• en su primera actividad al regresar a la Casa Rosada, participó del anuncio de un Plan Estratégico de Justicia y Seguridad, que creó una Agencia Federal de Investigaciones de 6.000 hombres.
¿De esto se trató la guerra entre servicios de inteligencia y de seguridad que ocurrió con el asesinato de Axel Blumberg como trasfondo? Sí, y el anuncio de esa Agencia Federal inicia una nueva puja, ahora por el control de la fuerza.
Hubo una novedad no prevista en toda esta puja: la irrupción de Juan Carlos Blumberg, pero el Gobierno cree que ya lo está superando.
"Kirchner aceptó que el cuestionamiento de la opinión pública lo rozó y que debía dar señales. La gente no aceptaría que los cambios se circunscribiesen a la Policía Bonaerense", explicó un colaborador presidencial, tan poco confiable acerca de lo que realmente opina el Presidente como casi todos los colaboradores presidenciales, a menudo desautorizados por éste.
No obstante, Kirchner toleró bastante más el mantener en la causa Blumberg a los fiscales federales Pablo Quiroga y Jorge Sica, tan cuestionados por la familia de Axel Blumberg.
Demoró casi 10 días en decidirse la suspensión transitoria de ambos fiscales. Lo hizo el procurador sustituto de la Nación, Luis González Warcalde, 72 horas después de que el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, presentara una denuncia penal contra el fiscal Sica y su superior, Quiroga, a quienes acusó por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del caso.
El expediente Blumberg pasó de Quiroga y Sica a la fiscal Rita Molina.
Ella es la hermana del ya fallecido senador nacional PJ-Santa Cruz, Pedro Molina; y mujer del ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, quien estuvo enfrentado durante años con Kirchner, pero perdió el control del PJ provincial a manos del Frente para la Victoria Santacruceña, de Kirchner.
Rita Molina hizo carrera en el fuero federal de San Martín, desde donde se enfrentó al juez Roberto Marquevich por la detención de Ernestina Herrera de Noble en la causa por presunta adopción irregular de sus dos hijos, Marcela y Felipe.
Molina investigó en diciembre de 2003 el secuestro de la docente Ana María Nordmann, esposa del presidente de la Asociación Colectividad Helénica de Buenos Aires, Eduardo Karavias, y logró armar un croquis de la banda criminal, que arrojó a un cajón, aparentemente, el fiscal Sica.
González Warcalde destacó que el trabajo antisecuestros de Quiroga y Sica permitió "que merme sensiblemente el número de estos delitos en la jurisdicción afectada" pero se necesita "adoptar una decisión urgente en pos de una mejor distribución de las tareas inherentes a la actuación fiscal entre todos los representantes del Ministerio Público de la zona en cuestión".
En este complejo contexto, Horacio Verbitsky, columnista del diario Página/12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, con algún predicamento sobre Kirchner durante los 11 meses iniciales en el poder, opinó acerca de la decisión presidencial de apartamientos, purgas y reenfoques: "No está claro qué busca" (Kirchner).
Apenas Sergio Edgardo Acevedo desembarcó en la Secretaría de Inteligencia, se afirma que llamó a la Casa de la Provincia de Santa Cruz, donde atendía, al ingeniero eléctrico Antonio Horacio Stiuso para autorizar el retiro de una partida de dinero imputada a cierta operación especial (que no siempre es una operación especial). Sin embargo, al parecer, Stiuso dijo que no podía autorizar el gasto, pese a ser el único funcionario con firma para ese desembolso, porque no había sido ratificado en su cargo tras la salida de Miguel Ángel Toma del organismo presidencial.
La negociación que inició Acevedo con el funcionario de carrera más importante de la Side, no sólo consolidó la influencia de Stiuso en la inteligencia estatal, sino que fue ratificada por Héctor Icazuriaga, sucesor de Acevedo; ya que en ambas gestiones permaneció como Nº 2 otro allegado al presidente Néstor Kirchner: Francisco José Larcher.
