En el panorama boliviano podemos destacar algunos factores claves para definir el futuro del país. El modelo constitucional que surja de la Asamblea que habrá de elegirse este año, es el primero. La distribución territorial del poder que permita mayor eficiencia en los servicios a los ciudadanos y mantenga la cohesión nacional, es el segundo. La utilización de los recursos naturales, como las energías no renovables o las reservas de minerales para el desarrollo del país, es el tercero. Y una política económica de crecimiento con empleo, desarrollo de infraestructuras básicas y vivienda, mejora de la educación y la salud, como punto cuarto y culminante de las preocupaciones de Evo Morales.
Son desafíos básicos de mejora de la institucionalidad política y de reformas económicas pragmáticas que pueden llevar a Bolivia por la senda del desarrollo sostenible.
La Asamblea Constituyente tendrá que encarar la estructura territorial del poder, a pesar de los requerimientos para avanzar en este proceso, incluso antes de sus resultados definitivos. Pero también deberá definir los elementos de gobernabilidad de Bolivia para superar los traumas históricos de la inestabilidad política. Además de las partes clásicas de toda Constitución, probablemente el país está indicando, con su voto reciente, que desea un sistema de alternancias más sólidas y menos sometidas a las múltiples negociaciones a que están obligados, casi siempre, los candidatos presidenciales para obtener mayorías estables de gobierno y que los bolivianos aspiran a definir su derecho de pertenencia en base a una ciudadanía sin exclusiones, con la igualdad básica de derechos y obligaciones ante la ley.
La distribución territorial del poder puede ser un elemento de dinamización y modernización del país de gran trascendencia, además de ser una aspiración que se ha reflejado de manera evidente en los resultados electorales. La descentralización del poder es muy positiva, como hemos podido comprobar en nuestro propio país, pero hay que evitar confundirla con una centrifugación que impida el mantenimiento de la cohesión nacional. Una buena distribución competencial no es un proceso de suma cero, sino uno de tal naturaleza que las partes y el todo salgan fortalecidos y los ciudadanos en su conjunto beneficiados por la proximidad y eficiencia de las instituciones representativas.
Los recursos naturales no renovables, su explotación y utilización como una variable estratégica decisiva para el desarrollo socioeconómico sostenible en el tiempo, han sido motivo de disputa en casi todas las épocas. Actualmente la relevancia de los recursos energéticos disponibles ha ocupado el centro de atención de los ciudadanos y de sus representantes. La experiencia reciente muestra que los países productores de esta materia prima sustancial no han transformado su riqueza en desarrollo, salvo alguna excepción no relevante. Esto es así más allá de los modelos: control público o concesiones privadas, países con unas u otras culturas o ideologías en el poder, los beneficios obtenidos no han tenido un impacto consistente en la mejora de las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía.Para Bolivia, cualquier planteamiento de despegue económico y social que acabe con la pobreza ancestral y cree los fundamentos de una economía con crecimiento sostenible, dependerá de un uso inteligente de esos recursos naturales. La capacidad de generar confianza para atraer el ahorro necesario en este proceso y las políticas de mejora de las infraestructuras físicas y del capital humano del país están en juego, constituyendo el mayor desafío en cuanto a las oportunidades. Como en la parábola de los talentos, sólo la sustitución de esa riqueza no renovable por otra que lo sea en el tiempo dará la guía del éxito.
Además, la riqueza energética puede ayudar a Bolivia a definir un papel relevante en la región, que en su conjunto tiene un potencial de desarrollo equiparable a las regiones emergentes más exitosas del mundo. El papel de la energía será decisivo en los procesos de integración regional.
Así, Bolivia, en esta coyuntura histórica, puede y debe conseguir llegar al bicentenario de su independencia como nación, con un sistema democrático incluyente y eficiente al servicio de los ciudadanos y con un nivel de desarrollo económico y social que supere un largo pasado de pobreza e inestabilidad. En la naturaleza de las cosas está la amenaza del fracaso en esta oportunidad histórica, pero la apuesta debe ser por el éxito de la empresa y, seguramente, un esfuerzo bien realizado para alcanzar un pacto nacional, un consenso básico, será un elemento vital para garantizarlo.
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