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Carrera contra el reloj en la Legislatura provincial

Una agenda pendiente, en algunos aspectos muy polémica, afronta Provincia de Buenos Aires. Hay una reforma judicial, entre otros temas, y Horacio Verbitsky aprovecha para insistir en sus críticas a Felipe Solá que son, en verdad, una forma de anticipar su rechazo a lo que representa Daniel Scioli:

Marisa Álvarez en el diario El Día, de la ciudad de La Plata:
"(...) El gobierno bonaerense presentó en la Legislatura el Presupuesto provincial del 2007 el jueves último a la noche, 14 de diciembre. Contiene un déficit sensible (1.600 millones), descontando un nuevo endeudamiento que se estima en los 4.200 millones; y los "superpoderes" de siempre (para cambiar el destino original de los recursos). El 31 de agosto del que habla la Constitución pasó hace un siglo. Pero el proyecto finalmente enviado no tiene definida la mejora salarial que se aplicará el año que viene, y se elaboró sin saber cuál será el préstamo que aportará la Nación, dos factores que en su momento se adujeron para demorar la presentación en tiempo y forma.
El Ejecutivo envió también esa noche la Ley Impositiva (los cambios en el esquema tradicional de ingresos tributarios) y sendos proyectos de ley que crean alícuotas adicionales de Inmobiliario y Patentes y un nuevo impuesto (a los activos financieros), para los contribuyentes con patrimonios superiores a los 500 mil pesos.
Son iniciativas de compleja ingeniería; de discutible constitucionalidad en el caso del gravamen a los depósitos bancarios; con algunos aspectos "ambiguos", que pueden abrir discusiones interminables sobre los valores "reales" de los bienes sobre los que se calculen los patrimonios de los contribuyentes y, por lo tanto, los montos de los nuevos impuestos.
Dejando de lado la medida en sí misma -aumentar la presión tributaria sobre los "patrimonios altos", inscripta en una notoria necesidad de las arcas provinciales de elevar sus ingresos para atender el gasto básico-, si algo está claro es que son proyectos que requieren un cuidadoso análisis y quizás correcciones, añadidos y -sobre todo- precisiones, aunque más no sea para evitar que las leyes terminen siendo confusas, sujetas a "interpretaciones" y a discusiones pasibles de ser dirimidas en la justicia.
Pero el almanaque dice que desde que ingresaron esos proyectos a la Legislatura quedaban 10 días hábiles para el final del año. Ya quedan nueve. Y el Ejecutivo pide que ese "paquete" quede sancionado antes del 31 (hay tiempo hasta el 29, en rigor), mientras el oficialismo se prepara para cumplir, en sesiones maratónicas, con ese pedido. Nueve días que, como los de Joaquín Sabina, deberán rendir como 500 noches.
Es que, por caso, extender las sesiones a comienzos de enero, si el estudio de los proyectos lo requiere en nombre de la seriedad de los asuntos y de la responsabilidad que la Constitución les confiere a los legisladores, es una posibilidad que, directamente, no parece existir.
Por lo demás, los del "paquete de la plata" no son los únicos proyectos que la Legislatura se dispone a resolver entre los brindis de feliz Navidad y próspero año nuevo. Está en la lista, por ejemplo, la reforma penal -una iniciativa necesaria, pero también altamente sensible y compleja-, enviada por el Ejecutivo a Diputados apenas una semana antes que el Presupuesto (...)".

Horacio Verbitsky en el diario Página/12 trata esto último:
"El plan electoral que sacaron de la galera el gobernador Felipe Solá y su ministro de Justicia Eduardo Di Rocco tiene un indisimulable aire de familia con el presentado por el ex presidente Carlos Memen, también en el último año de su mandato. Así se desprende del Plan Nacional de Reforma Judicial, la nueva justicia del siglo XXI, editado por el ministerio de justicia de la Nación en 1998 y que sigue a su vez los lineamientos propuestos por el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia, FORES. Ya en 1990, cuando se debatió el copamiento de la Corte Suprema de Justicia por una mayoría automática, el camaleónico diputado Franco Caviglia citó a FORES en apoyo del proyecto menemista durante el debate en la Cámara de Diputados.
Los trabajos de FORES en los que se basó Menem y ahora Solá fueron financiados con aportes del Consejo Empresario Argentino y de los bufetes que atienden a las mayores empresas transnacionales y grupos económicos locales. Entre ellos está el de Roberto Durrieu, viceministro de Justicia del ex dictador Jorge Videla y ahora abogado y asesor del empresario Juan Blumberg en materia de seguridad y justicia. La eventual candidatura de Blumberg en las boletas del hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri explica el intento del gobierno bonaerense por adelantárseles y expropiarles su discurso en las materias que según todo indica serán centrales en la campaña de la fórmula de los empresarios. Esto también ayuda a entender el sentido de la reforma, que refuerza la selectividad del sistema penal sobre los sectores marginales de la sociedad, que cometen delitos en la calle, y nada propone respecto de los delitos complejos propios del crimen organizado (...).
Aunque su nombre es Defensoría de Casación, el organismo que Solá se propone disolver interviene también ante la Suprema Corte de la Provincia, ante la Corte Suprema de la Nación y ante tribunales internacionales de derechos humanos. Creada en 1998 encaró su trabajo desde una perspectiva de protección a los derechos humanos y de prevención de la tortura y los malos tratos a personas privadas de su libertad. Por eso, sus planteos fueron acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria, que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón y cuya vicepresidenta es Laura Conte, por las ONG más importantes del país y del mundo y por el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. Sus planteos en los litigios de casos lograron importantes cambios de jurisprudencia y permitieron hacer efectivos los derechos constitucionales a la doble instancia en materia penal, a la defensa en juicio y al debido proceso. La Defensoría también creó un centro de estudios penales (CEDEP).
La Comisión Provincial por la Memoria propondrá modificar el proyecto oficial de modo de que no se pierda la Defensoría ante la Suprema Corte de Justicia. Según el texto que elevarán al Poder Ejecutivo, tanto el Procurador como el Defensor deberán prestar juramento ante la Suprema Corte, una forma simbólica de equiparación. En forma expresa, la Comisión propone que "el cargo de Defensor ante la Suprema Corte de Justicia continuará siendo desempeñado de modo permanente por el actual Defensor de Casación y su Adjunto". Esta sensata sugerencia choca con la inquina personal de Solá hacia el titular de la Defensoría, Mario Coriolano, por sus constantes investigaciones sobre casos de torturas a personas detenidas, que el autorreferencial mandatario interpreta como ataques personales (...)".

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