Hoy Stiuso goza de un poder dentro de la Side que ni siquiera tuvo cuando Miguel Ángel Toma era el secretario de Inteligencia y le rogaba que resolviera el paradero de Horacio Conzi. Toma y Stiuso terminaron coincidiendo hasta en los choques con Oscar Rodríguez, por entonces el Nº 2, esposo de la senadora nacional Mabel Müller y de la confianza de Eduardo Alberto Duhalde.
Hoy Stiuso es más influyente que cuando dirigieron la Side, Hugo Anzorreguy, en días de Carlos Menem, o Fernando de Santibáñez, con Fernando De la Rúa. En ambos períodos, Stiuso, o Jaime Stile, debió competir con el mayor (RE) Alejandro Alberto Brousson, alias Alejandro Bousquet, a quien pudo quitárselo de encima al vincularlo al pago del dinero de la Side al delincuente Carlos Telleldin por su relato sobre su relación con la Policía Bonaerense en ocasión del atentado contra la sede de la Amia (Asociación Mutual Israelita Argentina).
Stiuso también participó de la investigación, desde Contrainteligencia, la 85, a las órdenes de Jorge Lucas, pero afirma que sus opiniones no fueron atendidas. Probablemente Stiuso hubiera logrado más poder en la Side solamente si Enrique Nosiglia hubiese llegado alguna vez a la jefatura del organismo de inteligencia.
Detrás de Stiuso aparece como contratista o asesor el comisario bonaerense Mario Naldi, presidente de la consultora Global Solutions, especializada en secuestros extorsivos. Stiuso ha integrado en la Side un grupo antisecuestros, apodado Los Intocables, con privilegios como portar armas durante las 24 horas. Naldi ha sido el nexo entre la Side y la Bonaerense en la investigación de secuestros; y colisionaron en forma permanente con los comisarios de la Policía Federal Argentina, Jorge Palacios y Carlos Sablich.
Familiares o camaradas, Naldi y Stiuso mantienen una relación de confianza desde hace mucho, cuando ambos trabajaban para Anzorreguy. Por ejemplo, estuvieron en la Operación Strawberry, de abril de 1997, un megasecuestro de cocaína rumbo a Alemania que terminó en irregularidades, la libertad de todos los imputados y la investigación judicial del magistrado interviniente, Marquevich; de Naldi y de los agentes de la Side involucrados.
Cuando Roberto Giacomino se hizo cargo de la Policía Federal Argentina, apenas Juan José Álvarez se transformó en el secretario de Seguridad de Adolfo Rodríguez Saá, quien creyó que así dejaría conforme a Eduardo Alberto Duhalde y a Carlos Federico Ruckauf, comenzó a especularse con la ‘bonaerización’ de la Federal, dos fuerzas de seguridad de características, historia y tradición diferentes.
Giacomino había sido jefe de la custodia de Ruckauf, cuando éste fue vicepresidente de la Nación y presidente del Senado; y luego consultor de seguridad de la Gobernación bonaerense cuando Esteban Juan Caselli se convirtió en secretario general de la Gobernación, con Ruckauf gobernador. A menudo Giacomino, comisario en actividad de la Federal, atendía temas que involucraban a la Bonaerense, en una oficina en Puerto Madero, donde hoy funciona la embajada de la católica Orden de Malta, a cargo de uno de los hijos de Caselli. Giacomino quiso pasar a retiro a Palacios, pero lo sorprendió la sólida relación de éste y William Godoy, delegado del Federal Bureau of Investigations, de USA; y otras fuerzas de seguridad internacionales. Giacomino retrocedió aunque, dispuesto a ajustar cuentas con Palacios, envió al superentrenado grupo de Delitos Complejos a realizar el control automotor a la salida de los estadios de fútbol porteños.
William Godoy se encuentra arribando en junio otra vez al frente de la oficina del FBI: un dato para tener en cuenta.
