"Aunque algunos MNP (Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura) existen a nivel provincial, Argentina todavía tiene que establecer un mecanismo nacional. Un proyecto de ley sobre el establecimiento de un MNP se está debatiendo actualmente en el Senado", señaló el reporte.
Incalcaterra destacó que las condiciones carcelarias en América del Sur han sido criticadas en varios informes de las Naciones Unidas, de los Órganos de Tratados, los Procedimientos especiales, así como en el Examen Periódico Universal de muchos países, y recordó que "los gobiernos de la región deben actuar sobre estas recomendaciones".
Entre las condiciones "precarias" que presentan las cárceles de la región, el organismo mencionó "falta de espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica, y de estándares básicos de saneamiento e higiene".
"Estas condiciones se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo a la prisión preventiva", alertó Incalcaterra.
Además, insistió en que "los Estados tienen la obligación de garantizar que las condiciones de detención son compatibles con la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a ser tratada con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de la persona humana", planteó.
El representante regional pidió además "una investigación pronta y eficaz sobre todos los incidentes recientes, para identificar a los responsables y obtener reparación para las familias de las víctimas".
El domingo pasado la Comisión por la Memoria (CPM) bonaerense señaló que el "asesinato a golpes y patadas" de un joven que se estaba detenido en la Unidad 46 de San Martín, al oeste del Gran Buenos Aires, "desnuda la violencia institucional y la tortura sistemática que se profundiza en las cárceles" de la provincia.
Patricio Barro Cisneros, de 25 años, que se encontraba alojado en el Pabellón 1 de la cárcel, padeció "más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo", entre otras lesiones, se indicó.
La muerte, reportada el 29 de enero pasado, fue perpetrada, según la CPM, cuando la víctima "esperaba la visita de su mujer embarazada de ocho meses" y discutió con los guardias porque habían modificado el lugar de encuentro y retrasado la reunión.
La “preocupación” expresada por la Oficina Regional para América del Sur de Naciones Unidas viene a sumarse al reclamo del 23 de enero pasado, por parte de la organización Amnistía Internacional para que los gobiernos nacional y de Santiago del Estero investiguen torturas denunciadas por dos hombres detenidos desde hace más de tres años y medio en una cárcel de esa provincia.
