Ley de Anticoncepción Quirúrgica: Entidades privadas piden que se contemple la objeción de “conciencia institucional”
Con la aprobación del Senado días atrás de la denominada Ley de Anticoncepción Quirúgica –por 35 votos a favor-, básicamente, se podría resumir en estos cuatros puntos:
• Cualquier persona mayor de edad puede realizarse prácticas quirúrgicas de contracepción, denominadas ligaduras de trompas de Falopio o vasectomía. Los médicos deberán informar las consecuencias, alternativas de anticoncepción y las opciones de reversión. El interesado deberá dar su consentimiento y solicitar la intervención quirúrgica.
• Estas cirugías deberán ser realizadas de modo gratuito por todos los agentes del sistema de salud, incluyendo a obras sociales y empresas de medicina prepaga.
• Las únicas personas que deben contar con la autorización legal son aquellas declaradas incapaces por la Justicia.
• Los médicos o auxiliares de esa profesión podrán oponer objeciones de conciencia para realizar las operaciones. El establecimiento sanitario estará obligado a buscar un profesional que realice la práctica. Se elimina del Código Penal el impedimento a los médicos de realizar prácticas que impiden la procreación.
Sin embargo, a horas de aprobada la norma, surgieron los primeros problemas: La necesidad de que el gobierno (con mayoría en el Senado) contemple "la objeción de conciencia institucional". Ahora bien, de acuerdo con la Ley, los hospitales y centros de salud no estatales deberán poner en práctica la Ley, aunque sus idearios y convicciones se encuentren en oposición a sus principios rectores.
El alerta no tardó en llegar. Recientemente un reclamo fue realizado por el Hospital Universitario Austral, el Sanatorio San Camilo y la Casa-Hospital San Juan de Dios. Entre los argumentos citados por esas instituciones –y publicado en exclusiva por el portal especializado NetworkMédica- se destaca que el artículo 6 de la Ley "admite la objeción de conciencia sólo para los médicos o personal auxiliar del sistema de salud, pero no la prevé para las autoridades del establecimiento asistencial público o privado y para la propia institución sanitaria privada".