Stiuso y Naldi han logrado, ahora, consolidar su control de las operaciones antisecuestros, y avanzar sobre espacios de poder de la Policía Federal Argentina, con el consentimiento de Larcher y los Kirchner. Además, Naldi puede ofrecerle a la Bonaerense una de las más importantes reivindicaciones de la fuerza de seguridad provincial: derribar la causa Amia y lograr que no queden vinculados a ella miembros de la Policía Bonaerense.
"Si el ex subcomisario Juan José Ribelli permanece en prisión será por otros procesamientos, pero no por un tema que mancha a la fuerza", explicó un influyente ex comisario general bonaerense.
No es lo que opinan los representantes de la colectividad judía argentina, pero sí resultaría parte de un acuerdo entre Kirchner y Duhalde, probablemente presionado por algunos ex jefes de la Bonaerense.
La Policía Federal Argentina ha sufrido su tercera purga de cargos jerárquicos desde que Kirchner asumió la Presidencia, hace 11 meses.
El lunes 2 de junio de 2003, luego de una reunión del Presidente con el ministro Béliz, el secretario Quantin, los subsecretarios Abel Fleitas Ortiz de Rozas y Pablo Lanusse (hoy interventor federal en Santiago del Estero), y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, Béliz anunció que el comisario general Roberto Giacomino permanecería hasta fin de año al frente de la Federal. Luego, agregó que comenzaba "un cambio profundo no traumático en la Policía Federal" con modificaciones en la subjefatura general (Jorge Prados reemplazó a Julio César Peremateu), las superintendencias Metropolitana, de Regiones, de Narcotráfico y de Investigaciones y las 53 comisarías de la Ciudad de Buenos Aires.
En aquel momento, el dato importante fue el pase a retiro del superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario general Alberto Carlos Capuchetti, el verdadero eje de la estructura desde que Giacomino había reemplazado a Rubén Santos en la jefatura de la Federal, y reincorporado a Capuchetti, enviado a disponibilidad por Asuntos Internos, tal como ocurre hoy con Palacios.
En agosto de 2003, Beliz y Giacomino citaron a los 53 jefes de las comisarías porteñas para el inicio de un programa de capacitación organizado con la Universidad Tecnológica Nacional para iniciar la certificación de calidad de gestión ISO 9000 en las comisarías. La Federal procuraba recomponer su imagen luego de lo ocurrido en septiembre de 2002, cuando miembros de la Comisaría 34 golpearon a tres jóvenes y los obligaron a zambullirse al Riachuelo. Uno de ellos, Ezequiel Demonty, se ahogó.
Antes, el 19 y 20 de diciembre de 2001, la Federal había participado activamente de la represión que provocó más de 30 muertos, en el derrumbe del gobierno de Fernando De la Rúa.
La segunda depuración comenzó el viernes 21 de septiembre, cuando Béliz pasó a retiro a Giacomino. Se dijo que Béliz tuvo conocimiento previo de una investigación que el diario Clarín publicaría el domingo 23 acerca de ciertas irregularidades cometidas por Giacomino, Béliz chequeó los datos, se los comunicó al Presidente, y éste ordenó el despido.
Béliz acusó a Giacomino de inducir la licitación de patrulleros a favor de la empresa Citröen, con sobreprecios y comisiones. Y que dos días antes del ingreso de Kirchner a la Casa Rosada, adjudicó contratos por $ 2 millones en servicios informáticos para el Hospital Churruca a empresas de familiares suyos, también pagando sobreprecios
Giacomino participaba de una reunión de Interpol en la ciudad francesa de Lyon. El comisario Giacomino sintió el impacto pues aspiraba a un cargo importante en Interpol.
Béliz dijo: "Va a haber más cambios, por supuesto". Además del superintendente de Bienestar, Raúl Pigretti, también se desplazó al superintendente administrativo, Carlos Gandulfo, y se reorganizó el área de Asuntos Internos. En esas circunstancias fue ascendido al frente de Investigaciones, Jorge Palacios, quien estaba al frente de Delitos Complejos.
