Sin embargo, a raíz de la denuncia de un particular en 2013, la justicia española empezó a indagar en las cuentas del traspaso, al que calculó un coste de hasta 83,8 millones, incluyendo varios contratos firmados paralelamente con el Santos.
La fiscalía acusó al FC Barcelona de fraude fiscal al entender que, con estas operaciones anexas, habían adulterado el precio real del traspaso. También entendía que los 40 millones pagados a la familia como costo del fichaje deberían haber tributado como salario del futbolista.
De haber perdido el juicio, el Barcelona podría haber llegado a pagar una multa de 22 millones, explicó entonces Bartomeu.
La justicia española también decidió el pasado viernes archivar otro caso por presunta corrupción contra el jugador y su padre por este traspaso, por el que la fiscalía había pedido su enjuiciamiento.