Para el juez Ramos quedó comprobado que Daura utilizó 7,9 millones de pesos de fondos públicos en su beneficio personal. Por eso le dictó un embargo de 10 millones de pesos.
Se demostró en la causa que desde marzo de 2012 a diciembre de 2015 y con fondos de la Casa de Moneda fue abonado el servicio de custodia diario de tres personas en su domicilio de Pilar -dos en horario diurno y otro nocturno-. Al principio, tal como consta en la causa, gastó casi $300.000 que la Casa de Moneda le pagó a la empresa de seguridad privada CI5. Luego los custodios que le generaron confianza fueron empleados en relación de dependencia por la Casa de Moneda.
También se sumó el sueldo de un chofer. El importe de los sueldos de los tres custodios y el chofer fue de $7.000.000. Además de esos custodios, Daura tenía dos policías federales que la protegían y que cobraban servicios adicionales.
Se comprobó además que Daura contrató un servicio de monitoreo satelital para dos autos privados y cuatro de la flota de la Casa de Moneda. La instalación, desinstalación y monitoreo de los vehículos costó $96.000 y en el monitoreo de dos autos particulares se gastaron 26.000 pesos.
El procesamiento de Ramos incluye asimismo a Héctor Desmarás, quien fue gerente de seguridad de la Casa de Moneda y de Mario Enrici, quien era gerente general. Para el juez, ellos junto a Daura realizaron la maniobra.