Desde la Casa Rosada se dijo: "Hay una corrupción estructural muy sistemática en la Policía Federal". Y que personal —en actividad y también retirados—se estarían animando a "hablar".
El periodista Facundo Pastor, de America TV, fue quien obtuvo antes que nadie el contenido de la grabación de una conversación telefónica de Palacios y otras dos personas, ocurrida tres años antes.
En verdad, son tres conversiones: una entre el traficante de automóviles robados Jorge Sagorsky y Palacios; y dos entre Sagorsky y el comisario retirado Carlos Gallone, ex jefe de Palacios.
Por algún motivo, el ministro Béliz tomó conocimiento de que en el noticiero Informe Central, que conduce Rolando Graña, Pastor difundiría la grabación. Béliz envió a América TV a su jefe de gabinete de asesores y cuñado, Francisco Meritello, a hablar con su gerente general, Juan Cruz Ávila.
Meritello logró convencer al hijo de Carlos Ávila que se trataba de una escucha telefónica no reciente que apuntaba a provocar el relevo del superintendente de Investigaciones.
Béliz no pudo impedir que la revista Noticias de la Semana publicara el episodio como un ejemplo de presión gubernamental sobre los medios de comunicación, y así también tomaron conocimiento en la Casa Rosada de lo que ocurría.
Béliz había protegido y ascendido a Palacios, y era, aparentemente, su candidato a jefe de la fuerza de seguridad. Béliz conocía los problemas surgidos enre la Federal con la Side y la Bonaerense, que trabajaban en acuerdo, y así le birlaron a la Federal la liberación de Ernesto Rodríguez, padre de Jorge Rodríguez, una investigación de la gente de Palacios.
Había quedado muy atrás aquella felicitación de René Jesús Derecho, por la Federal, a la Side cuando detuvieron a Héctor Conzi, en la ciudad de Mar del Plata.
El comisario Derecho, provisoriamente, reemplazó a Palacios, pero es muy cuestionado por los organismos defensores de derechos humanos como el autor de la represión en la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de 2001. Desplazar a Derecho es un objetivo la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.
La escucha telefónica a Palacios fue difundida, en febrero de 2004, por el periodista Martín Pitón, conductor de un programa por AM Radio El Mundo. El jefe de Redacción del diario Página/12, Martín Granovsky, la reprodujo en abril, y provocó la caída de Palacios. ¿Por qué no ocurrió la caída en febrero, si Sagorsky se encontraba identificado desde diciembre por la fiscal Rita Molina como contacto probable de una banda delictiva? ¿Por qué a Página/12 no le interesó esa conversación en febrero, presunta demostración de la corrupción policial, y sí en abril?
En febrero sí ya había ocurrido (sucedió el 4 de diciembre de 2003), la declaración de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 que juzga la causa Amia, oportunidad en la que cuestionó la investigación del juez Juan Galeano, en la que trabajó el comisario Palacios.
Luego, concurrió al tribunal Stiuso a ratificar dichos de la senadora nacional PJ-Santa Cruz; a la vez que ‘orientaba’ las nuevas declaraciones del llamado Testigo C, de manera tal que desvinculara a Irán del atentado y se relacionara a Siria, una tontería cuando Hezbollah es un grupo político-terrorista de El Líbano vinculado tanto a Irán como a Siria. Pero todo conducía a presionar sobre el Tribunal que terminó apartando a Galeano de la investigación, luego a los dos fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia –quienes han apelado ante la Cámara de Casación-, y ahora la cuestión es si corresponde declarar nulo lo actuado y desprocesar al personal detenido de la Policía Bonaerense.
El costo político-diplomático para el gobierno de Kirchner puede resultar elevadísimo, ante la colectividad judía local e internacional con quien el presidente Kirchner se comprometió a concluir el juicio. ¿Qué otro beneficio se encuentra obteniendo Kirchner, por lo que aceptaría pagar este costo? Es un enigma.
