La iniciativa, incluida en el temario que envió el Poder Ejecutivo para el período de sesiones extraordinarias, reduce la composición del Consejo de 20 a 13 miembros.
De prosperar la propuesta del oficialismo -que se trataría el próximo miercoles-, el Consejo de la Magistratura quedaría integrado por tres jueces del Poder Judicial y seis representantes del Poder Legislativo.
A ellos se sumarían dos abogados con matricula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un letrado del ámbito científico y académico.
Es decir, el Gobierno podrá contar con 5 integrantes afines: un representante del Poder Ejecutivo y cuatro legisladores oficialistas (dos del Senado y dos de la Cámara de diputados).
Actualmente, el Consejo está compuesto por un integrante de la Corte Suprema, ocho legisladores -cuatro diputados y cuatro senadores-, cuatro jueces, cuatro abogados, un representante de Poder Ejecutivo y dos letrados del ámbito científico y académico.
Además, el proyecto prevé un cambio al Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados de menor rango, que dejará de ser un órgano permanente y único y pasará a conformarse a medida que se presenten causas contra los magistrados.
* La lucha con el Gobierno, la Corte y el Senado
El Consejo de la Magistratura debió enfrentar este año a la Corte Suprema, la Casa Rosada y el Congreso, y profundizó así un perfil de 'rebelde'.
A sus históricas peleas con el máximo tribunal por cuestiones de competencia, sumó hace cinco meses una demanda contra el Poder Ejecutivo, que había transferido en favor de la Corte $500 millones de pesos que antes manejaba el Consejo, y ahora está envuelto en una lucha cada vez más dura con el Senado, donde avanza el proyecto, impulsado por Cristina Kirchner, que acentúa el poder del oficialismo en el cuerpo que elige a los jueces.
Para los consejores, este proyecto no es menos que una declaración de guerra. Más aún cuando le habían elevado un pedido de audiencia a la senadora Kirchner para hablar del tema y ella lo rechazó con la excusa de que ya habían sido escuchadas asociaciones de jueces, abogados y académicos. Efectivamente, éstas pasaron por el Senado y repudiaron el proyecto.
Entonces, el Consejo publicó una solicitada en los principales diarios en la que, tras lamentarse por tener que recurrir a la prensa para llegar al Senado, advirtió sobre el peligro para la independencia de la Justicia que implicaría la "inconstitucional" reducción propuesta, que, a su juicio, "deja librada al arbitrio de miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo" la actuación del Consejo.
"Si se aprueba este proyecto, el oficialismo va a tener un poder de bloqueo total, tanto para nombrar como para expulsar jueces", advirtió Beinusz Szmukler, consejero representante de los abogados. "Esta iniciativa tiene un objetivo político. Tal vez el oficialismo entendió mal la victoria electoral y cree que es un buen momento para avanzar sobre el Poder Judicial", agregó.
En el mismo sentido, el ex senador radical por Santa Cruz, Carlos Prades, que este año deja el Senado y el Consejo, sostuvo: "Su achicamiento implicaría no sólo la exclusión de las minorías, sino además la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda manejarlo". Y pronosticó: "Si lo reforman, van a poner los jueces que ellos quieran".
Hacer del Consejo un órgano más "dinámico" y "funcional" son los fines que esgrimen quienes impulsan la reforma.
Juan Carlos Gemignani es académico y desde la creación del Consejo, hace siete años, es uno de sus miembros. El descarta que la reforma obedezca a problemas funcionales. "Este cuerpo ha echado más jueces que el Senado en toda su historia. Sólo este año destituimos a cinco jueces y tres están acusados. Además, estamos al día en la remisión de ternas (para la selección de magistrados)", advirtió.
Para el vicepresidente del cuerpo, el abogado Eduardo Orio, "no es una cuestión de eficacia ni eficiencia, sino de independencia". "Quieren tener un poder hegemónico en todo, y también en el Consejo", denunció, y agregó: "Este es un tiempo de revancha", denunció Orio. Y explicó: "Se quiere someter a un órgano que nunca se sometió al Poder Ejecutivo".
