El origen de la iniciativa se basó en las reiteradas infracciones de los motociclistas, a los que se sumaron conductores de diversos tipos de vehículos. Las empresas de colectivos llevaron la inquietud a la subsecretaría de Transporte, ya que notaban que muchas acciones ponían en riesgo a choferes y a pasajeros.
Actualmente, el Código de Tránsito castiga la invasión de carril con una multa de $795 y contempla la retención de la licencia para conducir a quienes invadan los carriles del Metrobus y las bicisendas.
El problema radica en que las sanciones no suelen ser aplicadas, porque los agentes de tránsito o de control policial no suelen estar (al menos en la avenida Juan B. Justo) en los lugares donde se hace necesario sancionar a los automovilistas que no respetan las reglas.
Con la puesta en marcha de este sistema de cámaras en los colectivos el gobierno Mauricio Macri pretende mejorar el funcionamiento de los corredores para posibilitar un flujo constante del transporte público y -a la vez- profundizar el reordenamiento del tránsito en las calles porteñas. Y también, hay que decirlo, conseguir más fondos.
