Se trataría de una iniciativa que imita una idea original de Galuccio y que había levantado polvareda entre los gobernadores petroleros. Principalmente había generado el disgusto del neuquino Jorge Sapag.
El proyecto pretende adecuar el marco a las necesidades inversoras del país para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, que se encuentran principalmente en Neuquén, que alberga la mayor porción de la formación Vaca Muerta.
Uno de los puntos de la discordia entre el Gobierno Nacional y los gobernadores era el sistema de 'acarreo' mediante el cual las petroleras que obtienen áreas en sus provincias deben asociarse a las petroleras locales, sin que éstas deban realizar desembolsos. Para Galuccio esto esto es un obstáculo porque desincentiva la inversión.
Para las provincias es un beneficio porque reciben otras ganancias además de las regalía.
Sapag dijo el jueves que las provincias estaban en "un proceso de diálogo frustífero" con el Gobierno en pos de obtener un proyecto que satisfaciera a todas las partes. Pero si se confirma que el proyecto incluye el fin del 'acarreo' se topará con la negativa del gobernador, quien ya había manifestado que no se trataba de "un esquema parasitario" y que no llevaba sólo un "costo económico" para el "productor", ya que la inversión sería devuelta por la petrolera local una vez que el proyecto comience a producir.
De dar por terminado el sistema de 'acarreo' muy probablemente la ley, una vez sancionada, encuentre una fuerte resistencia en las legislaturas provinciales, que deben aprobar la adhesión de los Estados al nuevo marco regulatorio.
De acuerdo a Letra P, el proyecto presentado este viernes no habla expresamente del 'acarreo' sino que habla de futuros “acuerdos” entre el Gobierno y las provincias para diseñar un sistema licitatorio único en todo el país. Sin embargo, las petroleras presentes en la reunión ( Chevron, PAE, Total, Pluspetrol o Tecpetrol, entre otras) se habrían llevado la certeza de que ya no existiría aquel esquema de sociedades con las empresas provinciales.
El punto a favor para las provincias sería la transformación en ley de los decretos 927, que exime de impuestos a bienes de capital que necesiten importarse para desarrollos petroleros, y el 929, que ofrece un amplio marco de beneficios para inversiones no convencionales y off shore, como libre disponibilidad de reservas y eliminación de retenciones sobre un porcentaje importante de las ganancias.
Estos últimos aspectos son los que los gobernadores petroleros sí querían tener transformado en ley, ya que se trata de un plan de promoción de inversiones financiado enteramente por las arcas del Estado nacional.
