La verdad es que, para muchos de sus pares, Alberto Fernández es indendible: sus gastos personales, su patrimonio... probablemente no por los sobresueldos sino, como dice Elisa Carrió, por su reprobable gestión en la Superintendencia de Seguros, el Grupo Bapro, etc.
Pero la cuestión es la ley secreta que habilita el manejo de fondos reservados para las áreas de "seguridad e inteligencia".
Aníbal Fernández defendió la confidencialidad de esas asignaciones. Sin embargo, cabe preguntarse entonces: ¿por qué se quiere someter a juicio político al juez federal Juan Galeano por haber utilizado partidas de "seguridad e inteligencia" de la Side para comprar información a un sospechoso?
Galeano utilizó dinero que le dio la Side para intentar comprarle información a Carlos Telleldin sobre la 'conexión local' del atentado contra la Amia, y esa información tendría la forma de un libro.
Alguien podrá sostener, desde la cercanía de Cristina K, quien ha tomado el tema como algo personal vaya uno a saber porqué ya que su ignorancia en estas cuestiones es antológica, que Galeano utilizó ese dinero sin informar que era una partida de seguridad e inteligencia.
¿Y? ¿Cuál es el problema?
La propia legislación que se aplica para esos gastos resulta de una legislación secreta porque no puede ni debe andarse informando por allí acerca de esos fondos, y es lo que acaba de corroborar Aníbal Fernández con sus dichos para defender a Alberto Fernández.
Por lo tanto, el pedido de juicio político a Galeano carece de lógica: aplica dinero de una partida de seguridad e inteligencia a la compra de información, ¿dónde está el delito, según lo acaba de explicar Aníbal Fernández?
Todo esto corobora que el 'caso Galeano' encubre otras cuestiones, probablemente otras investigaciones que realizaba el juez federal.
