Basta de hipocresías: En la Argentina aumenta el consumo de cocaína porque es un negocio con protección institucional

Cristian Alarcón entrevistó a Mónica Cuñarro, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales de la Capital, titular de la fiscalía en lo criminal 16, y ex titular de la Unidad de Ayuda para el Combate del Narcotráfico, creada tras el escándalo de Southern Winds –por el Ministerio del Interior y la Procuración General.
Ella dice lo que ya se sospecha desde siempre: "Hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico". Es obvio que hay relación entre las fuerzas de seguridad y el delito. La sociedad argentina, que enfrenta niveles extraordinariamente elevados de corrupción, tiene integrantes de fuerzas de seguridad corruptos, lo que se suma a deficiencias burocráticas, falta de preparación profesional y desinterés.
Por ejemplo: "Cuando se secuestra cocaína en un procedimiento –señaló Mónica Cuñarro–, se hace una pericia de calidad y luego es destruida. En este transcurso, el tema de fondo es modificar, homogeneizar la base de datos en la cual la pericia tiene que adquirir un papel mucho más central. Digo, tantos kilos de tanta calidad que tienen que ser los mismos al momento de ser destruidos en todas las fuerzas. Es una tarea que debe hacerse y que hoy no se hace, no se controla. Para evitar los espacios de corrupción se debería hacer un chequeo en el momento en el que se secuestra la sustancia. Es cuando hay que identificar su calidad, para relacionarla luego con la causa judicial y verificar que se está destruyendo lo mismo que se secuestró. Se debería transformar la pericia sobre las sustancias en un insumo útil para el control de la corrupción".
El narcotráfico se convirtió en noticia ahora, después de las sangrientas disputas entre hampones peruanos que fueron Sendero Luminoso: los líderes de la 1.11.14, Salvador, Marcos, y Ruti. Finalmente alguien ganó. Y la 1.11.14 es hoy un barrio mirado con cierta envidia por sus vecinos. "Preferiríamos vivir en un lugar donde hay uno que manda y ordena, porque así no hay tantos muertos", dicen los vecinos del Rivadavia I y II, donde otros grupos, como los Solís, tienden a competir por acumular poder territorial con más sangre y fuego.
En el hospital de referencia de la zona del Bajo Flores, el Piñero, en 6 meses ingresaron 140 personas heridas de arma de fuego (60% correspondía a la comisaría 36ª, y el resto a la 38ª y la 34ª).
Según la funcionaria, "Uno de los síntomas más claros del fracaso de las políticas en marcha es que se satura el sistema sólo con hechos de flagrancia, con lo que encuentran por la casualidad en el cateo, abandonado u oculto de alguna manera. Gendarmería secuestra la droga que detecta cuando cruza la frontera. Prefectura la detecta cuando hace el patrullaje en el río. La policía lo que se le cruza en la calle. Se encuentra droga, cada vez más, pero casi nunca hay detenidos clave por esos hallazgos, porque en realidad escasean las investigaciones que lleguen a los niveles más altos de las organizaciones criminales.
Según ella, las herramientas del combate son ineficientes. La Ufidro es un híbrido sin capacidad operativa que financia el Ministerio del Interior pero depende de la Procuración.
Y en las autoridades, según la propia funcionaria, ocurren omisiones graves, en las que ahora entiende la Cámara del Crimen, "producto de una grave negligencia. Tampoco descartamos que se pueda probar la participación criminal en encubrimientos o en otro tipo de hechos. Esto es lo que ahora deberá investigarse. Hay que investigar si la policía permite, protege o participa del narcotráfico. Esto es una denuncia que está muy fundamentada y se tomarán las medidas que se tengan que tomar".
Muy importante un concpeto: "Fijar una política criminal que persigue al adicto por considerarlo el primer eslabón de una cadena ha terminado en que la mayoría de los condenados son consumidores o pequeños comerciantes. El combate contra el narcotráfico es un fracaso. La política criminal contra el narcotráfico es discoordinada, errática. Los organismos de seguridad tiene funciones superpuestas a nivel federal y local. Hay poca exigencia en la etapa de la investigación preliminar. Los datos y estadísticas a veces son omitidos, falseados o no se comparten entre los cuatro actores que intervienen en el problema: fuerzas de seguridad, poder judicial, ministerio público y el sistema de coerción penal. Los datos no son creíbles. Los fiscales desconfían de las fuerzas. Las fuerzas, de los fiscales y de los jueces. Los jueces desconfían de las fuerzas. A su vez cada fuerza desconfía de la otra, y es muy difícil establecer un cuadro de situación cuando a uno le cuesta tanto obtener un dato".
