> tres años desde la crisis de la Convertibilidad en 2001/2002.
La crisis de 1980 fue una ‘corrida de depósitos’ provocada por el Gobierno Nacional vía una decisión política originada en el Ministerio de Economía a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz e implementada por sus representantes en el Banco Central, los directores Adolfo Diz, Alejandro Reynal, Enrique Folcini, Francisco Soldati, el almirante Andrés Cobas (personero del entonces jefe naval, Eduardo Massera), y los otros integrantes del Directorio.
Ellos representaban un liberalismo anacrónico y fuera del contexto de su evolución mundial, liderando las operaciones de colapso financiero con el soporte policial del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior que utilizaba a la Policía Federal Argentina como instrumento coercitivo para los arrestos ilegales.
Los cronistas oficiales de esta crisis, economistas adictos al régimen imperante en la época, (Roque B. Fernández: La Crisis Financiera Argentina 1980-1982 - CEMA, Octubre 1982), historiadores profesionales (Marcos Novaro / Vicente Palermo: Historia Argentina, Tomo 9) y periodistas especializados (Martín Kannenguizer: La Maldita herencia) entre varios otros, han relatado los acontecimientos
> como si fuesen compartimientos estancos de situaciones económicas particulares,
> con acusaciones hacia los protagonistas calificándolos como personajes pseudo-empresariales, advenedizos o delincuentes de la época (los banqueros involucrados),
> con descripciones de operaciones de vaciamiento premeditado de entidades financieras pasibles de ser robadas por operadores inescrupulosos, o
> como administraciones efectuadas por personeros de decisiones tomadas en los altos niveles del ‘Proceso’ a favor de intereses personales de sus mandantes (Kannenguiser).
La realidad siempre fue otra, como suele ocurrir habitualmente con las decisiones políticas y económicas en la Argentina.
Durante la administración Martínez de Hoz se estructuró una asociación ilícita entre el entonces ministro de Economía, el directorio del Banco Central y altos jerarcas de la Dictadura.
Breve historia del mercado financiero
La nacionalización de los depósitos bancarios establecida por Juan Perón, en 1946, impidió un mercado financiero y de capitales similar al que se organizó en los países desarrollados a partir del colapso de los años ‘30.
La primera apertura hacia alternativas de crédito externas al rudimentario sistema bancario existente hasta los años ‘60, fue la autorización otorgada por la administración de Arturo Frondizi a los bancos privados y oficiales a otorgar garantías a obligaciones de empresas en divisas contra el mercado internacional (avales bancarios).
Las emisiones devinieron en excesos que llevaron a la quiebra a algunas instituciones, y a situaciones de extrema gravedad a otras, que consiguieron sobrevivir gracias a ajustes y procesos de saneamiento muy estrictos con la ayuda del Banco Central (Ej.:Banco de Quilmes, Banco del Sur, Banco Popular Argentino, entre otros).
Los operadores locales extrabancarios eran las casas de cambio con licencia (y los cambistas informales o ‘paralelistas’). Luego estaban las financieras de capital propio que financiaban hipotecas, créditos personales y prendas a tasas usurarias. A partir de la promulgación de la Ley 18.061 de Entidades Financieras dictada durante la gestión de Adalbert Krieger Vasena, se buscó institucionalizar el mercado.
Luego de la devaluación del 40% efectuada por el ministro Krieger Vasena y la reglamentación de la Ley de referencia, se constituyeron dos sectores de operación dentro del mercado financiero en ciernes:
> Las empresas que operaban en el mercado mayor interempresario e interbancario (Promotora de Finanzas, Palmares S.A., Carlés S.A., entre otras), y las subsidiarias extrabancarias de los bancos extranjeros (Compañía Financiera de Londres, Corporación Financiera de Boston, etc.), y
> las de capital propio que continuaron practicando la usura, ahora de manera institucionalizada, (Finank S.A. –hipotecas-; Finamérica S.A. –prendas automotrices-, etc.), éstas últimas posteriormente fueron ingresando lentamente al mercado mayor.
