Pero ya jubilado, el desastre fue mayor. Y el gran policía ingresó directamente en el delito para grandes clientes. Ahora, por algún motivo aún desconocido, decidió señalizar algunos de ellos, cuando estaba bajo presión por otros.
Entonces, la investigación en torno a los trabajos de inteligencia y espionaje competitivos realizados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el BBVA sigue adelante en la Audiencia Nacional de España.
Fuentes jurídicas confirmaron a varios medios de comunicación de Madrid que el magistrado Manuel García Castellón ha citado a varias personas como investigadas por cohecho activo y descubrimiento de secretos.
Ellos deberán presentarse los días 4 y 5 de julio, entre ellas quien fuese CEO del banco, Ángel Cano, y el exjefe de seguridad de la entidad, Julio Corrochano.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de todos ellos por su posible relación con la operación que se llevó a cabo en 2004, cuando el banco pagó a Villarejo para que investigara, entre otras personas, al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el industrial Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.
El BBVA contrató en aquel 2004 al comisario jubilado para frustar el intento de control del banco que realizó el grupo de ingeniería y construcción Sacyr, avalado por el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo encomendado a Villarejo fue investigar a los principales promotores de la operación y, según las primeras pesquisas, se materializó en la intervención de más de 15.000 llamadas telefónicas de miembros del Gobierno, empresarios, instituciones y periodistas, lo que derivó en la renuncia en marzo 2019 de Francisco González como presidente emérito del BBVA.
Los contratos que se firmaron entre el banco y las empresas de Villarejo prueban que la relación entre la entidad y el expolicía encarcelado fue más intensa de lo que se pensaba, pues en ellos se establece que Villarejo llevaría a cabo un "asesoramiento continuo y sostenido durante las 24 horas del día sin interrupción de fines de semana ni festivos".
Además de Cano y Corrochano, el magistrado también ha citado como investigadas a otras personas: Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo; Ignacio Pérez Caballero, director de Red de Banca Comercial de BBVA; Javier Malagón Navas, exdirector general de Finanzas; Antonio Béjar, exresponsable del área inmobiliaria; Ricardo Gómez Barredo, exresponsable de contabilidad y supervisión; Inés Díaz Ochagavía, exjefa de seguridad tras la marcha de Corrochano, y Nazario Campo Campuzano, jefe de equipo del banco.
A falta de que se aclare la posible relación de cada uno de ellos con la mencionada operación, cabe señalar que Corrochano aparece en las grabaciones del comisario jubilado asegurando que despachaba estos asuntos con “el presidente” y "Ángel", a lo que se suma que los mencionados contratos entre el BBVA y las empresas de Villarejo los firmaban tanto él como Redondo. Antes de su salto a la empresa privada en 2002, Corrochano ocupó destacados puestos policiales, como el de comisario jefe de la Policía Judicial o el de jefe superior de Policía de Madrid.
