En el recuento por países, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de la organización Human Rights Watch, destacó como "preocupante" la situación en Venezuela, que, dijo, ha ampliado los controles sobre los medios.
En su opinión, la ausencia de independencia judicial en el país es la principal amenaza a la libertad de expresión en estos momentos.
En el lado contrario se encuentra Chile, que ha impulsado la libertad de expresión al eliminar medidas autoritarias heredadas de la dictadura del general Augusto Pinochet.
Chile introdujo este año una enmienda para poner fin a la ley que penalizaba las críticas a militares, miembros del Congreso y altos representantes del poder judicial, una de las leyes favoritas de Pinochet durante los últimos años de su mandato para acallar a sus críticos, destacó Vivanco.
Pese al progreso en algunos frentes, Casey lamentó "la persistencia de la violencia contra los periodistas y los medios, incluyendo el asesinato", así como la "impunidad" de la que disfrutan muchos de los que los perpetran.
La violencia, explicó el tesorero de la SIP, no procede sólo de narcotraficantes y grupos del crimen organizado, sino también, "desafortunadamente, de individuos corruptos de la administración pública, sobre todo en áreas rurales".
La SIP ha identificado también un aumento de la violencia contra periodistas por parte de pandillas en Centroamérica.
Por su parte, Carlos Lauría destacó la autocensura generalizada entre los miembros de los medios de Colombia y México.
Señaló que periódicos del norte de México, donde los carteles del narcotráfico han asesinado a varios periodistas, como El Mañana y El Imparcial han dejado de publicar reportajes de investigación sobre el crimen organizado y casos de corrupción ante el temor a represalias.
"México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para que los periodistas lleven a cabo su trabajo", dijo Lauría durante el simposio.
Con respecto a la situación en Argentina, los expertos lamentaron que el país no aprobase la ley para facilitar el acceso de la prensa a documentos públicos, aunque mostraron su esperanza de que la legislación reciba la luz verde en el futuro.