Aún con una estimación muy conservadora de lo que implican todos estos reclamos sobre las finanzas públicas, se puede demostrar que superan con holgura el superávit actual. Por eso, más allá de la situación de corto plazo, tenemos que asumir que la devaluación terminó con la convertibilidad, pero no con las causas que llevaron a su final: la propensión del Estado a gastar más de lo que recauda.
-Ud. habla de dos pujas distributivas: la que se produce entre la Nación y las provincias y la que existe por el ingreso entre las personas. Ambas son explosivas política, económica y socialmente. ¿Qué puede hacerse para morigerar las pujas distributivas en la Argentina, cuando el horizonte no es de una tasa de actividad equivalente a las del pasado cercano? ¿Solamente una elevada tasa de actividad puede impedir la puja distributiva, o la tasa de actividad no es determinante en el fenómeno, e intervienen otras cuestiones?
-A mi juicio son dos problemas distintos. La puja nación provincias se resuelve estableciendo una distribución mas clara y transparente de responsabilidades. Para ello no hay que ser muy innovador. Alcanza con aplicar la Constitución Nacional. Las intervenciones de la Nación en forma superpuesta con responsabilidades que, en la letra de la Constitución, son de las provincias han dado muy malos resultados. En lugar de un esquema donde todas las jurisdicciones (nacional, provincias y municipios) se inmiscuyen en todo pero no se hacen responsables de nada, hay que pasar a otra donde quede claro quién tiene que garantizar los servicios a los ciudadanos.
Por otro lado, el mejor remedio para aliviar las tensiones sociales es aumentar la cantidad y calidad de los empleos disponibles. Para esto, la condición necesaria es crecer a tasas elevadas y la condición suficiente es reformar las instituciones laborales. Ahora bien, sin un marco de equilibrio fiscal sostenible, ni reglas claras, estables y racionales no tendremos las inversiones necesarias como para sostener un proceso de este tipo.
-En la Argentina parece existir un problema sin solución: el Estado tiene una necesidad de gasto incompatible con la capacidad de financiamiento voluntario de los contribuyentes. A simple vista, no podría encararse una reforma impositiva sin una reestructuración del gasto, pero nada de esto parece dispuesto a abordar la dirigencia del sector público. ¿Qué proyección hace usted?
-Hay poderosos incentivos a favor de la irresponsabilidad fiscal. Es lo afirmado anteriormente respecto a la perversa relación entre la Nación y las provincias donde está desalineada la ligazón entre quién recauda y quién gasta. Mientras esto se mantenga las proyecciones no pueden ser alentadoras.
-Ud. afirmó: "La devaluación aparenta ser el remedio para la crisis fiscal. Sin embargo, ‘resolvió’ el desequilibrio de las cuentas públicas licuando salarios públicos y jubilaciones". Ahora se observa una presión para recomponer niveles de ingresos en el sector público, lo que demuestra que la devaluación fue un remedio de superficie, de corto plazo. ¿Esto lleva a otra devaluación? ¿Es eso lo que estamos discutiendo en la Argentina?
-La devaluación es la manera más expeditiva, ineficiente e inequitativa de introducir un ajuste fiscal. Por ahora, no se trata de un problema inmediato ya que todavía estamos gozando los ‘beneficios’ de la anterior devaluación. Pero si no corregimos los problemas estructurales de la organización del sector público, seguramente, en el futuro vamos a tener que apelar a nuevas devaluaciones o, lo que es lo mismo, a nuevas caídas en términos reales de salarios y jubilaciones.
-¿Cómo se compatibiliza la Ley de Responsabilidad Fiscal con los reclamos salariales públicos y jubilaciones, en un escenario de poder decreciente del Estado, si se consideran las movilizaciones piqueteras y la violencia creciente?
-Mi sensación es que esta ley puede ser un nuevo acto de irresponsabilidad fiscal. Con las actuales reglas de juego las señales para los gobiernos provinciales son muy claras: mientras peor administren, más asistencia financiera del gobierno nacional tendrán. En este contexto, ¿por qué un gobernador se va a preocupar por aumentar sus recursos propios o manejar mas racionalmente el gasto? Todo lo contrario, sus mayores esfuerzos seguirán estarán destinados a congraciarse políticamente con el gobierno central y presentar las cuentas fiscales de la manera mas dramática posible.
-¿Cuáles son los cambios más necesarios y efectivos en la estructura del gasto público?
-El punto clave y central es volver a la Constitución Nacional. Que cada jurisdicción se haga cargo de sus funciones y no eluda responsabilidades. Los ciudadanos tenemos que tener claro quien es el responsable político de que una familia pobre no reciba asistencia, un chico no acceda a buena educación, o un jubilado no reciba un haber digno.
-¿Cómo sería una estructura impositiva más eficiente, considerando el problema en avance en la sociedad argentina que es la violencia en la puja distributiva?
-La clave pasa porque todos paguen. Esto requiere menos impuestos, más simples y a tasas mucho mas bajas. De todas formas, el punto neurálgico está en la modernización de la administración tributaria y, dentro de ella, incentivar la bancarizacion de todas las transacciones económicas. De esta manera, la percepción y control de los impuestos será mucho ágil y simple.
-¿Cómo engarza esto con la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que reclama el FMI y que el país se debe a sí mismo desde hace una década, por lo menos?
-Para clarificar responsabilidades y generar incentivos a favor del manejo responsable de las finanzas públicas no alcanza con reformar la ley de Coparticipación Federal de Impuestos. A mi juicio la solución pasa por su derogación y que cada jurisdicción sea responsable de recaudar los impuestos que necesite para financiar sus gastos.
Las provincias mas grandes, que representan no menos del 80% de la economía del país, están en condiciones de adaptarse a este esquema. Para el resto, se debería contemplar esquemas condicionados de asistencia, que expresen la solidaridad del conjunto de las provincias hacia los habitantes de las zonas menos desarrolladas del país.
