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Los Botín suman denuncias por la compra de una empresa de los Rato

Los hermanos Emilio y Jaime Botín se enfrentan a una querella presentada recientemente por un accionista del Banco Santander Central Hispano (BSCH) a finales del pasado mes de mayo por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y negación de información a un socio.

La querella también acusa a Alfredo Sáenz Abad y al consejo de administración de Banesto en el momento en que se realizaron las dos operaciones de las que trata el texto: Matías Rodríguez Inciarte, Víctor Menéndez Millán, José Corral Lope, José Angel Merodio Zubiarrain, David Arce Torres, Juan Delibes Liniers, José Luis Roselló Menasanch y Juan Carlos Rodríguez Cantarero.

Tras la inadmisión de la querella por parte de los juzgados de la Audiencia Nacional por falta de competencia, el querellante, el abogado Juan Francisco Franco Otegui (conocido por sus reiteradas denuncias contra Botín, a quien se considera un hombre cercano a Rafael Pérez Escolar y que ejerció de denunciante en el caso de las pensiones a José María Amusátegui y a Angel Corcóstegui) acordó presentar denuncia en los juzgados de instrucción el 26 de mayo pasado.

Las dos operaciones supuestamente fraudulentas por las que se piden responsabilidades hacen referencia a sendas operaciones realizadas en 1996 y 1999 y, sobre ellas, varios socios solicitaron información repetidamente a la cúpula de BSCH y de Banesto durante los últimos años, información que nunca les fue entregada.

Venta de la sede de Banesto

La primera de las operaciones es la venta, en junio de 1996, del edificio de Banesto ubicado en el Paseo de la Castellana número 7 de Madrid, que había llegado a albergar la sede de esta entidad. Dicha venta se realizó al empresario Angel Luengo Martínez, pero, en el ínterin, se pagaron 92.800.000 pesetas en comisiones a la empresa Persival Serviços e Investimentos Lda, domiciliada en Funchal, capital de las islas Madeira, en concepto de "asesoramiento y presentación del comprador en la operación inmobiliaria de compraventa del edificio sito en Paseo de la Castellana número 7, en Madrid (España)".

Según el querellante, en el registro de Hechos Relevantes de la CNMV no consta ninguna anotación de la operación ni se informó a los accionistas minoritarios de Banesto. En el texto acusatorio se insiste también en que este caso es "asombrosamente idéntico" a los de otro caso famoso, Argentia Trust, hechos por los que el ex banquero Mario Conde fue condenado.

Curiosamente, en el informe fiscal redactado con motivo de la primera querella presentada en la Audiencia Nacional se señala que Persival no prestó servicio de asesoramiento "por cuanto el comprador (del inmueble) fue un cliente de Banesto hartamente conocido por los querellados y la venta no reportó ninguna plusvalía a Banesto, resultando perjudicados ambos bancos por el importe de la factura" (es decir, por 92.800.000 pesetas).

Compra de una compañía de la familia Rato

La segunda operación objeto de la querella es la compra, a principios de 1999, de un paquete de acciones que alcanzaban el 45,3% del capital de la empresa Aguas de Fuensanta. Este paquete de acciones estaba, en aquel momento, en manos de la familia Rato y por él se pagó, supuestamente, más de 1.000 millones de pesetas a pesar de que la compañía se hallaba en situación de "quiebra técnica". Para ello, el querellante se basa en las cuentas depositadas en el registro mercantil, donde las deudas a corto y largo plazo superaban en varios cientos de millones los fondos propios.

Por si fuera poco, las acciones de la operación se realizaron en un momento en que Banesto se encontraba en pleno proceso de enajenación de las empresas de su grupo que no fueran estratégicas y las acciones estaban sindicadas, es decir, que no podían ser vendidas a terceros sin antes haber sido ofrecidas a los demás accionistas, lo que imposibilitaba su posterior venta.

Además, Aguas de Fuensanta había ido disminuyendo beneficios paulatinamente, hasta llegar a resultados negativos en 1999. A partir de 2000, según se recoge en la querella, no presentó sus cuentas en el registro. Por otro lado, la operación tampoco fue comunicada a los organismos públicos y durante 2001 se dirigieron varias preguntas tanto por carta notarial como en las juntas de accionistas de BSCH y de Banesto para conocer el monto total de la operación, pero nunca se facilitó esta información. Uno de los solicitantes de la información, Javier Sotos García, aparece repetidamente citado en el texto de la querella.

De la redacción de El Confidencial.-

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