En tanto, hay muchas expectativas desde el Coloquio de IDEA: el acuerdo con los fondos especulativos que ganaron el juicio en Nueva York es esperado para el primer trimestre de 2015, más por una necesidad de recuperar margen para revertir la caída de actividad económica que por convencimiento político. Esa es la coincidencia principal a la que llegan empresarios de todos los sectores económicos, presentes en el cincuentenario del Coloquio, indicó el diario BAE, muy cercano a Kicillof.
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En tanto, el cepo cambiario forzó a cambiar el proceso industrial de las empresas y adelantar los pedidos de importación para garantizarse margen de tiempo hasta obtener las autorizaciones oficiales. Ese procedimiento, más la pérdida de crédito de los proveedores, obligó a girar los dólares por anticipado al ingreso de la mercadería. Del año que contemplaban las reglamentaciones para hacerlo, la semana pasada el BCRA dispuso acortarlo a 120 días.
Es un problema muy grande para las empresas porque si no logran demostrar la nacionalización la sanción del BCRA es sacarlos del régimen de pago anticipado y los deja sin posibilidades de importar, lo que los llevaría a la quiebra directa por falta de insumos.
Según las estadísticas, el 90% de las importaciones corresponde a insumos para el proceso industrial. La Cámara de Importadores y Exportadores de Córdoba liderará el pedido al BCRA. Es el polo industrial que se considera más perjudicado por la medida. El 91% de las importaciones industriales se cursan por el régimen de pago anticipado.
Ámbito Financiero afirma que el 57% de las empresas declararon tener problemas para importar insumos clave para el funcionamiento de su empresa y el 49% dijo haber padecido el efecto del cierre de importaciones en los productos finales de sus compañías. Es sin dudas, el impacto de la restricción a las importaciones uno de los puntos centrales en la preocupación de los empresarios.
El dato explica que economistas como Orlando Ferreres o el mismo Secco actualizaran sus estimaciones y ya calculen en más de u$s 6.000 millones la deuda del Banco Central con importadores, saldo que se aceleró tras el 30 de julio cuando el juez neoyorquino Thomas Griesa empujó a la Argentina hacia un default parcial. Desde ese momento, la conducción de la autoridad monetaria decidió imponer mayores restricciones para el acceso de dólares principalmente para los importadores y que muchas empresas tuvieran que recurrir al "contado con liqui" (pese a que no hubo ninguna medida formal por parte del Gobierno) para hacer frente a las importaciones.
La situación podría desencadenar en las empresas más suspensiones, despidos y caída de la actividad, otra presión más para Cristina /Kicillof y otra razón para afrontar el pago a los buitres de una vez.