Las primeras conformaron ADEFEI (Asociación de Empresas de Finanzas e Inversión), y las segundas, la Cámara de Entidades Financieras de la República Argentina.
Años más tarde, ADEFEI desapareció, y todas las entidades se aglutinaron en la Cámara permitiendo a los fundadores participar del mercado grande institucionalizado.
Hasta la devaluación de Krieger Vasena y la promulgación de la Ley de Entidades Financieras, el mercado interno operaba con un instrumento casi exclusivo que era el pagaré comercial. A partir de la Reglamentación de la Ley nació el mercado de aceptaciones bancarias, conducido y operado por el grupo de empresas pertenecientes a ADEFEI.
A consecuencia de la devaluación, las tasas de interés cayeron desde un rango entre el 30% al 36% anual a un 18% hasta el 21% anual. Este instrumento, la aceptación bancaria, al operarse en grandes volúmenes compensó la caída de la rentabilidad en los márgenes operativos de las intermediaciones financieras.
Hasta la reforma financiera de 1977, los productos operados en el mercado fueron los pagarés comerciales, las aceptaciones bancarias, que fueron en progresiva disminución hasta casi desaparecer, y el desarrollo del crédito hipotecario, prendario y para consumo familiar.
Complemento importante de las operaciones fue la incorporación del mercado de títulos públicos, inicialmente en los ’60, con los Bonos 9 de Julio con respaldo oro y posteriormente con los Bonos Externos (BONEX), los Valores Nacionales Ajustables, (VANAS) y los Bonos de Inversión y Desarrollo (BID), los cuales fueron compensando la disminución operacional de las aceptaciones.
Al momento de la Reforma de 1977, las aceptaciones casi no se operaban. Se operaban los pagarés y las Letras de Cambio a 29 días ‘roll over’. En general, el mercado de aceptaciones se comercializó en el circuito financiero mayorista para las aplicaciones de los excedentes de caja estacionales de las grandes empresas locales y extranjeras con pactos de recompra de 48 horas en más.
En 1977, la gran operatoria estaba en el ‘trading’ de bonos o en las cauciones de 24 horas en adelante, a consecuencia de la tremenda valorización bursátil de los títulos públicos (2% a 3% diario).
A partir de la reforma, las líneas de crédito a los sectores de la producción fueron soportadas por las entidades financieras, y financiadas con los depósitos, particularmente los CDT (certificados de depósitos transferibles), los cuales reemplazaron como instrumento de colocación en los saldos estacionales de caja de las grandes empresas a las aceptaciones bancarias, las letras a la vista y las cauciones de bonos. (Se emitían depósitos a 90 ó 180 días que se colocaban a una semana con pacto de recompra para generar liquidez en las entidades captando los excedentes de caja de las empresas y, simultáneamente, por porcentajes se colocaban al menudeo en el mostrador de las entidades bancarias minoristas, en particular las extranjeras, para colocaciones ‘a finish’).
La reforma de 1977
Del espíritu de la letra de la Ley 21.526 surge que las restricciones a la apertura de sucursales fueron eliminadas, pero en la práctica esto no fue así ya que
> el poder discrecional y discriminatorio de los directores del Banco Central (a menudo con conflictos de intereses con los miembros del sistema financiero, en particular como ex empleados del Banco de Galicia o el Banco Francés - JP Morgan.), y
> los funcionarios ‘de línea’ del BCRA aplicaban la discriminación o el ‘peaje’ para el otorgamiento de las licencias o la expansión de sucursales. En mi caso tuve que comprar dos entidades menores y un banco del interior en las zonas de influencia que me interesaban porque el Banco Central nunca respondió a mis pedidos de autorización de sucursales. Recién conseguí autorizaciones para la expansión en 1979 pero en 1980, el vicepresidente 1° del BCRA, Reynal, me obligó coercitivamente y bajo amenazas, a renunciar a ellas.
La estrategia del ministro Martínez de Hoz con la Reforma de 1977 fue propender a la concentración bancaria en la banca tradicional y la banca extranjera.
