Un resumen de las recientes actuaciones de la AFIP en este tema, al que accedió El País, identifica un caso en el que la DGI no habría colaborado. Se trata del que involucra al jugador del club Fiorentina de Italia, el argentino Facundo Roncaglia. La información de AFIP indica que la investigación comenzó en 2012. El 16 de abril pasado se designó a la autoridad tributaria argentina como querellante. Y el 24 de septiembre pasado el juzgado actuante pidió a la AFIP, utilizando las posibilidades que da la ley 26.758 relativa al intercambio de información tributaria entre Argentina y Uruguay, que pidiera información. "La DGI de Uruguay no ha cumplido con contestar los pedidos", dice el resumen que no especifica cuál habría sido la institución local que habría participado.
Como la investigación comenzó en 2012 no estaría comprendida en el convenio de cooperación que entró en vigencia el 7 de febrero pasado. Los pedidos no pueden ser por simples causas administrativas por no pago de tributos y la AFIP debe justificar que están vinculadas a un proceso penal siempre que la causa penal sea posterior al 7 de febrero pasado.
El entendimiento establece que en caso de que la AFIP quiera obtener información sobre hechos anteriores a esa fecha deberá dirigirse al Poder Judicial. La AFIP dijo estar investigando 36 traspasos de futbolistas.
Pablo Ferreri, director de Rentas, dijo a El País que Uruguay es "sumamente respetuoso de los acuerdos que firma", pero que los pedidos de información deben cumplir "determinadas pautas" como la no retroactividad.
"Esto está en el texto de lo firmado y en su espíritu", agregó. El funcionario no quiso especificar si el pedido al que aduce Etchegaray no fue respondido por esa razón, aunque de su respuesta se desprende que sí. "No voy a hablar de un convenio en particular y no voy a hablar de casos puntuales", señaló.
El pasado 13 de junio la jueza Adriana de los Santos dispuso, por pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, que investigaba maniobras con pases de futbolistas, el allanamiento de las oficinas en Zonamérica del Royal Bank of Canada (RBC) y de la financiera Alhec Group, instalada en el World Trade Center. RBC decidió abandonar Uruguay como consecuencia de lo ocurrido en tanto Alhec Group fue clausurada por el Banco Central del Uruguay (BCU) por una investigación diferente.
La causa de RBC fue archivada en Argentina porque la sala 1 de la Cámara Federal consideró que no tenía fundamento y es inminente que ocurra lo mismo en Uruguay.
