CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El fastidio en la Corte Suprema con Diego Bossio es creciente. Por eso los miembros de la Corte aguardan al titular de la Anses para que este 6 de noviembre a la mañana informe sobre el uso que se hace sobre los fondos del ente previsional que sustenta varios programas sociales del Gobierno y desde que se puso fecha a la cita con el máximo tribunal se supo que financiará el plan de viviendas Procrear y hasta usó $ 1.000 millones de su Fondo de Garantía de Sustentabilidad para comprar deuda de YPF a mediados de setiembre.
La Corte ve que los fondos de los jubilados sirven para todos menos para pagar jubilaciones y planteos judiciales que el ente previsional sigue apelando.
Por eso, el 13/06 el máximo tribunal le pidió a la Anses que informe sobre los planes para pagar las sentencias favorables a los jubilados con haberes congelados y sobre cómo administra los fondos previsionales.
Fue al día siguiente que el Gobierno nacional anunciara que utilizaría nuevamente fondos de ese organismo para el plan Procrear.
Por entonces (mediados de julio) Ricardo Lorenzetti evidenció los ánimos en la Corte: "Estamos esperando que venza el plazo porque es un tema muy importante", enfatizó a la prensa donde advirtió que lo que se busca es disminuir la "enorme litigiosidad" que hay en el sector previsional y la demora en el cumplimiento del pago de las deudas a los jubilados dispuesto por la justicia.
"Lo que la ley dice hay que cumplirlo", avisó Lorenzetti.
El pedido de informes que la Corte Suprema cursó a la ANSES y por el cual deberá comparecer este 6/11 Bossio se enmarca en una causa que tramita por pedido de la Defensoría del Pueblo de la Nación a favor de todos los jubilados.
El defensor del pueblo presentó una demanda colectiva contra la ANSES por el aumento de las causas en materia previsional ya que los jubilados debían presentar su denuncia para lograr la actualización de sus haberes.
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La Corte le pidió en mayo del año pasado a la ANSES que informe en 30 días la cantidad de reclamos que tiene de jubilados y pensionados, la cantidad de sentencias de la Justicia de la Seguridad Social que no cumple y con qué fondos cuenta para afrontar el pago de los juicios.
También que informe la cantidad de apelaciones que hizo al máximo tribunal de sentencias en contra de la Cámara Federal de la Seguridad Social en las que ordenó actualizar haberes.
Bossio contestó el 7 de julio de 2011 cada uno de los puntos pedidos por la Corte y le solicitó al máximo tribunal una reunión, que se concretó en agosto, en el que amplió el informe presentado.
Pero la Corte volvió a pedir informes y debe resolver el pedido de la Defensoría para que se aplique la doctrina "Badaro" a todos los casos de jubilados (Badaro es el caso por el que la Corte dictó en diciembre de 2006 un ajuste del 88,6 por ciento de un haber jubilatorio de acuerdo con la evolución de los salarios).
La cuestión es si la Corte se decidirá a ir por la vía de la sentencia colectiva, fuentes tribunalicias indicaron al iniciarse el pedido de informes y los 30 días de plazo que no había unanimidad entre los jueces para adoptar esa decisión.
El tiempo pasa, hubo un informe voluminoso pero también críticas de varias figuras del Gobierno sobre el atrevimiento del máximo tribunal que caldearon los ánimos.
La avalancha de juicios se debe a que el Gobierno, vía la ANSeS, no extiende a todos los jubilados la doctrina de la Corte Suprema en los casos Sánchez (1991-1995), Badaro (2002-2006), Gemelli (82% móvil para docentes) y tantos otros, y obliga a cada jubilado a iniciar un juicio individual.
El Máximo Tribunal en varios fallos, como Badaro, se manifestó de manera categórica a favor de la movilidad salarial de las jubilaciones, pero sigue sin pronunciarse con relación a la demanda del Defensor del Pueblo que reclama que se extienda esas doctrinas a todos los jubilados.
Por eso, la presentación de Bossio el 6N es un paso previo a que el máximo tribunal falle sobre un reclamo colectivo de reajuste de haberes de jubilados.
