El Papayo es el lugar donde el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que los sicarios asesinaron, quemaron con diesel, llantas y leña a un “número abundante” de personas, que pudieran ser los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El procurador señaló que los asesinos usaron este hoyo para ejecutarlos –unas 14 personas: tres capturadas y confesas–, habrían quemado y requemado los cuerpos hasta dejarlos convertidos en carbón. Dos horas después de esperar a que se enfriaran los habrían fracturado en pequeñas piezas, depositado en bolsas negras de basura y esparcido en el río San Juan, a más de 10 kilómetros de ahí. Como apoyo mostró videos donde los asesinos reconstruyeron cómo habrían matado a sus presas y fotos de los supuestos hallazgos en el fondo de El Papayo: casquillos de bala, pedazos de tierra quemada, llantas a medio derretir, dientes y fragmentos de huesos.
Fue un operativo sofisticado para borrar evidencias con un nivel de degradación de los huesos que hará difícil su identificación genética. Una operación maestra para borrar evidencias que contrasta con la exhibición del cuerpo desollado del normalista Julio César Mondragón Fontes, exhibido como trofeo de guerra, mientras sus compañeros fueron ocultados. Aún no se sabe la razón de esa diferencia.
Cuando un reportero le preguntó a Murillo Karam qué avances se tenían en la investigación del asesinato de Mondragón, el funcionario no pudo dar una respuesta. Sólo expresó: “En cuanto al desollado, también le voy a pedir al área que se lo plantee porque la verdad he estado 24 horas trabajando en esto” (el caso de los 43 desaparecidos). (...)".
The Economist
Ahora, una cuestión más estructural.
Luego de que el diario estadounidense The New York Times afirmara en un editorial que el gobierno mexicano “ha fracasado”, el semanario The Economist publicó este viernes 14/11 una recapitulación de los hechos que han marcado lo que calificó como “la peor crisis de la presidencia de Enrique Peña Nieto”, que inició con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en septiembre.
Para el semanario británico, a 2 años de comenzar su administración, Peña Nieto tiene que “luchar para mover a los mexicanos más allá del trauma nacional y reconstruir su credibilidad en el exterior”, luego de los cuestionamientos que ha enfrentado en México y el mundo por la forma en que su gobierno ha enfrentado la crisis de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, por una acción de las autoridades locales en complicidad con el crimen organizado.
Una crisis agravada por su viaje a China para la cumbre APEC —que terminó este jueves 13 de noviembre—, el cual coincidió con la publicación de un reportaje en el sitio Aristegui Noticias, el cual reveló que el Presidente y su familia tienen una casa valuada en US$7 millones, que está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, parte del Grupo Higa, una empresa de construcción que formó el consorcio liderado por China que había ganado la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. El 6 de noviembre, Peña Nieto ordenó “abruptamente” la cancelación de este contrato.
A pesar de que la Presidencia respondió que la casa es de la esposa del Presidente, la exactriz Angélica Rivera, estos hechos, según The Economist, “complicarán los esfuerzos del señor Peña Nieto para convencer a los mexicanos de que es capaz de hacer cumplir el Estado de Derecho, no sólo en Guerrero (donde se ubica Iguala)”.
Según el texto titulado From bad to worse (De mal en peor), la crisis ha ido en aumento, ya que el caso de los normalistas desaparecidos —que según “ indicios” de las autoridades federales fueron asesinados e incinerados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, que opera en Guerrero— ha causado violentas protestas en el país.
El 8 de noviembre, un día después de que el procurador Jesús Murillo Karam detallara que un grupo de personas (al parecer los normalistas) fue asesinado e incinerado en Cocula (un municipio cercano a Iguala), según los testimonios de dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos, miles de manifestantes salieron a las calles de la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los estudiantes. En el hecho, un grupo intentó quemar la puerta del Palacio Nacional, un emblemático edificio en el Zócalo capitalino.
The Economist recordó el acuerdo nacional para combatir la corrupción y cerrar el paso a la impunidad para evitar que se repitan casos como el de Iguala que Peña Nieto convocó a principios de noviembre. “Sólo será creíble si se extiende a los más altos niveles del poder político”, indicó el semanario.
“La popularidad del presidente entre los mexicanos, que ya era baja en términos históricos antes de la crisis, es probable que sufra aún más, sobre todo porque la recuperación económica sigue siendo anémica y la confianza del consumidor ha sido especialmente débil”, finaliza el semanario.