Lo cierto es que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner no iba a permitir que el comisario Palacios accediera a la conducción de la Federal. Y tenía aliados para la conspiración. La purga Nº 3 de la Federal se concretó cuando la senadora nacional PJ-Santa Cruz, con su marido Néstor saliendo de terapia intensiva y sometido a fuertes transfusiones de sangre, presionó por la remoción del comisario Palacios, superintendente de Investigaciones.
El comisario mayor Miguel Ángel Colella, director de Asuntos Internos, sería el candidato de Cristina a jefe de la fuerza. El comisario mayor Colella fue quien desde Asuntos Internos impulsó el sumario que investigó la vinculación entre Palacios y Sagorsky, reducidor de autos robados involucrado en el caso Blumberg. Colella logró quitarse de encima a Palacios, que había sobrevivido a Giacomino.
¿Colella tiene algún nexo con Giacomino y otros sectores de la Federal desplazados como el ex superintendente metropolitano Capuchetti?
Se dice que el comisario mayor ya se comporta como el jefe policial de los Kirchner, y cabe preguntarse cómo seguirá Béliz, aún cuando haya superado, por ahora, las renuncias acerca de su remoción.
Cristina conocía a Palacios desde fines de los ‘90, cuando ella integró la Comisión de Seguimiento de la investigación del atentado contra la sede de la Amia y él se ocupaba del trabajo policial del caso.
Para Cristina, Palacios, al igual que el juez Galeano, integraron la "gran mentira" de la investigación Amia, como ella la llamó cuando declaró ante el TOF Nº 3, en diciembre.
Con su participación en el derrumbe de Palacios, Cristina desautorizó a Beliz, quien debió soportar que no fue él, sino Alberto Fernández, jefe de Gabinete, quien recibió la orden presidencial del despido. Y el gesto también lastimó al secretario de Seguridad, Norberto Quantin. Palacios cree haber sido víctima de la Secretaría de Inteligencia, por no mencionar a Stiuso; pero tiene una visión parcial de los acontecimientos. Stiuso reporta a Larcher e Icazuriaga, sobre quienes se encuentra Cristina; y lo que está ocurriendo es una disputa por el control de áreas de la Federal, impulsada por el poder político, la Side y la Bonaerense, sobre la que ya avanzó la Casa Rosada, y la demostración de esto sería la designación de León Carlos Arslanián como ministro de Seguridad provincial.
El ministro Beliz detectó el peligro para su área y la Federal en la figura del fiscal Sica, un aliado de la Side y el más amigo de la Bonaerense de los fiscales federales del conurbano. Por eso es que Béliz apuntó contra Sica y lo denunció penalmente, aprovechando las denuncias públicas de Juan Carlos Blumberg.
Lo dramático es cómo el asesinato de Axel Blumberg y sus derivaciones se utilizan en una puja interna entre funcionarios políticos, policías, jueces y espías, más interesados en asegurar sus espacios de poder que en resolver los hechos delictivos.
Hay quienes afirman que, en algún tiempo más, toda o gran parte de las actuaciones judiciales del caso Blumberg pueden caerse por errores de forma ocurridos durante los procedimientos.
Antes, el fiscal Sica contraatacó a la Federal y a Béliz ordenando las detenciones del subcomisario Daniel Gravinia, como presunto protector de Sagorsky; y luego del jefe de la División Antisecuestros de la Policía Federal, Juan José Schettino.
La tormenta provoca ira e incertidumbre en la Policía Federal, y Béliz se queda sin jefes en forma creciente, aún cuando, por ejemplo, el subcomisario Daniel Gravinia recuperase su libertad, luego de que el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, le dictó la falta de mérito en el caso Blumberg.
Gravinia sostuvo que el reducidor de autos Sagorsky era un informante de la Federal. Pero lo interesante fue que Marcelo Rocchetti, abogado de Gravinia, dijo que la detención de su cliente fue un "abuso gravísimo. Fue preso por el solo hecho de ser policía. Fue el resultado de una interna".