La implementación de la Cuenta de Regulación Monetaria diseñada desde el Banco Central por Ricardo Arriazu, estableció que, por intermedio de ella, y en forma conjunta con los requerimientos de efectivo mínimo a ser mantenidos por las entidades financieras, se controlara tanto la liquidez como la capacidad de préstamos del sistema. Fue determinado como porcentaje inicial de efectivo mínimo el 45% sobre la totalidad de los depósitos de las entidades financieras, porcentaje que se iría reduciendo progresivamente en la medida en que el equilibrio del sistema -regulado por las necesidades estacionales o permanentes de fondos por parte del Estado-, así lo requiriera.
Los fondos así inmovilizados serían compensados vía una tasa determinada con antelación por el BCRA, diferenciada según el origen de los plazos de imposición a que respondiere cada uno de los depósitos.
Aquellos depósitos que no requerían contribución de interés por parte de las entidades -tal el caso de los depósitos a la vista en cuentas corrientes-, abonarían una tasa de cargo cuyo resultado atendería la compensación a pagar por el Banco Central a los plazos fijos.
La premisa subyacente en este modelo diseñado por Arriazu (hombre de teoría antes que de acción, y de dudosa capacidad de acierto) fue que el porcentaje de depósitos a la vista se mantendría en los niveles históricos y que, en consecuencia, los cargos a cobrar serían similares en magnitud a las compensaciones a pagar.
Pero todo modelo que pretenda explicar un determinado fenómeno, a través de la extracción de variables representativas, tiene validez en tanto el comportamiento de las variables responda a las premisas básicas iniciales y que la correlación entre dichas variables sea la predeterminada.
De no ser así, el modelo y los resultados carecerán de validez para predeterminar lo que acontecerá y para determinar lo acontecido.
Es la diferencia entre los resultados proyectados desde el pizarrón de Arriazu y la realidad del mercado.
La estructura de depósitos no se mantuvo indiferente, por cuanto el mercado de depositantes percibió el enorme costo de oportunidad que significaba mantener en cuentas corrientes a la vista ingentes cantidades de dinero cuando, alternativamente, por esos mismos depósitos, podían obtenerse, a plazos muy cortos, interesantes tasas de interés.
Ocurría que la tasa de interés tenía un piso inamovible a consecuencia de la demanda inelástica de fondos exigida por el Estado y sus empresas para cubrir el déficit fiscal y los déficit operativos.
Esta nueva situación se produjo al modificarse simultáneamente por parte del Banco Central los períodos mínimos de imposiciones para los plazos fijos de 30 días a 7 días en adelante.
La directa consecuencia de esta transformación en la estructura de los depósitos del Sistema fue la generación de la mayor causa de déficit del Tesoro Nacional en la época.
Entonces, la Cuenta de Regulación Monetaria, lejos de constituirse en un mecanismo de control político y estabilización monetaria, se convirtió en un instrumento de expansión distorsiva y en un instrumento deficitario explosivo.
Otro cambio de la Reforma del ‘77 fue el Régimen de Garantía de los Depósitos.
Los préstamos que se efectuaban anteriormente a través de pagarés o letras de cambio a la vista o con vencimiento cierto, fueron absorbidos a partir de la Reforma por las entidades financieras mediante la emisión de certificados de depósito a tasa libre.
Según el trabajo de Roque Fernández (La Crisis Financiera Argentina 1980-1982 - CEMA) ocurrió un vertiginoso crecimiento en los depósitos bancarios de un 86% desde 1977 a 1980.
Ese trabajo informó que una tendencia similar a la de los depósitos sucedió en el endeudamiento externo, que creció significativamente en ese período, aunque no en los niveles catastróficos observados durante la gestión de Fernández en el Banco Central y en el Ministerio de Economía durante los ‘90.
El fracaso de un modelo
Según Fernández, la evolución del endeudamiento externo argentino fue consecuencia de "la apertura financiera dentro de un marco relativo de estabilidad y credibilidad como fue el período que va desde 1977 hasta 1980".
Más adelante justifica el aumento de los créditos internacionales hacia América latina en la liberación de fondos de aplicación de los bancos estadounidenses debido a la recesión imperante en USA, justificando una suerte de falta de ‘expertise’ de los nuevos bancos internacionales que aplicaron fondos disponibles sin tener el ‘know how’ de la banca tradicional. (¿?) Según Fernández, el reflujo de fondos hacia los países de origen de esos capitales se produjo cuando los banqueros audaces o irresponsables de los países de origen percibieron que sus inversiones fueron realizadas en áreas problemáticas. Este reflujo de fondos (la fuga de divisas) provocó una desmonetización de la economía que obligó a liquidar entidades financieras cuyos activos no crecieron en valor tanto como sus pasivos. (¿?)
Fernández no menciona la pavorosa especulación financiera generada por la ‘tablita cambiaria’, a través del ingreso de divisas como créditos o como inversión directa de bancos y especuladores internacionales que invertían en certificados de depósito del Sistema Financiero a una tasa de interés exponencial arbitrada contra un tipo de corrección cambiaria pautada de antemano y que afectó a los factores de producción y al propio sistema financiero.
Tampoco consideró los US$ 10.000 millones ‘invertidos’ en la hipótesis de conflicto con Chile, en 1978, ni los US$ 10.000 millones que costó la crisis financiera post Banco de Intercambio Regional, de la cual sólo contabiliza US$ 2.000 millones en ‘adelantos transitorios para situaciones iliquidez’ (Circular 1051 y posterior 111).
Fernández anuncia, en la página 11 de su trabajo, que a pesar de que es difícil precisar el inicio de la liquidación de entidades promovida por el ministro Martínez de Hoz, se puede tomar como "fecha clave" el 28 de marzo de 1980, día de la liquidación del Banco de Intercambio Regional S.A. que, según sus palabras, era el banco privado "más importante" del país.
Creo poder aportar algunos esclarecimientos a la secuencia de liquidaciones de entidades financieras y bancos ejecutadas durante el ‘Proceso de Reconstrucción Nacional’, y dentro de las cuales fui afectado personal, judicial e institucionalmente.
Los antecedentes del derrumbe
Existen tres antecedentes institucionales relacionados con la crisis financiera de 1980:
> el caso Pazmallmann S.A.,
> el caso del Banco Hurlingham S.A. y
> el caso Promosur Compañía Financiera S.A.
1. En los prolegómenos del golpe cívico-militar de 1976, Arturo Mallmann, titular de la firma de corredores de Bolsa y de la empresa de inversiones Pazmallmann S.A., fue convocado –tal como lo relató en el opúsculo que escribió años después-, por un oficial de la Armada jubilado, a reuniones conspirativas en las que se indagaba su posición con respecto a los problemas del país.
Él escribió sus opiniones, de buena fe, acerca de los problemas nacionales sin darse cuenta que había sido condenado por anticipado.
El 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe de Estado fueron allanadas las oficinas del holding empresario y detuvieron a Arturo Mallmann.
El jefe de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, firmó un decreto poniendo al detenido ‘a disposición del Poder Ejecutivo’, bajo la calificación de "Delincuente Subversivo Económico".
Respaldados en ese decreto y en los acuerdos de las Fuerzas Armadas argentino-uruguayas para la lucha antiguerrillera (‘Plan Cóndor’), fueron allanadas en Uruguay las oficinas de PazMallmann Montevideo S.A., porque "los servicios de información argentinos habían detectado el nido financiero de la subversión argentina".
El episodio terminó en un papelón para el Gobierno porque el "nido" no existía y los inversores financiaban con sus fondos desarrollos agrícolas y ganaderos en el noroeste argentino. Detrás del operativo, conduciéndolo, estaba el inepto y corrupto general Albano Harguindeguy, uno de los más depredadores que desarrolló el ‘Proceso’. Por supuesto que el allanamiento en Uruguay fue ‘convalidado’, después de efectuado, por el propio Mallmann, bajo ‘apriete’ en el Departamento Central de Policía, y nunca hubo un sumario administrativo instruido por el Banco Central. Tampoco la Dirección General Impositiva se consideró afectada por la empresa ni por los inversores. Entonces, la Justicia Federal Penal nunca emitió un fallo al respecto.
Arturo Mallmann falleció meses atrás, a 30 años de aquellos hechos.
Ninguna organización defensora de los Derechos Humanos, ningún exponente del liberalismo defensor de la propiedad privada, el Estado de Derecho y las garantías jurídicas ni ninguna cámara gremial empresaria se ocupó del caso.
2. Juan Chavanne era -en noviembre de 1976- un vendedor exitoso de predios para turismo y loteos. Él había desarrollado un marketing de venta directa. En ese mes de noviembre Chavanne fue visitado en sus oficinas, por el escribano Horacio Oyhanarte y el abogado López Resende, quienes le ofrecen en venta el Banco Hurlingham S.A.. El banco era propiedad de Isidoro Miguel Graiver y Lidia Papaleo. Chavanne se interesó en el negocio porque un banco mediano era un vehículo ideal para el financiamiento de sus negocios inmobiliarios.
Él comprendió que el negocio era complicado, pues la familia vendedora estaba seriamente cuestionada por sus presuntas vinculaciones financieras con Montoneros. Entonces él contrató, para asesorar a los intermediarios, a Julio Oyhanarte. Chavanne era asesorado por el estudio jurídico M&M Bomchil, quien debía determinar las características de la compra, teniendo en cuenta la situación y el momento político. La responsabilidad de auditar el banco -si se decidía la compra-, sería del estudio contable López, González & Raimondi Asociados. Todos ellos coincidieron en que la compra era viable y ventajosa. La fecha de cierre de la compra se fijó para el 27 de diciembre de 1976. También se estipularon dos condiciones recomendadas por los asesores:
> La auditoría y
> La aprobación de la transferencia por parte del Banco Central.
Los resultados de la auditoría fueron satisfactorios, pero el Banco Central objetó la carencia en el grupo comprador de capital líquido para desarrollar el banco y la falta de idoneidad de los compradores para operarlo. La primera objeción fue superada con la incorporación del grupo empresario Industrias Siderúrgicas Grassi S.A. a través de su principal accionista. La segunda a través de la contratación de una gerencia profesional integrada por Alejandro Reynal, Miguel Pérez, Carlos Etcheverrigaray y Rafael Seragopian, quienes provenían de la banca Morgan, y casual (o causalmente), varios de ellos tuvieron, directa o indirectamente, el manejo operativo-funcional de la crisis financiera de 1980 desde el Banco Central.
Ya perfeccionada la operación se conformó el nuevo directorio.
A los 30 días, el banco fue intervenido por la CONAREPA (Comisión Nacional de Reparación Patrimonial, dependiente de la CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, que sustituyó, bajo la dictadura, las funciones del Poder Legislativo).
Entonces se designó presidente al general Alfredo Gabriel Casino, y el Hurlingham fue co-administrado por el Banco Central, a través de sus veedores históricos, de apellidos Maino, Ilundain y Zemborain.
El grupo comprador nunca pudo, desde que asumió, otorgar un crédito, ni autorizar un giro en descubierto para algún cliente.
Los créditos solicitados por accionistas, cuando se efectuaron, debieron garantizarse siempre en exceso con garantías reales hipotecarias. Frente a esta situación de ingobernabilidad, el paquete mayoritario del banco fue vendido el 29 de junio de 1978 a Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.
En julio de 1978 ingresó una denuncia anónima (metodología habitual para abordar a un grupo económico previamente sentenciado) a la Comisión Nacional de Valores contra Industrias Siderúrgicas Grassi S.A., objetando la compra del paquete accionario del banco en US$ 10 millones, debido a que, según la denuncia, la inversión no estaba considerada en los estatutos societarios. A partir de la denuncia, comenzó una contienda, de perfiles ásperos, entre la Comisión Nacional de Valores e Industrias Siderúrgicas Grassi S.A..
