Lewadowski respondió a un pedido del Partido Popular Socialista (PPS).
El magistrado alegó que "la suspensión del servicio aparentemente viola el principio fundamental de libertad de expresión y de comunicación, consagrado en la Constitución, así como la legislación en vigor sobre la materia".
La decisión de la máxima corte de justicia tiene carácter provisional, por lo menos hasta que el asunto sea apreciado por el pleno de la corte, y se produjo en el marco de un recurso que el PPS presentó hace varios meses contra la decisión de otro juez que igualmente había bloqueado WhatsApp.
Antes
La jueza se explica en la sentencia hecha pública: "La orden justicial no se cumplió a pesar de que esta se reiterara en 3 ocasiones". Ella se dijo molesta porque la empresa muestra un "total desconocimiento de las leyes nacionales" y le obligó a comunicarse en inglés "como si ese fuera el idioma nacional del país. (...) Es la compañía la que ha establecido su filial en Brasil y, por tanto, la que queda sujeta a las leyes y a la lengua nacionales (...) Este tribunal duda de que en su país de origen la empresa tomara una orden judicial con tanto recelo".
WhatsApp difundió un comunicado exponiendo su versión de la historia: "No se puede compartir información a la que no se tiene acceso". También sostiene que "pasos como este ponen en peligro la capacidad de los usuarios de comunicarse,conducir sus negocios y vivir sus vidas".
La magistrada también determinó la imposición de una multa de 50.000 reales (US$ 15.150) por cada día en que Facebook atrase la entrega de las informaciones solicitadas. Según la jueza, Facebook se negó a atender una orden judicial tras ser notificado en tres oportunidades para que entregara a la Justicia copia de los mensajes intercambiados por personas que son objeto de una investigación bajo secreto.
La magistrada agregó que Facebook se limitó a informar que no archiva ni copia los mensajes de los usuarios de WhatsApp. De Souza alegó que el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los criminales ya no usan el teléfono para comunicarse sino Whatsapp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones.
En represalia a la medida, hackers del grupo Anonymous Brasil sacaron del aire el site del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que permite consultar online los procesos en curso en ese tribunal.
En las dos ocasiones anteriores en que fue bloqueado por orden de un juez de primera instancia en Brasil, la aplicación igualmente fue acusada de negarse a obedecer órdenes judiciales para ofrecer informaciones sobre el contenido de conversaciones de sus usuarios. La aplicación fue bloqueada por primera vez en diciembre del año pasado por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y solo volvió a operar 12 horas después por determinación de un tribunal de segunda instancia.
En mayo, el bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y la determinación igualmente fue suspendida 24 horas después por un tribunal de apelaciones. En las dos ocasiones la Anatel consideró las decisiones judiciales desproporcionadas por sancionar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.
En febrero de 2015, un tribunal de Piauí quiso forzar a Whatsapp a colaborar con investigaciones del Estado en casos de pedofilia. La medida fue retirada, esta vez antes de que entrara en vigor.
En diciembre de 2015 la situación se repitió con más crudeza: un tribunal criminal trató de bloquear la aplicación durante 48 horas de bloqueo en diciembre y lo logró durante 13 horas.
