toleradas".
Los empleados gubernamentales deben comunicarse a través de "tecnología oficial", como los teléfonos móviles asignados, y, en caso de actividad sospechosa, los equipos de seguridad deben recibir cuanto antes los registros de llamadas y de correos electrónicos, se señala en la misiva.
Johnson
Reino Unido podría aportar fondos a iertos programas vinculados a la Unión Europea tras su salida del bloque, pero el país recuperará el control del dinero que envía actualmente a Bruselas, dijo el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson.
"Siempre he pensado que había aspectos de la cooperación con la Unión Europea (...) el programa Erasmo, por ejemplo, o la financiación de Horizon para la investigación, en que (...) de hecho, ser parte de eso en el futuro podría ser una buena idea", comentó Johnson al programa de Andrew Marr en la BBC.
Sin embargo, Johnson declinó a decir si el Gobierno se ha decidido sobre si pagar o no a la Unión Europea por el acceso a su mercado común.