En setiembre de 1978, Juan Chavanne, su esposa Sharon, el Sr. Grassi y otros, fueron secuestrados de las oficinas del estudio Jurídico de Mario Satanowsky, a quien también se lo llevaron.
La permanencia en Campo de Mayo, transcurrió desde el 14 de septiembre de 1978 hasta el 26 de diciembre de 1978. Durante ese período los protagonistas, encapuchados, sufrieron larguísimos interrogatorios ante un auditorio numeroso.
Una vez ‘blanqueada’ la detención, la Fiscalía nunca llamó a declarar a los asesores jurídicos Julio Oyhanarte, M&M Bomchil, y los contadores López, González & Raimondi.
La realidad del caso Banco Hurlingham S.A. fue que dos grupos empresarios querían apropiárselo.
> Uno de ellos presionaba a través del Banco Central, utilizando a su entonces vicepresidente 1º de ese momento, Christián Zimmermann (un funcionario de ‘la línea’ del Banco de Galicia). Se trataba del Banco Ganadero, de la familia Ocampo.
> Otro era un grupo vinculado a la Armada Argentina (en particular al almirante Massera).
El secuestro fue una operación combinada de la Armada y el Ejército, comandada por Raúl Guglielminetti.
Ninguna organización defensora de los Derechos Humanos, ningún exponente del liberalismo defensor de la propiedad privada, el Estado de Derecho y las garantías jurídicas ni ninguna cámara gremial empresaria se ocupó del caso en casi 30 años.
3. Promosur Compañía Financiera fue liquidada en febrero de 1980. Fue la antesala de la crisis de abril de 1980. Quise escuchar el relato de los protagonistas sobre su caso, pero nunca demostraron interés en hacerlo. Tal vez porque cuando les sucedió eran muy jóvenes y en estos años han logrado olvidarlo. O tal vez por miedo...
Respecto del Banco de Intercambio Regional S.A. es interesante conocer algunos aspectos:
A mediados de marzo de 1980, algunos directores del BCRA difundieron versiones de que había cuatro bancos en problemas:
> de Intercambio Regional,
> de Los Andes,
> Internacional y
> Oddone.
Hasta entonces, el único banco en una reestructuración consentida por el Ministerio de Economía y el Banco Central, era el Banco de Intercambio Regional S.A., al que, hacia diciembre de 1979, el ministro Martínez de Hoz había ‘asignado’ a uno de sus promotores publicitarios en USA, y que ya estaba técnicamente en quiebra con su compañía exportadora de porotos, Raúl Piñeyro Pacheco.
Él se jugó a asumir el Banco de Intercambio Regional S.A.
Ya que no reunía las condiciones de idoneidad para asumir, armó un directorio ‘aceptable’ para el Banco Central y las autoridades económico-militares de la época. Rafael Trozzo, propietario original, ya había huido hacia México. Aquel directorio fue integrado por Mariano Grondona, Wenceslao Bunge, Eduardo y Luis Patrón Costas, Carlos Cámpora Mitchell, Juan Bautista Peña (h) y Martín Lecuona de Prat.
Una vez dentro del Banco de Intercambio Regional, para determinar su viabilidad, Piñeyro Pacheco contrató un estudio de factibilidad a la consultora estadounidense Arthur D. Little & Co., la que finalizó su informe en febrero de 1980. Ella concluyó que el BIR era recuperable, y el informe fue remitido al Directorio del BCRA y al ministro Martínez de Hoz.
El último día hábil de marzo de 1980, viernes, el Directorio del Banco Central, en un operativo sorpresa, decretó la liquidación del BIR, el principal banco privado nacional, sin que éste hubiera entrado en cesación de pagos ni estar ‘en rojo’ en su cuenta del BCRA. Debido a esta situación, nunca el Banco Central pudo perfeccionar su quiebra. Después de la liquidación comenzó a plantearse el reclamo, a través de los medios de comunicación social, de los inversores en plazos fijos nominados en dólares del BIR.