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Bossio tendrá que explicar más detalladamente los términos del informe presentado por escrito en agosto, sobre la situación en que se encuentra la ANSES, en el marco de una acción judicial promovida por el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, en una causa iniciada en 2009 contra el organismo estatal.
El máximo tribunal debe resolver en relación a si se aplica la doctrina Badaro a todos los jubilados y pensionados a los que no le alcanzó esa actualización y reclamaron por diferencias en sus haberes.
Fuentes judiciales calcularon que actualmente hay unos 250 mil expedientes en trámite, repartidos entre primera instancia, Cámara y Corte Suprema.
El fallo toma su nombre del jubilado Adolfo Valentín Badaro, quien reclamó el reajuste de sus haberes, que a pesar de la inflación generada a partir de 2002, no se habían actualizado.
Fuentes judiciales anticiparon que durante la audiencia Bossio será interrogado sobre la falta de implementación de un sistema informático único de liquidaciones de reajustes, uno de los temas que demora la resolución de las causas, incluso aquellas en las que los jubilados obtuvieron fallo firme de la Corte.
Por otra parte, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, denunció la semana pasada que se "aplicó incorrectamente" la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria que determinó un ajuste de 11,42 por ciento en el haber previsional de setiembre, y reclamó, mediante un oficio a la ANSES, una suba adicional de 3 puntos porcentuales, con retroactividad a ese mes.
Semino explicó en diálogo con DyN que "hay un desfase de 3 puntos menos" que se produjo en el haber jubilatorio de setiembre a raíz de "una incorrecta aplicación de la fórmula de la ley de movilidad".
Así, el ombudsman indicó que el reajuste jubilatorio correspondiente a setiembre debe ser de 14 por ciento, en lugar del 11,42 por ciento abonado a jubilados y pensionados, y estimó que esa diferencia representa unos 51 pesos para el haber mínimo que se elevaría de 1.870 a 1.930 pesos mensuales.
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Aquí un repaso sobre el uso que tuvieron los recursos del organismo previsional en la gestión kirchnerista:
> Obras energéticas: Durante 2011 la ANSeS fue el principal aportante a los fideicomisos financieros destinados a solventar obras energéticas, como la central nuclear Atucha II y usinas termoeléctricas. Los fondos de los jubilados significaron más de la mitad del mercado de los fideicomisos con US$2.541 millones.
> Planes de viviendas: El organismo también contribuyó a financiar la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país. Además del PROCREAR de 2012, en 2009 la ANSeS respaldó con sus fondos un plan de créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda. Según el mismo Gobierno, sólo se entregaron 7.500 créditos cuando se preveía otorgar 40.000.
> Netbooks para estudiantes: En 2010 y con una inversión de $1.000 millones, el organismo previsional lanzó el plan 'Conectar Igualdad' que entrega una computadora tipo netbook a alumnos de escuelas primarias y secundarias de todo el país. En un plazo de 3 años se debían repartir 3 millones de máquinas.
> Asignación "Universal" por Hijo: Acorralada por la oposición que se disponía a sacarlopor ley, la Presidente lanzó en 2009 un subsidio para hijos de desocupados y trabajadores informales. Unos días antes, y para desacreditar el impulso opositor, la mandataria había dicho que el Estado no contaba con los fondos para financiar el programa que también incluyó a mujeres embarazadas.
> Crédito a la General Motors: En junio de 2009, la ANSeS le prestó a la fábrica de autos $259 millones para financiar su modelo Agile. En noviembre de 2010, la compañía de origen estadounidense informó que devolvió la totalidad del prestamo, mientras que el Gobierno aseguró que recaudó US$60 millones en concepto de intereses.
> Transferencias al Tesoro Nacional: Al igual que el Banco Central y otros organismos estatales, la ANSEs se ha convertido en uno de los principales acreedores del Estado con millonarias transferencias al Tesoro Nacional. Gracias al aporte del organismo previsional, y de otros, el Gobierno Nacional pudo atenuar el déficit fiscal.
> Financiamiento del plan de viviendas, Procrear.
> Compra de títulos de la deuda de YPF por $1000 procedentes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad