Pescanova habría utilizado en los últimos años una red de sociedades opacas, que en muchos casos ni siquiera eran auditadas, en las que ocultaba parte de la deuda. La compañía ha admitido ya que existe un desfase significativo entre los compromisos financieros declarados y los reales, pero todavía no lo ha cifrado.
A la espera de las cuentas
Fernández Sousa ha prometido a la CNMV que esta misma semana comunicará su balance con los datos ya auditados, pero, según denuncian desde Damm, "ni siquiera ha convocado al consejo y las cuentas deben ser antes aprobadas por sus miembros". La cervecera catalana y el fondo luxemburgués Luxempart, que suman el 12% del capital, han enviado en este sentido un burofax exigiendo la convocatoria del máximo órgano ejecutivo, pero hasta ahora siguen sin respuesta, por lo que están estudiando ya posibles medidas legales.
El auditor de Pescanova, BDO Auditores, tendrá en cualquier caso que contrastar los datos de su informe con los de KPMG, que es la firma contratada por la banca como asesora financiera en el proceso, junto al despacho de abogados Freshfields, que actuará como asesor jurídico. De momento, la banca acreedora ha decidido dar un respiro a la compañía y se ha comprometido a mantener las líneas de financiación firmadas con el grupo, tanto a su matriz como a sus filiales, "para que siga operando con normalidad mientras dura el proceso" de renegociación de su deuda. La mayor parte de los bancos insiste, no obstante, en que debe haber un giro en la gestión y que, aunque siga por ahora Fernández Sousa, se nombre como interlocutor a un consejero delegado, algo que también pidieron varios accionistas en el último consejo de administración, celebrado hace justo una semana.
El steering committee o núcleo duro de las entidades acreedoras de Pescanova está integrado por las siete que tienen mayor exposición (Novagalicia Banco, Sabadell, Caixabank, Popular, Bankia, Deutsche Bank y Royal Bank of Scotland -RBS-).
El tiempo corre en contra
Pescanova tiene hasta el 30 de junio para intentar alcanzar un acuerdo con la banca. En caso contrario, se vería obligada a presentar un concurso de acreedores, que dadas las presuntas irregularidades detectadas ya por la CNMV podría llegar a ser forzoso.
En ese caso, Fernández Sousa quedaría apartado de la gestión. Si, además, el juez decidiera finalmente que el concurso es culpable, el presidente y el resto de los gestores estarían obligados a responder con su propio patrimonio.
