Si la propuesta del mediador chileno por parte de Repsol debe entenderse como un claro desafío de la demandante al país, la designación que efectuó el Banco Mundial, de Claus von Wobeser como presidente del tribunal, es la demostración palmaria de que el CIADI está hecho a la medida de las empresas que litigan contra los Estados nacionales de los países en vías de desarrollo alrededor del mundo.
Von Wobeser, encargado de dictaminar en el caso YPF, tuvo en el pasado y mantiene actualmente compromisos laborales y múltiples vinculaciones con el estudio de abogados Freshfields Bruckhaus Deringer, que defienden nada más y nada menos que a Repsol en la demanda contra la petrolera nacional. Para decirlo más claro, el presidente del tribunal es empleado de los abogados de la empresa española.
El tribunal se completa con la francesa Brigitte Stern, propuesta por la Argentina.
Frente a semejante panorama, el Estado argentino impugnó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones la designación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, y dejó así al descubierto un aceitado mecanismo de relojería pensado para la defensa irrestricta de los intereses concentrados de las multinacionales, que incluye a jueces y árbitros que cobran fortunas y estudios jurídicos recurrentes dispuestos a hacer pingües ganancias en pleitos contra los Estados.
El 29 de julio pasado, la República Argentina presentó ante el CIADI los fundamentos de recusación de Orrego Vicuña y Von Wobeser, un documento de 36 páginas –al que tuvo acceso Tiempo Argentino– cargadas de argumentos legales y políticos en contra del mediador propuesto por Repsol y del presidente del tribunal designado por el Banco Mundial en la causa ARB/12/38, en la que la petrolera española demandó al país por la estatización del porcentaje mayoritario de las acciones de YPF.
El planteo del Estado Nacional sostiene que la designación de Orrego Vicuña "constituye una verdadera ofensa contra la República Argentina" y destacó que la anulación de tres fallos dictados por la misma persona por parte de comités ad hoc "no tiene antecedentes en la historia del CIADI".
Orrego Vicuña falló contra la Argentina en las causas iniciadas por CMS –por la pesificación de las tarifas de Transportadora de Gas del Norte (TGN) que implicó una demanda por 133 millones de dólares–, por la petrolera estadounidense Enron –a raíz de la misma causa por Transportadora de Gas del Sur (TGS) en la que condenó al país a pagar 167 millones de dólares– y por Sempra a raíz de los casos de Sodigas Pampeana y Sodigas Sur en el que ordenó a la Argentina pagar 172 millones de dólares.
En el caso de CMS, el estudio de abogados que representó a la demandante fue, casualmente, Freshfields, el mismo que patrocina ahora a Repsol en la demanda contra YPF.
Ese fallo fue anulado por uno de los comités ad hoc más prestigiosos de la historia del CIADI, integrado por Gilbert Guillaume (ex presidente de la Corte Internacional de Justicia); James Crawford, uno de los profesores de Derecho Internacional más reconocidos del mundo; y Nabil El Araby, ex miembro de la Corte Internacional de Justicia y de la Comisión de Derecho Internacional que le dieron la razón a la Argentina.
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Esos eruditos de la justicia internacional cuestionaron no una sino tres decisiones del tribunal presidido por Orrego Vicuña al considerar que en su fallo había "errores y vacíos" y que el tribunal había aplicado el artículo XI del Tratado Binacional de Inversiones entre Argentina y los Estados Unidos "en forma ambigua y defectuosa".
El juez chileno nunca aceptó el argumento del estado de necesidad bajo el Derecho Internacional que invocó la Argentina como consecuencia de la crisis de 2001-2002, y también desconoció la letra del artículo XI del Tratado Bilateral de Inversiones entre el país y los Estados Unidos. (...)
El argumento del Estado sobre la impugnación es que Von Wobeser "fue designado como árbitro en años recientes por el demandante (el estudio Freshfields Bruckhaus Deringer) en un caso contra la Argentina, caso que además involucraba medidas que seguramente entrarán en el análisis del Tribunal" en esta demanda.
Argentina ya había objetado en varias oportunidades los reiterados e insistentes intentos del CIADI por nombrar a Von Wobeser en casos que involucran al país, por lo que el organismo no podía desconocer esa posición.
Para colmo, Von Wobeser intentó esconder esos vínculos y no fue hasta un requerimiento efectuado por la Argentina que el abogado reconoció en una nota del 10 de junio pasado, que había participado de un arbitraje entre una empresa de telecomunicaciones y el Estado mexicano, representando a la parte demandante junto al bufete Freshfields Bruckhaus Deringer, letrado de Repsol en la demanda contra YPF. Von Wobeser también participó como árbitro en un tribunal y como conciliador en dos casos ante el CIADI, siempre designado por Freshfields.
Ese estudio de abogados maneja alrededor de 280 casos en el CIADI, 100 de los cuales son arbitrajes de inversión, lo que hace más sospechoso aun el dato de que dos de los tres integrantes del tribunal –lo que garantiza la mayoría para obtener un fallo– tengan vínculos indisimulables con esa firma. (...)".
