En su texto la resolución exactamente dice que “el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene la facultad de controlar los e-mails enviados por los agentes”.
También ordena que está vedada cualquier alternativa privada, al señalar que “está terminantemente prohibido para el agente la utilización de cuentas personales de correo electrónico”.
Boudou también se asegura el acceso a archivos de los funcionarios al incluir lo siguiente en un anexo de la polémica resolución: “Esta Cartera se reserva igualmente la facultad de auditar archivos en los subdirectorios de usuarios basados en servidores o discos locales de estación de trabajo.” Y agrega taxativamente: “y de la misma forma, tendrá posibilidad de abrirlo (el archivo) y leer su contenido”.
También habla sobre el control de las claves y precisa que “las claves podrán ser personales o grupales, pero las claves personales son provistas por el Ministerio”.
La polémica resolución obliga a firmar un formulario a sus funcionarios autorizando a leer sus correos y documentos como una forma legal de cubrirse de futuras acciones judiciales contra Boudou. Pero el trámite se hace bajo coerción de aplicar severas penas al personal que no acepte estas inusuales reglas del juego.
El texto de la polémica resolución lleva la firma de Amado Boudou. Tiene aproximadamente 20 carillas. Lleva el número 464 y fue aprobada subrepticiamente el 30 de diciembre del 2009. El documento permite crear el “Grupo de Internet del Proyecto de Informática del Ministerio de Economía”, con amplias facultades de intromisión en la privacidad de los funcionarios y empleados. El “comité” comenzó activamente a trabajar a partir de mediados de año.
La resolución se justifica en la necesidad de corregir el desorden informático y establece muchas pautas que se utilizan en otras reparticiones e incluso criterios de empresas privadas. Entre ellas, ordenamiento de dominios, acceder a material pornográfico, actividades de entretenimiento, descargas de contenidos que afecten la propiedad intelectual y atentar contra otros sistemas informáticos o redes de terceros.
Pero en realidad habilita las tareas de inteligencia y permite vulnerar la privacidad de los funcionarios. Incluso de áreas que no controla, como la estratégica Secretaria de Hacienda.
El contenido más polémico y que vulneraría la privacidad de las personas se encuentra en los 4 anexos de la citada resolución. Boudou para llevar adelante semejante tarea contrató unas 60 personas que integran el “Grupo Internet” y que a diario se dedican a monitorear archivos y el correo electrónico de los funcionarios.