El Ministerio de Economía y el Banco Central decidieron no pagarlos aludiendo a que habían sido robados por Trozzo y sus sucesores, a pesar de que inicialmente se declaró públicamente lo contrario.
La realidad fue que los fondos de los depositantes en moneda extranjera del BIR estaban invertidos en depósitos a plazo o en cuentas corrientes de bancos estadounidenses de primera línea previamente autorizados por el BCRA.
La liquidación compulsiva se ordenó el 28 de marzo de 1980, y Martínez de Hoz instruyó personalmente al liquidador designado por el Banco Central, Jerónimo Corazin, prestigioso funcionario de carrera del BCRA para que vendiera las divisas equivalentes a la mitad de los depósitos convirtiéndolos en pesos: "Se trata de cambiar la posición de una moneda fuerte, (el dólar), por otra moneda fuerte, (el peso)". (Información proporcionada por ejecutivos del ex BIR).
Luego de disponerse las devaluaciones del peso de 1981, fueron licuados los dólares de los depositantes.
Entretanto el Gobierno continuó, a través de la prensa y comunicadores sociales como Bernardo Neustadt y el diario ‘Ámbito Financiero’, denunciando a "los banqueros ladrones".
Tomé conocimiento de la liquidación del BIR a última hora, partiendo hacia Capilla del Señor, a visitar mi haras. Durante el fin de semana me pregunté qué habría pasado. Raúl Piñeyro Pacheco, introducido a Martínez Hoz por Mariano Grondona, era un socio del régimen. El informe de la consultora estadounidense había determinado la viabilidad de la entidad.
Mi historia
El lunes a la mañana llamé por teléfono a mi asesor legal, Emilio Cárdenas:
Oddone: -Emilio, ¿Qué es esto del BIR?
Cárdenas: -No lo sé. Lo único que sé es que el viernes a la noche, en el Directorio del Banco Central, se brindó con champagne.
Oddone: -Pero, ¿se brindó por la liquidación del BIR?
Cárdenas: -Sí, se brindó por la liquidación del BIR.
El lunes al mediodía comenzó la debacle del sistema financiero, desencadenada por el ‘Proceso’. Al abrir las puertas de los bancos, los depositantes ya estaban formados y empezaron a retirar los depósitos de los bancos.
> Puse a funcionar los teléfonos y las teletipos contactando a los colegas en todo el país. En todos lados ocurría lo mismo: los depósitos se iban, aunque en el interior era más lento. Los bancos colegas decían que habría que recurrir al ‘call money’ si la tendencia se mantenía dos o tres días. Banco Oddone era uno de los principales operadores en ese mercado y pusimos manos a la obra.
> Nuestros proveedores de dinero interbancario, eran los bancos privados provinciales y los cooperativos. Ni los bancos estatales ni los grandes bancos tradicionales, ni los bancos extranjeros nos daban préstamos interbancarios pues no pertenecíamos al ‘club’. (Narciso Ocampo, presidente del Ganadero y de la Asociación de Bancos Argentinos, objetó el ingreso de Banco Oddone a la entidad gremial, y me asocié a la Asociación de Bancos del Interior, ABIRA).
> Logramos cubrir los vencimientos con ‘call money’ y recursos propios.
> Hablé con Ángel Pini, ‘Cholo’, director y accionista del Nuevo Banco Italiano. Su banco estaba igual que nosotros, pero a ellos les estaba dando ‘call’ el Nación, el Provincia de Buenos Aires, la Caja, el Hipotecario y el Nacional de Desarrollo.
> Me reuní con el director Financiero y el jefe de Mesa y decidimos hablar al Banco de la Nación y a Citibank.
