> si no logran ni siquiera los 68 diputados que necesitarían para gobernar sin apoyo de los partidos constitucionalistas.
Las encuestas publicadas en campaña señalan el segundo escenario como el más probable, y es también el que más incógnitas genera.
Además de elegir la representación parlamentaria, los comicios son considerados por parte de los grupos soberanistas mayoritarios en la actual cámara regional como un plebiscito sobre la independencia, aunque tanto otras fuerzas políticas como el Gobierno español rechazan este carácter.
Aquellos favorables a la independencia dicen que Catalunya, que tiene su propia identidad lingüística y cultural, es una "nación", no una "nacionalidad histórica", como está reconocida en la Constitución española y argumentan que deberían tener su propio estado. Pero la Constitución solo reconoce España como nación.
También sostienen que Catalunya transfiere demasiados ingresos fiscales a las regiones más pobres y que sus finanzas serían mejores de forma independiente.
Algunos sondeos desvelan que muchos de los electores, independientemente de su voto, no creen que la secesión vaya a cuajar. Un estudio de La Vanguardia señaló esta misma semana que sólo un 20 por ciento de los catalanes cree que el proceso acabará en la independencia.
Un 42% de los encuestados confía en un pacto con el Gobierno central tras romper en 2012 cualquier vía de comunicación una vez que Rajoy se negó a negociar pacto fiscal alguno.
Enojo real
“No nos sirve de consuelo alguno, pero nos consta que el malestar en la Casa Real con el conde de Godó por la forma en que sus medios han protagonizado el sprint final a favor de la independencia es colosal”, afirma un alto dirigente del PP. La gota que ha colmado el vaso fue la entrevista que el viernes le hizo 8TV a Artur Mas, en la que emitió la propaganda al uso además de comprometerse a realizar “gestos de diálogo” con los partidarios del no a la secesión, si este domingo la candidatura de Juntos por el Sí gana las elecciones y obtiene la mayoría suficiente para seguir adelante con el proceso soberanista. Puestos en contacto con la Casa Real, ni confirman ni desmienten la información y comunican que están tratando de contrastar esta versión.
La decantación de los medios del grupo Godó a favor de la independencia no solo se ha dejado notar en la recta final de la campaña electoral, sino también en los meses durante los que la Generalitat hizo el precalentamiento y encauzó las herramientas políticas de su desafío al Estado, sostienen fuentes del PP, del PSC y de Unió Democrática. El comportamiento de RAC1 y de 8TV apenas si ha dejado lugar a dudas en La Moncloa o en los partidos que desde diferentes ángulos están en contra de la secesión, algo que también denunció hace dos semanas en un manifiesto Sociedad Civil Catalana.
El editorial publicado el sábado 26/09 por el diario La Vanguardia, de Barcelona, para acompañar el día de reflexión de los 5,5 millones de votantes llamados a las urnas tampoco ha dejado espacio para la sospecha, refieren las mismas fuentes. La posición final del periódico ante el 27-S deja claro que el límite con el que opera el bloque independentista “está en el cumplimiento de la ley” pero, al mismo tiempo, abunda en que “es legítimo y respetable defender posiciones que no se ajustan a la Constitución”.
Identidad
El resultado de las elecciones generales de diciembre puede cambiar también la expectativa si el Ejecutivo elegido se muestra dispuesto a mejorar el sistema de financiación y reconocer la identidad catalana.
Artur Mas dijo en una entrevista con Reuters que sólo un referéndum vinculante parará el proceso.
Aunque siempre ha habido un porcentaje de catalanes clamando por la independencia, el movimiento se disparó después de que el Tribunal Constitucional abortase un estatuto que fue validado no solo por el parlamento catalán, sino también por el nacional. A partir de entonces, el gobierno central rechazó en varias ocasiones cualquier diálogo con la región sobre hipotéticas concesiones fiscales como las que existen en el País Vasco.
Las principales formaciones partidarias de iniciar los trámites para una declaración unilateral de independencia -entre ellos el partido en el Gobierno catalán- acuden a la cita en la coalición Junts Pel Sí, mientras que la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) forma el segundo grupo proindependentista.
"El vot de la teva vida" (el voto de tu vida) es el lema de campaña de Junts Pel Sí, una coalición que agrupa a fuerzas tan dispares como los conservadores de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) con los izquierdistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Democrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres, unidos en el objetivo común de una declaración de independencia.
El "Parlament" catalán está compuesto por 135 escaños, por lo que la mayoría absoluta está fijada en 68 asientos.
El último sondeo del CIS otorga a las fuerzas a favor de la independencia una mayoría de votos ajustada, con una estimación de entre 60 y 61 escaños (a siete u ocho de la mayoría absoluta) para la alianza Junts Pel Sí, y otros ocho asientos a las CUP. No obstante, el mismo sondeo desvela un porcentaje de indecisos (entre el "no sabe" y el "no contesta") que alcanza el 26,1 por ciento y que podría ser decisivo.
La economía
Las consecuencias económicas de una hipotética secesión han dado para muchos debates.
Los separatistas sostienen que Catalunya, una región rica que se basa en el turismo y una red de empresas innovadoras, se convertiría en la economía más competitiva en el sur de Europa si se independiza.
También dicen que sus ingresos fiscales, una parte de los cuales se transfieren actualmente a las regiones españolas más pobres, aumentarían en 12.000 millones de euros, lo que permitiría al nuevo estado proporcionar una mejor atención social a sus habitantes.
El gobierno central dice que la independencia catalana significaría una salida automática de la zona euro y el fin de los acuerdos comerciales internacionales, y provocaría además una fuga de capitales y recesión económica.
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha dicho que se destruirían cerca de 700.000 puestos de trabajo en Catalunya, disparando la tasa de desempleo al 37 por ciento.
Hipotéticas concesiones fiscales o en obras de infraestructura sin duda serían una bendición para la economía local y también podría facilitar el camino hacia una reconciliación un nuevo marco legal que protegiese mejor los poderes regionales de la interferencia nacional.
Las conversaciones entre Madrid y Catalunya el próximo año dependen en parte de la voluntad de los políticos catalanes para negociar. Pero mucho dependerá también de la composición del próximo gobierno central.
Según las encuestas, se necesitarán los votos de al menos dos partidos, probablemente incluso tres, para constituir un gobierno en Madrid tras las elecciones de diciembre. La fragmentación de la hipotética coalición podría reducir la capacidad de alcanzar acuerdos por consenso.
"La cuestión es: ¿Está el estado en posición de hacer una reforma de gran calado que haga que España sea de nuevo atractiva? Lo veo difícil", explica Lluis Orriols, doctor en políticas por la Universidad de Oxford y actualmente profesor de la Carlos III de Madrid.
