De Vido no brindó precisiones en su comunicado: "Se acordó establecer mecanismos de intercambio fluido de información entre la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones de Hidrocarburos, que encabeza la secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, y los Estados Provinciales, a los efectos de lograr inversiones plenas en exploración y desarrollo, así como de establecer mecanismos de alerta preventiva de incumplimientos y eventuales sanciones". (¿...?)
De acuerdo al Ejecutivo Nacional, "se fueron muy conformes y más tranquilos" (los gobernadores) ya que no surgieron críticas al contenido del Decreto 1.277/2012, que le concedió a Kicillof mayores facultades en la industria hidrocarburífera en general, y la empresa en particular.
El Ejecutivo Nacional simuló hacer una concesión los gobernadores (quienes lo valoraron para exhibirlo en sus frentes domésticos): la ratificación de que son las provincias las dueñas de los hidrocarburos, y quedará establecido en el texto de un acta Acuerdo Federal Hidrocarburífero que los mandatarios firmarán el jueves 09/08 con Cristina Fernández durante la inauguración de una refinería de YPF en La Plata.
El vocero de la Ofephi fue el mendocino Francisco Pérez, por la ausencia de Buzzi.
Pérez, un eufórico. Varios de sus colegas discrepan con su frenesí. Pero esos gobernadores cuestionan solamente en privado porque todavía confían en que lo de YPF les permitirá algun beneficio... o creen que todavía no está dicha la última palabra.
Es el caso del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien recibe mucha presión a causa del 1.277 desde dentro del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que él integra. Sapag dijo que el polémico decreto “no le quita una sola coma a la Ley de Hidrocarburos y a las facultades de las provincias establecidas en la Constitución. Acá no está en juego esto ni hay que generar una rivalidad. Nación tiene la soberanía para definir la política energética, tal como lo hizo con la ley de expropiación de YPF, y las provincias su autonomía”.
Luego, él deslizó una frase sugerente acerca de la redacción de ese Acuerdo a firmarse: “Deberá ser en el marco de la Constitución de 1994, donde figura el dominio irrenunciable de las provincias en materia de hidrocarburos y de regalías, algo que está más vigente que nunca. Allí aparecerán claramente los derechos y facultades de las provincias y los de Nación”.
En la ciudad de Neuquén, acababan de encontrarse su adversario político, el alcalde de la capital provincial, Horacio Quiroga, y el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, flamante director de YPF.
“Más que una reunión fue una placentera cena. Nos conocemos desde hace más de 30 años. Él siempre fue un luchador comprometido con las causas sindicales”, dijo Quiroga.
Y agregó: “Hablamos del decreto que a él le genera preocupación. Él tiene una responsabilidad muy grande, porque es el representante de los trabajadores de YPF, que es la empresa de más actividad en todo el país. Lo que él me transmitió fue su preocupación en mantener el trabajo en Neuquén y en todo el país”.
A su vez, en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno del MPN, el ex gobernador Jorge Sobisch, dijo que luego de un debate en el partido, se acordó que si se aplica el 1.277, el MPN recurrirá a la Justicia.
“Ante la posible materialización de medidas que violen los derechos adquiridos constitucionalmente por la Provincia sobre los recursos naturales y en la obligación ineludible de defender los intereses de todos los neuquinos, la Junta de Gobierno del MPN garantiza al pueblo de Neuquén que ante la aplicación plena por parte del gobierno nacional del Decreto 1277 accionaremos judicialmente contra éste”, informó Sobisch.
Luego él agregó: “Respaldamos al gobernador de la provincia del Neuquén en las gestiones que está llevando adelante y queremos que haga valer los intereses de los neuquinos por sobre los del poder central”.
Recordó que “respecto a la política hidrocarburífera de la República Argentina existe una pirámide jurídica formada por la Constitución Nacional que establece en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, por debajo de ella tenemos las leyes nacionales de hidrocarburos en igual sentido, y la ley de expropiación y nacionalización de YPF, siendo el Decreto Nacional 1277/12 una norma de carácter inferior a todas estas, de manera que no puede modificar las mismas.”
"(...) Desde el punto de vista de los gobernadores de las provincias petroleras, lo que acaba de hacer Cristina, con el propósito indisimulado de apoderarse de una tajada mayor de los ingresos generados por los recursos energéticos, equivale a otro golpe contra el federalismo que, en teoría, rige en el país.
Entre otras cosas, la medida ha servido para afianzar aún más el poder de la Presidenta sobre los mandatarios del interior que dependen de ella por los fondos que necesitan para ahorrarse conflictos con los siempre combativos empleados públicos que, en muchos casos, están afiliados a sindicatos en que los kirchneristas llevan la voz cantante. Como ya les es habitual, los gobernadores se ven constreñidos a optar entre defender sus derechos constitucionales, aun cuando sepan muy bien que hacerlo podría ocasionarles problemas administrativos muy graves, y limitarse a tratar de congraciarse con Cristina con la esperanza de que, a cambio de nuevas manifestaciones de lealtad, les envíe el dinero que precisan.