Así quedó en evidencia lo que era motivo de especulaciones.
El juez Bergesio sí detuvo a Sagorsky por encubrimiento y participación en una asociación ilícita, aunque no habría participado de los secuestros de la banda, ocultó rastros, hizo desaparecer elementos y ayudó a los secuestradores y asesinos de Blumberg a evadir la Justicia. "Una policía bonaerense diezmada y una Policía Federal golpeada sólo provocarán que la inseguridad se transforme en un mal folclórico cotidiano", afirmó un ex jefe policial.
"Más allá de las detenciones y de los relevos, espero que estos cambios sean en beneficio de la gente que, con razón, necesita más seguridad. Si no, se convertirán en gestos políticos que sólo beneficiarán a los propios políticos", comentó un comisario del área de Investigaciones.
En verdad, ese es el temor: que los cambios apunten a convertir a las fuerzas de seguridad más importantes del país en brazos ejecutores de las decisiones del Ejecutivo Nacional.
¿Es posible que algún funcionario muy allegado al Presidente crea que para ‘defender el régimen’ hace falta controlar la seguridad pública, tal como ocurre, por ejemplo, en Venezuela?
Juan Carlos Blumberg convocó una movilización frente a Tribunales y participó de un acto contra la inseguridad en Moreno y otro en Morón. Es curioso que Daniel Bogani firmó el petitorio de Blumberg, que ya ha superado el objetivo de 2,7 millones de adhesiones, antes de que lo asesinara un malandra en Morón, por intentar rescatar a su hija.
Más allá de su valentía y su enorme esfuerzo, Blumberg puede quedar atrapado en una historia de conspiraciones e intrigas policiales y judiciales.
La Federal tiene sus graves problemas. El juez Galeano, durante la investigación del caso Amia, sorprendió a la unidad Protección del Orden Constitucional vinculada a los reducidores de automotores, lo que provocó la disolución de la división. Sin embargo, también tiene sus aciertos como, al menos en teoría, resulta su unidad Antisecuestros, en Delitos Complejos.
Hace varios meses los agentes de la Federal expresaron que no querían trabajar junto a los integrantes de la DDI (Delegación Departamental de San Isidro) de San Isidro, al señalar que estos uniformados "le brindaban datos a los delincuentes que efectuaban raptos, para frustrar los operativos que se concretaban en las villas bonaerenses paraa desarticular las bandas de secuestradores".
La DDI de San Isidro tenía vinculaciones con la Side, de acuerdo al caso Conzi; sufrió desplazamientos de sus jefes como ocurrió con Aníbal Degastaldi; y parece necesitar una reorganización profunda.
También hace tiempo que los agentes de la Federal han deslizado que hay una suerte de ‘manejo’ de los secuestros extorsivos: "Es como si alguien dijera ‘Ahora secuestren’ y luego ‘Ahora no secuestren’, muy raro", confesó un oficial.
Las investigaciones por el secuestro de Blumberg fueron cumplidas por la DDI de San Isidro, con órdenes directas del fiscal Sica, quien trabajó con los datos aportados por dos de los detenidos, escuchas telefónicas y la declaración de un testigo de identidad reservada.
Pero el comisario Schettino había montado una investigación paralela del caso Blumberg, que por algún motivo demoró siete días en identificar a Martín Peralta, alias el Oso, como el jefe de la banda que secuestró a Axel. ¿Schettino creía que había alguien más arriba de Peralta y estaba presionando para identificarlo? No hay que ir tan lejos.
En la Federal sostienen que Schettino recibió datos de policías que, a su vez, los consiguieron a través de informantes, lo que en la jerga se llaman ‘soplones’ o ‘buchones’. Los datos deben ser confirmados, porque a veces son equivocados. Schettino, jefe de Antisecuestros, presionó a Gravinia para que contactara a Sagorsky y llegar a Peralta.