Esto permite saltar a la nota de Claudio Savoia, a partir del estudio de la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas que señala a la Argentina como el país sudamericano con más alto consumo de cocaína entre estudiantes secundarios, un diagnóstico que los organismos locales profundizaron: según datos de la Secretaría de Prevención de las Adicciones y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el consumo de cocaína entre escolares creció 170% desde el 2001.
En una encuesta voluntaria y anónima realizada en el 2006 por el Instituto Superior de Ciencias de la Salud (ISCS) entre 2.817 alumnos secundarios de Capital y Gran Buenos Aires —a la que este diario accedió en exclusiva—, el 9,48% de los entrevistados admitió usar drogas. Pero, mientras que en zonas de bajos ingresos familiares se droga el 5,16% de los consultados, en los barrios de altos ingresos lo hace el 25%.
El estudio revela que, entre todos los chicos que contestaron el interrogatorio y aceptaron estar consumiendo drogas, seis de cada diez viven en familias con ingresos que superan los $ 2.000. Un detalle más, y muy elocuente: el 77 por ciento de los encuestados son mujeres.
Según el psiquiatra Luis Herbst, la relación entre abuso de drogas y patología psiquiátrica severa es frecuente, aunque es prudente a la hora de asociarla directamente con casos de suicidio.
Los expertos, además, asocian el uso de drogas con la muerte joven en lo que llaman "para-suicidio", una etiqueta que técnicamente agrupa la gran cantidad de casos de jóvenes cuya conducta autodestructiva o riesgosa los termina matando sin que lo busquen directamente. O sí: 5 adolescentes se quitan la vida cada semana, y desde 1990 la tasa de suicidio en esa franja etaria prácticamente se duplicó. "La relación de esas muertes con las adicciones se verifica en muchos casos", coinciden algunos especialistas.
Pero más allá de las opiniones, las estadísticas son elocuentes: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de mortalidad de jóvenes de entre 14 y 19 años se triplicó desde mediados de los '90. Y en 2003 casi el 70% de esos fallecimientos fueron causados por causas externas: accidentes, violencia, suicidio.
Como alcaloide, la cocaína y sus derivados tienen una expandida incidencia en la violencia y en los accidentes de tránsito.
Según revelan las estadísticas de los servicios de guardia de la provincia de Buenos Aires, el alcohol y la droga causan cuatro de cada 10 accidentes de tránsito (también el 37% de los laborales), disparan el 75% de los episodios de violencia y están presentes en más del 35% de las detenciones que realiza la Policía Bonaerense, según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
En la Secretaría de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires (SADA) tienen datos al respecto: "El 60% de los consumidores de pasta base, un derivado de la cocaína, reconoció haber hecho algo contra la ley para consumir", confió a Clarín su titular, Patricia Segovia.
El doctor Daniel Avayú, jefe de cardiología del Hospital Alvarez, realizó hace dos años una investigación entre 79 personas internadas en 2 granjas de recuperación de adictos ubicadas en Monte Grande. "La mayoría tenía entre 15 y 30 años. Y el 38 por ciento tenía o había tenido alguna patología cardíaca", revela. "Había de todo: 11% con cardiopatías isquémicas, 9% de arritmias, 6% con patologías dilatadas, 4% de hipertróficos y 3% de hipertensos." En el servicio de adicciones del mismo hospital, "cerca del 15% de los pacientes jóvenes tiene patología cardiológica derivada del consumo de cocaína", asegura la doctora Susana Calero, al frente del área de psiquiatría.
Carlos Souza, presidente de la Fundación Aylén, un centro de rehabilitación, advierte que "el abuso de sustancias produce dificultad o imposibilidad de sostener cualquier tipo de responsabilidad (escolaridad, trabajo, proyectos, actividades deportivas, etc.) y deteriora el sistema cognitivo (capacidad de pensar con claridad). Por eso muchos adictos terminan dejando la escuela".
El ministro de Educación de la Nación y flamante candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Daniel Filmus, cree que "no se puede recargar en la escuela la responsabilidad de desterrar las drogas", para lo cual, dice, haría falta una alianza entre el Estado, la escuela y la familia". En su plataforma todavía no hay planes concretos al respecto.