Pero la licencia irlandesa puede ser una fuente de conflictos. La concesión de 1996 está siendo investigada por un tribunal especial creado por el Gobierno de Irlanda para depurar presuntos casos de corrupción o fraude. Después de ocho años de trabajo, la previsión es que el fallo definitivo se produzca en el verano de 2006 y el problema para O2 son las consecuencias que se derivarían de una sentencia negativa.
Los cinco consorcios perdedores de la licencia están a la espera de esa resolución para acudir con ella a los tribunales ordinarios. De hecho, ya hay dos consorcios que han iniciado la vía judicial, pero la demostración de que hubo corrupción facilitaría mucho la tarea.
El objetivo de estos consorcios es recuperar lo que consideran que perdieron al verse privados, presuntamente con irregularidades, de la concesión de la licencia GSM. Y para poner cifras a sus pretensiones apelarán a la única valoración que hasta el momento se ha hecho de O2 Irlanda, que no es otra que el precio que pagó BT a O'Brian y a Telenor. Fueron 3.485 millones de euros los que se embolsaron los dos socios por vender la concesión, así que eso es lo que dejaron de ganar los perdedores, argumentan fuentes financieras.
A quien reclamarán el dinero es a O2, según estas mismas fuentes, porque ha heredado el litigio. Cuando BT compró Esat no se cubrió las espaldas contra esta contingencia y cuando segregó su filial de móvil traspasó todos los riesgos potenciales.
Otro escenario posible es la pérdida de la licencia, siempre que se demuestre que fue ganada de forma irregular. O2 se quedaría entonces con todas sus infraestructuras, pero sin frecuencias para utilizarlas.
Después de ocho años de investigaciones, la causa ha cobrado importancia recientemente porque el juez ha adelantado que está cerca de concluir y porque ha emitido un auto preliminar con revelaciones significativas.
En el documento fechado el 29 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, el juez alude a varios pagos presuntamente realizados por O'Brian o Telenor al ministro de Comunicaciones responsable de la adjudicación, Michael Lowry. También constata que las reglas del concurso cambiaron durante la concesión y que esta variación benefició al consorcio de Esat.
La firma británica confía en un desenlace positivo
Las razones por las que BT compró Esat sin protegerse de los riesgos judiciales son una incógnita. Lo que sí se sabe es que Telefónica es consciente de que el litigio existe. Sin embargo, la compañía ha preferido no comentar si ha tomado medidas y se ha limitado a hacer suyas las argumentaciones de O2 en el caso.
No son muchas las explicaciones que ha dado a lo largo de su corta historia la operadora británica, pero en su informe anual de 2002 y en el folleto de su segregación dedica un párrafo al litigio irlandés. O2 confirma que se ha puesto en marcha un tribunal especial para 'investigar indicios de corrupción relativos a decisiones tomadas por dos antiguos miembros del Gobierno, incluido Michael Lowry, el ministro responsable del proceso por el cual la licencia celular que tiene O2 en Irlanda fue originalmente concedida. El tribunal está examinando pruebas que sugieren que un antiguo presidente de O2 Irlanda podría haber hecho pagos, directa o indirectamente, a Lowry'.
O2 dice que no puede predecir el desenlace de este litigio. La firma, sin embargo, ha pedido asesoramiento legal y ha llegado a la conclusión preliminar, 'porque no se puede dar ninguna garantía', de que el resultado final del caso 'no llevará a una pérdida del derecho de O2 Irlanda de mantener su licencia ni afectará a su capacidad para llevar su negocio'. Sí reconoce, en cambio, que habrá publicidad negativa y, quizá, más vigilancia regulatoria en el futuro.
