Bento fue llevado a juicio político por el allanamiento y el 5 de julio el Consejo de la Magistratura, que domina el kirchnerismo, resolvió que no había motivo para avanzar en ese procedimiento.
También el juez federal Claudio Bonadío lo denunció penalmente, junto a la ministra de Seguridad, Nilda Garré por haber facilitado los efectivos de la Gendarmería.
En su denuncia original en Mendoza, el Grupo Vila-Manzano denunció que la empresa Artear había incumplido un contrato con un operador de la provincia de Salta, en lo que fue una diferencia de precio entre el Canal 13 capitalino (de aire) y un cable salteño.
En ese momento, Cablevisión, quien no tiene operaciones en la provincia cuyana, señaló que no tenía nada que ver con la controversia y que el problema estaba radicado en Salta, por lo que el juez mendocino no tenía jurisdicción.