Según información oficial publicada por CAMMESA (Compañías Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) sobre potencia efectiva instalada y el Ministerio de Economía sobre el PBI para los últimos 20 años se observa que:
·Entre los años 1993 y 1998, el PBI creció a una tasa del 4,7% promedio anual y la potencia instalada de energía al 6,1% promedio anual.
·Entre los años 1998 y 2003, el PBI cayó a una tasa del -2,3% promedio anual pero la potencia instalada de energía siguió creciendo al 4,0% promedio anual.
· Entre los años 2003 y 2013, el PBI creció a una tasa del 6,5% promedio anual y la potencia instalada creció apenas al 3,2% por año.
Estos datos muestran que hasta el año 1998 la capacidad de generación eléctrica creció a un ritmo superior al de la economía. Con la caída en la producción cuyo pico se da en el 2002, se profundizó la holgura en materia de disponibilidad de energía ya que la capacidad de generación siguió creciendo mientras la actividad económica disminuía. Pero a partir del año 2003 las tendencias se revirtieron creciendo la potencia instalada en menos de la mitad que el PBI. Esto inevitablemente, y más allá del clima, derivó en la crisis actual.
El insuficiente crecimiento de la capacidad de generación se explica por la deficiente política de regulación eléctrica. Una arista central es la fijación de tarifas artificialmente bajas compensadas con subsidios. Entre los años 2003 y 2012 el costo de generar electricidad se multiplicó aproximadamente por 9, pero los precios que pagan los usuarios por 3. Para paliar semejante inconsistencia, CAMMESA recibe fondos del Tesoro nacional. Administrados de manera poco transparente se estima que este año se asignaron a esta finalidad $40 mil millones, o sea, la mitad del déficit fiscal. Estos subsidios benefician fundamentalmente a las familias que viven en la región metropolitana. Por eso, en la Ciudad de Buenos Aires, es decir donde vive la población de más altos ingresos del país, se paga por la electricidad menos de la mitad que, por ejemplo, en Santa Fe o en Córdoba.
Los cortes de luz ilustran las consecuencias del populismo. Con irresponsabilidad y demagogia se usaron inversiones hechas en el pasado para sostener tarifas que no compensan los costos de producción. Esto fatalmente terminó en la escasez que son los cortes de luz. El beneficio de las tarifas bajas queda eclipsado por los enormes daños que generan los cortes. Familias y empresas ahora están pagando las consecuencias de esta política con descomposición de alimentos, pérdidas de horas de trabajo y gastos adicionales para proveerse individualmente de electricidad con grupos electrógenos.
La solución estructural es fijar las tarifas acorde a los costos de producción acompañadas por una tarifa social para los hogares de más bajos recursos. Esto va a alentar las inversiones que permitirán evitar los cortes y mitigar las muchas oportunidades de corrupción que generan los subsidios. Tan importante como volver a contar con un sistema eléctrico confiable es que se eliminará la injusticia de que la gente del interior pague impuestos para que las familias de Buenos Aires disfruten de tarifas artificialmente bajas.
