Boom en España del alquiler de vientres

"Quiero ser madre de alquiler cuanto antes para regresar a cuidar de mi hija", dice una mujer no española en Madrid, España.
Es una de muchas. Decenas de mujeres, la mayoría de ellas extranjeras, se ofrecen en España para ser madres de alquiler. Esta actividad es ilegal pero la demanda de muchas parejas que no pueden tener hijos ha generado una amplia oferta que en este caso se hace por Internet.
Basta teclear los grupos de palabras "madre de alquiler" y "foros" para comprobar la extensión de este tipo de anuncios en la en la Red:
> " Soy venezolana, tengo una hija, soy sana y estoy dispuesta a acunar a tu bebe en mi vientre para que tengas una familia feliz. Contáctame",
> "Soy de nacionalidad peruana, en la actualidad tengo 25 años de edad, estoy dispuesta alquilar mi vientre y poder ayudarles y que ustedes también me ayuden. No tengo ninguna clase de vicios. Por favor escríbanme a mi correo electrónico..."
Una de estas mujeres, de nacionalidad boliviana y que se anuncia en la Red como Andrea, aseguró por teléfono al diario El País, de Madrid, que residía en Bilbao, País Vasco, y que había contactado ya con 3 parejas españolas para ceder su útero.
"Tuve que venir a España porque no tenía trabajo en mi país y no podía criar a mi niña. He tenido varios empleos, pero me dan poco dinero para mandar a Bolivia. Por eso he puesto el anuncio para ser madre de alquiler. Mi deseo es hacerlo cuanto antes para regresar a mi país a cuidar de mi hija".
Los solicitantes -la mayoría de ellos matrimonios que no pueden tener hijos porque la mujer carece de útero, según fuentes médicas- se ponen en contacto a través de Internet con las mujeres que se ofrecen a realizar esta práctica.
El siguiente paso es acordar una cantidad por la cesión del útero, que suele estar en torno a los € 15.000. Los matrimonios negocian también con la madre la forma y el lugar en el que se realizará todo el proceso.
Ante la imposibilidad de hacerlo en España, el grupo decide viajar al extranjero, normalmente al país de la madre gestante e implantar el embrión en una clínica de allí.
Los médicos del centro estimulan la ovulación de la mujer de la pareja mediante fármacos. Después de 15 días se obtienen los óvulos y se inseminan con el esperma del hombre. Dos días después se obtiene el embrión, que se implanta en la madre gestante.
Los posibles problemas legales se podrían dar en España cuando el matrimonio regresa con el niño. Pero hasta ahora las autoridades españolas afirman que les resulta difícil detectar cuándo ha ocurrido el alquiler porque los matrimonios suelen obtener en el país extranjero un certificado médico que asegura que el niño es suyo.
Estos acuerdos entre los solicitantes y las futuras madres gestantes son más interesantes que los que ofertan algunas empresas estadounidenses.
En ese país, uno de los pocos que permite las madres de alquiler, existen empresas que permiten la contratación por catálogo de las candidatas que se ofrecen a ceder su útero.
Cuando las parejas seleccionan una y firman el contrato con la empresa tienen que pagar una cantidad que oscila entre € 60.000 y € 75.000, según dicen en el estado de California.
Además de los matrimonios convencionales, muchos de los que buscan una madre de alquiler son parejas de gays y lesbianas o también solteros con el deseo de ser padres.
Uno de ellos, que asegura haber iniciado los contactos para alquilar el útero de una mujer, señala que ha rechazado muchas ofertas de mujeres latinoamericanas porque le parecía que "éstas ofrecían sus servicios presionadas por su situación económica".
"¿Qué derecho tiene el Estado a inmiscuirse en acuerdos privados y pacíficos entre personas mayores de edad que están en pleno uso de sus facultades mentales?", preguntó al periodista de 'El País' por correo electrónico.
Pese a que algunas asociaciones dedicadas a resolver problemas de infertilidad han pedido una nueva regulación para admitir el alquiler de úteros, la ministra de Sanidad española, Elena Salgado, se ha manifestado en contra y aseguró que sólo un sector muy minoritario de la población está interesado. "Los profesionales sanitarios que participen serán sancionados", aseguró la ministra.