> Las erogaciones totales de las 29 empresas públicas serían del orden de los $61 mil millones.
> Los ingresos propios sumarían apenas $27 mil millones; es decir aproximadamente el 45% del total de erogaciones.
> Los déficits a cubrir con fondos del Tesoro nacional llegarían a unos $34 mil millones.
Estas proyecciones oficiales del Presupuesto 2013 alcanzan para demostrar que las empresas públicas constituyen una de las principales fuentes generadora de déficit fiscal. Los $34 mil millones que se estiman destinar a financiar los desequilibrios de empresas públicas equivalen a aproximadamente el triple de lo que se asigna a la Asignación Universal por Hijo.
Como si esto fuera poco, la principal novedad en la ley de Presupuesto 2013 es que establece una condonación de deudas impositivas a favor de Aerolíneas Argentinas. Se trata, por un lado, de un nuevo agravio al federalismo. En lugar de que los impuestos sean distribuidos a través de la coparticipación, los fondos son apropiados por la empresa. La lógica subyacente es priorizar las ineficiencias de la empresa aérea en desmedro de los servicios básicos que administran las provincias como educación, salud y seguridad. Por otro lado, es un síntoma de que este tipo de degradación institucional se acelera. No sólo los déficits son grandes y los controles mínimos, sino que es mucho más difícil dimensionar el costo de la mala gestión cuando se encubren con privilegios impositivos.
Para que las empresas públicas ayuden a un proceso de desarrollo social es fundamental que no gocen de ningún tipo de privilegio y que sean sometidas a estrictas reglas de transparencia. Desde el punto de vista financiero, se deben autosostener, a menos que alguno de sus servicios genere un valor social estratégico que justifique un subsidio focalizado. Un testimonio concreto, cercano y contundente es la decisión del gobierno uruguayo de pedir la quiebra a la aerolínea estatal PLUNA.
En la Argentina prevalece una lógica diferente. Las empresas públicas operan como un mecanismos a través del cual se canalizan fondos públicos a un ámbito de gestión donde predominan controles mucho menos estrictos que en la administración pública central. Así, se potencian el clientelismo y la corrupción, mientras llega al extremo la ausencia de profesionalismo, transparencia y austeridad. De manera acelerada se repiten los mismos fenómenos que llevaron al colapso terminal de las empresas públicas de fines de los ´80; olvidando que esta crisis fue la que legitimó y motorizó las liquidaciones y privatizaciones de la década de los ’90.
