La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha dado instrucciones a los clubes de que no acudan a ninguna reunión convocada por la Federación Española de Fútbol (FEF).
Esta decisión obedece a la falta de acuerdo entre ambos organismos y puede poner en peligro el inicio del campeonato de Liga.
La FEF, por su parte, ha convocado a una reunión con las federaciones territoriales para estudiar la situación.
En estos momentos, la tregua pactada el 31 de julio en el Consejo Superior de Deportes (CSD) entre Ángel María Villar (presidente de la FEF) y Jose Luis Astiazarán presidente de la LFP), ante la presencia de Jaime Lissavetzki, secretario de Estado para el Deporte, y del presidente de la AFE, Gerardo González Movilla, supeditada a alcanzar un principio de acuerdo sobre el reparto de las competencias, se puede dar por terminada.
Esto significa que, desde el punto de vista de la FEF, para poder jugar la Liga cada uno de los clubes profesionales de primera división deberían abonar € 174.000, y € 78.000 los de segunda.
Los clubes ya han anunciado que bajo ningún concepto van a pagar esta cantidad y que, llegado el caso, participarían con las licencias que otorga la LFP, aunque no sean validadas por la FEF.
La patronal entiende que ya aporta suficiente subvención al fútbol modesto con la cesión gratuita de los jugadores a la Selección.
Arbitraje
Otro de los principales puntos de desacuerdo es el control del arbitraje, que la FEF entiende que debe estar dentro de su órbita de gobierno.
Tras la rotura del convenio de colaboración, está regulado por la Comisión de Arbitraje Profesional, como establece el Real Decreto de Federaciones Deportivas, integrado por un miembro de la FEF (Victoriano Sánchez Arminio), otro de la LFP (Antonio Jesús López Nieto) y un tercero consensuado (Antonio Martín Navarrete).
La exigencia del pago de las cuotas por parte de la FEF sería con carácter retroactivo, es decir, que afectaría a la temporada 2004-05.
Esto implica que, según establece el reglamento, ningún club puede participar en la competición en curso si no está al orden del pago de estas cantidades.
La misma reglamentación establece que en esas circunstancias no se pueden tramitar las licencias de los jugadores.
Ante el temor, por parte de los clubes, de que no se les dejase empezar el campeonato de Liga, la LFP, en una asamblea extraordinaria, acordó recurrir esta decisión ante el CSD y, con posterioridad, si fuese necesario, acudir a los tribunales ordinarios de justicia para pedir su nulidad.