El secretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli, explicó que "nosotros antes esperamos 8 meses, pese a que arrasaron nuestros derechos. Abrimos molinetes, dimos dos meses de tregua y se nos rieron en la cara".
Asimismo, se preguntó: "Metrovías reconoce que no hace el mantenimiento, acá hay personas que están violando la ley: ¿por qué se niegan a discutir una paritaria?, ¿por qué como concesionaria no hacen el mantenimiento y no dan servicio?".
Por último, Pianelli fustigó la "solución" que encontraron las autoridades porteñas, con la implementación de un servicio de emergencia. "Es coherente con lo que suele hacer el jefe de Gobierno, que es agregar más problemas. La Ciudad está intransitable y agregan como 500 micros... Era más fácil sentarse y arreglar nuestros problemas".
Los metrodelegados echan toda la culpa al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y lo responsabilizan por no hacerse cargo de los subtes, pero lo cierto es que en este conflicto entran en juego varias cuestiones que no sólo tienen como protagonista al alcalde porteño.
El servicio del subte es deficiente desde mucho antes que el gobierno nacional decida el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto lo que hereda Macri es un problema muy grande, ya que desde la Nación tampoco le aseguran continuar con las obras iniciadas y previstas.
Por su parte, los metrodelegados parecen olvidarse de esta parte y no realizan ningún reclamo a la presidenta Cristina Fernández, que durante su gestión no realizó una política activa para mejorar el sistema de transporte y ahora todo recae sobre el jefe de Gobierno porteño. Pero eso tampoco es lo que más preocupa sino que los usuarios sean rehenes en este conflicto que no parece encontrar una solución pronta
Pero los problemas para los proteños no terminan ahí sino que se trata en la Cámara de Diputados este miércoles (08/08) un proyecto impulsado por la ultracristinista Diana Conti para que los próximos depósitos por liquidaciones judiciales federales se trasladen del Ciudad al Banco Nación.
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La iniciativa obtendría la media sanción con los votos del oficialismo y de sus aliados, entre ellos el banquero Carlos Heller, titular del Banco Credicoop, uno de los competidores del Banco Ciudad.
Estarían en juego cerca de $1.200 millones anuales, ya que se descartaron los $7.000 millones ya existentes en las cuentas del Ciudad, en lo que fue una modificación al proyecto original.
Y aunque el macrismo no podrá detener el avance del Gobierno en el Congreso, ya se prepara para llevar el asunto a la Justicia. Días atrás, la Legislatura porteña aprobó una declaración de inconstitucionalidad de la norma, lo que le da al reclamo un marco legal para una presentación ante la Corte Suprema de la Nación.
De esa forma, el máximo tribunal acumularía una nueva causa como árbitro entre la Nación y las provincias, este caso la Ciudad.
La Corte ya interviene en disputas entre el gobierno central y las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. A esa lista se sumaría la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy probablemente con la sanción de la ley que limitaría el financiamiento de su banco estatal.
“La regulación legal de los depósitos judiciales del Banco Ciudad es materia y atribución exclusiva reservada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de que los fondos provienen de los contribuyentes y litigantes de la ciudad y atiende las necesidades de los sectores sociales menos favorecidos. Por otra parte, no afecta las necesidades del crédito nacional” se expresa en el texto aprobado por la Legislatura porteña, una iniciativa de los macristas Martín Ocampo, Helio Rebot y Cristian Ritondo aprobada sobre tablas.
El macrismo no es el único que abona la teoría de la inconstitucionalidad del medida. “Esta ley puede ser tachada de inconstitucional hasta por la AFA”, consideró el diputado Jorge Yoma, quien sorprendió por su posición ya que integra el bloque del oficialista Frente para la Victoria.
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En su defensa del proyecto, la diputada Conti sostuvo: “Esto le permitirá a un banco público nacional, como el Banco Nación, disponer de una masa de dinero a bajo costo, utilizable a largo tiempo y muy propicia para inversiones de carácter federal, como obra pública o créditos hipotecarios”.
De aprobarse la ley, los nuevos depósitos de la justicia nacional con asiento en la Capital Federal deberán colocarse en el Banco Nación. Esto repercutirá con un pedido de nulidad de la Ciudad ante la Corte Suprema.
¿Qué pasará con los fondos hasta que haya una resolución del máximo tribunal? Algunos especulan con que el Banco Ciudad podría avanzar con el pedido de una medida cautelar que congele las transferencias mientras se resuelva la cuestión de fondo.
De cualquier forma será la Corte Suprema la que termine definiendo qué entidad financiera administrará el dinero de las liquidaciones judiciales.
En este panorama, los más perjudicados son todos los porteños a quienes Cristina no quiere y les tiene antipatía. Macri, por su parte, perdió toda iniciativa política.
