Según entienden, "la ley anterior que diera origen al BNDG no estipulaba ningún tipo de límites y consagraba la universalidad del derecho a la identidad".
A su vez, se denunció que el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos “que se pretende realizar en beneficio de laboratorios privados interesados en el negocio de la medicina genómica".
Los presentes manifestaron su preocupación por el futuro laboral de Cardozo y todo su equipo, quienes ganaron su cargos por concurso y ahora el Gobierno quiere reemplazarlos con interventores.
“El Banco desde que nació siempre fue un laboratorio de primer nivel y fuimos nosotros quienes conseguimos el equipamiento, no el ministerio de Ciencia y Tecnología”, recordó Cardozo, en relación al reconocimiento, en general, que se le dio a esa cartera en la restitución del nieto de Carlotto. Y en particular, al genetista Víctor Penchaszadeh, a quien la presidenta de las Abuelas le atribuyó el mérito del trabajo por recuperación de la identidad de su nieto.
“Siguen bastardeándonos, no hace falta dañar a todo un equipo para poder salirse con una propuesta absurda como es cambiarlo de jurisdicción y cerrarlo”, dijo Cardozo.
Los argumentos se centraron en la inconstitucionalidad de la ley aprobada por la mayoría K del Congreso debido a que “restringe” el derecho y el acceso al organismo sólo a los casos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar y deja afuera los conflictos por paternidad. En este sentido, Graciela Palmo de la agrupación “¿Quiénes somos?” dijo que por esa ley, los particulares deberán recurrir a ahora a laboratorios privados para determinar su filiación.