"Si nosotros le trasladamos a un fiscal toda la información que recibimos de los buchones, el fiscal nos mata, porque la mayor parte de los datos son equivocados. Entonces el fiscal nos dirá que aprendamos a trabajar. Nuestra misión es confirmar lo que nos dijeron los buchones y después le contamos al fiscal", se defienden en la Federal.
Según la Federal, "En el caso, el desarmador de autos Sagorsky le prometió a Gravinia llevarlo al aguantadero del Oso. Pero en ese momento fue detenido por Sica. Eso nos hace sospechar que el fiscal, en su feroz interna en contra nuestra, detuvo a Sagorsky para que no nos pasara el dato a nosotros, y se la pasó a la Bonaerense y la Side."
La Federal actuó en el el caso del secuestro de Nordmann, la esposa del presidente de la Asociación Colectividad Helénica de Buenos Aires, Eduardo Karavias. Por Nordmann, secuestrada entre el 8 y el 15 de noviembre de 2003, se pagaron $ 60.000. Según el detenido-arrepentido Gerardo Justino Carmona, fueron a cobrarlos él, Peralta, uno de los hermanos Díaz apodado el Negro, y José Napoli, detenido antes del caso Blumberg en San Miguel.
Pero ese día, el del pago, sólo Carmona fue detenido. La Federal no pudo recuperar el dinero y según el arrepentido eso no fue una casualidad sino que estuvo arreglado con los policías. ¿Cómo trabaja la Bonaerense? Bueno.. desde los días anteriores de Arslanián, la Bonaerense no trabaja sino el fiscal de la causa. Según Sica, él llevó a Carmona a la Fiscalía de San Isidro y lo hizo escuchar las grabaciones del caso Blumberg, y así identificó a la banda.
En la Federal agregan: "En el caso del secuestro de Ana María Nordmann detuvimos a un hombre de apellido Carmona". Declaró ante la fiscal Rita Molina y de ninguna manera dijo que la Federal se había quedado con el rescate. Ahora, de golpe, ante el fiscal Sica, revela que nosotros nos quedamos con el botín. ¿No es llamativo?". Y hay otra denuncia de la Federal: "Aún así, fuimos nosotros, desde la Unidad Antisecuestros, los que les dimos el dato a los cordobeses de que el Oso podía estar en La Falda. Lo reconoció el jefe de la policía cordobesa. Nosotros no le dimos cobertura ni a Sagorsky ni al Oso, proporcionamos el dato para que lo detuvieran". Sica no está de acuerdo: "En diciembre, hombres de la Federal viajaron a La Falda, Córdoba, a capturar al Oso y volvieron diciendo que no lo encontraron. Los vecinos sostienen que El Oso siempre andaba por ahí".
La Federal: "Es mentira. Fuimos y no lo encontramos. Parece que El Oso iba sólo después de haber dado algún golpe. Además, aportamos ese dato y fue gracias a nosotros que se lo detuvo".
El Ejecutivo Nacional apunta a realizar en la Federal una depuración como la que ejecutará el ministro Arslanián en la Bonaerense.
Horacio Verbitsky apuntó por dónde deberían seguir las remociones: por el jefe de Schettino, el comisario Carlos Alberto Sablich, "procesado a raíz de su desempeño en el caso del secuestro del hombre de negocios Maurizio Macri" (la z es parte de la ironía de Verbitsky). También apuntó a Quantín.
¿Qué hicieron en San Luis, durante dos meses previo al secuestro de Blumberg, la banda de Peralta y agentes de la Side? Peralta estuvo en San Luis de acuerdo al relato a la policía de Córdoba de vecinos del domicilio alquilado por integrantes de la banca. La Side estuvo en San Luis de acuerdo a denuncias públicas de Adolfo Rodríguez Saá y a una queja formal del gobernador Alberto Rodríguez Saá a Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, de acuerdo al matutino El Diario de la República, de la familia Rodríguez Saá.
¿La Federal aceptará el revés o inicia una pelea entre fuerzas de inteligencia y seguridad, por el control de la Agencia Federal de Investigaciones?