> El Nación nos dijo que, por instrucciones de su presidente, sólo nos darían fondos contra obligaciones de compañías multinacionales o las 10 compañías argentinas más grandes. El presidente del Nación Argentina era Juan Ocampo, hijo de Narciso, presidente de ADEBA, ambos dueños del Banco Ganadero Argentino S.A., y por supuesto que era un claro conflicto de intereses. Años más tarde, al momento de quebrar, el Ganadero fue absorbido silenciosamente por el Banco Río de la Plata S..A. en un acuerdo privado entre el Banco Central y ADEBA.
Citibank, presidido en esos días por Carlos Correa, respondió que no estábamos calificados para una línea de crédito...
El jueves 3 comenzó el feriado de Semana Santa. Ese día, el Directorio del Banco Central difundió la Circular 1051 de redescuento extraordinario, para situaciones transitorias de iliquidez.
El lunes 11 de abril comenzó la verdadera debacle. Las calles del microcentro hervían. Grupos de personas se reunían frente a los bancos mientras gritaban que se caían los bancos Los Andes, Internacional y Oddone.
El entonces vicepresidente 1º del Banco Central, Reynal, comenzó a convocarme todos los días. Cuando él no me recibía, me atendía el vicepresidente 2º, el almirante Cobas.
Y llegó la intervención ilegal, luego de la extorsión que me hiciera Reynal para solicitarla. A los funcionarios del Banco Oddone se les obligó a llamar a los clientes para que cerraran sus cuentas corrientes y retiraran sus plazos fijos en un vaciamiento institucional de los depósitos del banco.
Hacia agosto, Banco Oddone estaba vacío. El plan de encuadramiento presentado por mí fue ocultado por Reynal. Recién apareció años más tarde, ya sin sentido, excepto como prueba de la mala fe del Directorio del Banco Central.
La primera Reestructuración Financiera estaba en marcha y en los meses siguientes serían liquidados casi 200 bancos y entidades financieras, concediendo el manejo irrestricto de los activos y fondos a los funcionarios de ‘la línea’ del BCRA, bajo la supervisión de su Directorio.
A casi 26 años de los hechos, la Corte Suprema dice que no he podido probar la extorsión de Reynal, y al parecer los ministros nunca se enteraron de qué ocurría en los tiempos de la dictadura militar.
La Corte también afirma que el Banco Oddone era impotente desde el punto de vista patrimonial para superar la crisis, pese a que hoy el Banco Oddone, liquidado hace casi 26 años, es el único banco con patrimonio neto positivo del mercado financiero.
La Corte también sostiene que la Ley 22.267, dictada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo del ‘Proceso’, que legitimó las intervenciones ilegales, es constitucional, ya que "vino solamente a explicitar facultades que con anterioridad le confería en forma explícita, (al Banco Central), el sistema normativo que regía en la materia para encauzar y mantener en los carriles de la legalidad a entidades como la del sub lite, (el Banco Oddone S.A.)".
Resulta ridículo el argumento.
Ni los jueces de primera Instancia, ni las Cámaras Federales, ni la Corte Suprema de Justicia han aplicado los temperamentos usados con el Banco Oddone cuando debieron intervenir en otros casos del sistema bancario durante y luego de las crisis de 1980, 1995 y 2001 / 2002.
Los bancos accedieron a irrestrictos aportes de fondos del BCRA, facilidades contables para sus activos financieros en ‘default’ para viabilizar sus balances y facilitar la adquisición de entidades extranjeras en fuga o domésticas en quiebra con fondos aportados por el propio BCRA.
Ninguna organización de defensora de los Derechos Humanos, ningún exponente del liberalismo defensor de la propiedad privada, el Estado de Derecho y las garantías jurídicas ni ninguna cámara gremial empresaria se ocupó del caso en casi 26 años.
Acaba de fallecer quien fue el vicepresidente del Banco Oddone, el abogado Santiago Martinucci Yriart, quien fue además mi amigo personal y Director de mis empresas por más de 40 años además de representar al Banco Société Générale y al Instituto Francés del Petróleo, entre otros. Él no pudo ver un desenlace justo de la aberración jurídica que sufrimos y continuamos soportando.
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