En todas las provincias petroleras los políticos opositores locales están procurando aprovechar la situación incómoda en que se encuentran los mandatarios, presionándolos para que se alcen en rebelión contra el ucase del gobierno nacional, alternativa ésta que, desde luego, son reacios a tomar en cuenta por miedo a lo que podría hacer una presidenta que nunca ha vacilado en castigar económicamente a quienes se han animado a oponérsele.
Si bien a esta altura nadie ignora que la relación tensa del gobierno nacional con los gobernadores virtualmente asegura que, en cuanto éstos lleguen a la conclusión de que a Cristina no le será dado reformar la Constitución para que admita la re-reelección, rompan con ella en el momento que les parezca oportuno, el sistema de avasallamiento introducido por Néstor Kirchner y perfeccionado por su viuda seguirá funcionando por un rato más. (...)".
"Una frase en privado de Miguel Galuccio, presidente de YPF, puede valer más que veinte comunicados de prensa que lo exhiban sonriente y con casco de la petrolera. La dijo hace pocos días entre íntimos, horas después de enterarse, por terceros, del decreto de intervención a la industria de los hidrocarburos confeccionado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Me dinamitaron el plan, dijo, y expuso su disgusto dentro de la compañía.
Fue el último disparador para que el ex ingeniero de Schlumberger se pusiera a trabajar en lo que sus colaboradores llaman ahora, con ironía, "Plan Galuccio II": no va a renunciar, pero le exigirá al Gobierno los fondos que supone no vendrán por ese decreto 1277 y se centrará en la única urgencia real que parece tener Cristina Kirchner, que es el aumento en la producción de combustibles.
Ese será su trabajo. Vaca Muerta, el yacimiento con que pretendía tentar a inversores y que acaso haya precipitado la decisión de expropiar YPF, es todavía una figura que se define a sí misma: imposible revivirla. Igual que el programa anunciado hace dos meses en el hotel Sheraton delante de la Presidenta y que consistía en poner en orden a YPF para obtener financiamiento en el mercado internacional de capitales.
¿Qué no habría dado cualquier analista petrolero por estar con Galuccio aquel día en que, irritado con ese decreto que regula precios, exportaciones y disponibilidad de divisas y crudo, se contactó con el ministro de Planificación, Julio De Vido? La respuesta de De Vido explica la interna en el Gobierno: le dijo que se lo reclamara a Kicillof.
Empezó entonces toda una puesta en escena del ingeniero. Se reunió con sus colaboradores y convocó al escribano de la empresa para redactar la renuncia. En realidad, no pensaba irse: en ningún lado es necesario hacerlo con escribano. Pero pretendía que el encuentro trascendiera. El tema llegó así a los medios, aunque fue negado por el escribano en una carta enviada al diario Clarín el fin de semana. "Galuccio no lo conoce, no vio al escribano en su vida", reforzaron en YPF, donde agregaron que el CEO acaso desconocía el momento de publicación, pero no el contenido del decreto.
El segundo paso del petrolero fue hablar con Kicillof, a quien le transmitió además que, desde ese momento, y ante semejante señal de desconfianza hacia el mercado, cualquier aporte debería partir del Gobierno.
El viceministro aceptó el pedido y agregó una fuente de financiamiento: acuerdos con países que tengan control sobre sus recursos petroleros.
Es lo que se intentaba hacer la semana pasada con Pdvsa; a la reunión con el presidente de la petrolera venezolana fue De Vido pero no Galuccio, que había viajado a Santa Cruz a contactarse con proveedores y el gobernador Daniel Peralta. (...) En algunas áreas del Gobierno son conscientes de los daños de la intervención. Y piensan ya en señales para revertir el escepticismo petrolero. (...)
Pero habrá que esforzarse para atraer capitales. Los cálculos que Galuccio hace en privado son bastante evidentes: anunció inversiones por 7.000 millones de dólares anuales, pero cree que del fisco no podrán salir más de 4.000 millones. ¿Qué ocurriría además con el resto de los fideicomisos que sostienen parte de la economía?, se preguntan a su lado.
De ahí que su prioridad haya virado hacia la producción de combustibles. A eso apuntará, por ejemplo, la ampliación de la refinería de Ensenada que YPF anunciará mañana (jueves 09/08), con la presencia de la presidenta Cristina Kirchner. Se apunta a aumentar la capacidad para producir gasoil, del que se importan 4,5 millones de metros cúbicos al año, mientras la demanda es de 16 millones. (...)".
