Vázquez enfrentó a la tabacalera Philip Morris que respondió con un juicio contra Uruguay por su política antitabaco, que según la compañía afecta la libertad de empresa y de inversión.
Apenas asumió el presidente José Mujica intentó desactivar ese litigio pero luego de escuchar la posición de Vázquez a favor de la salud de la población, el gobierno decidió seguir para adelante. Sin embargo, las noticias sobre la marcha del contencioso no son favorables a los intereses de Uruguay, según fuentes gubernamentales.
El 3 de julio de 2013, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (Ciadi) la tabacalera ganó la primera batalla, cuando el organismo se declaró competente para entender en la demanda en la que Uruguay está acusado de violar un tratado de protección de inversiones firmado por el país sudamericano con Suiza, donde la empresa tiene su casa matriz.
Philip Morris pide un resarcimiento de las pérdidas ocasionadas a sus negocios por la normativa uruguaya de US$ 2 mil millones, así como la reversión de algunas de esas nuevas normas.
Fallo en la estrategia
Luego se supo que el gobierno uruguayo cometió una serie de errores estratégicos que podrían llevarlo a perder el juicio, pero además le harían perder su imagen de país confiable para las inversiones, según explicó una fuente de la cancillería.
El gobierno contrató al abogado Daniel Hugo Martins como perito para realizar un dictamen en la instancia del juicio ante el tribunal del Ciadi. Esa decisión sorprendió, ya que Martins está litigando contra el Estado en un juicio iniciado por el empresario Fernando Barboni que reclamó US$ 1.000 millones por los predios de la estación de AFE.
El problema en este juicio fue que el abogado de la tabacalera, Carlos Delpiazzo, sabía que Martins iba a defender argumentos contra los que, antes, había escrito lo contrario.
Martins planteó que la Ciadi no era competente y se basó en la ley 16.110, del tratado de inversiones entre Uruguay y Alemania, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral previamente hay que agotar la vía de la Justicia local.
Pero Delpiazzo planteó que esa ley no está vigente porque fue derogada por una reforma constitucional de 1997, a lo que el tribunal de la Ciadi le dio la razón.
Martins había dicho eso en Uruguay, pero cambió su postura ante el Ciadi y así se lo hizo notar la tabacalera.
El fallo del Ciadi señaló también que en su informe pericial Martins opinó que las disposiciones de la ley 16.110 que contemplan la posibilidad de acumular ante el TCA las acciones anulatorias y reparatorias son compatibles con el nuevo texto constitucional. La tabacalera dejó en claro que esta posición se contradice con las publicaciones anteriores de Martins.
