Las empresas Hidrobo – Estrada y Norberto Odebrecht integran el Consorcio.
“El plazo para entregar la obra vence en septiembre de 2013”, recordó Javier Pozo, supervisor ambiental de la Unidad de Proyecto de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Emmop).
“De acuerdo al cronograma de actividades de la Ruta Viva, cada 3 meses habrá una inspección de las autoridades”, recordó el alcalde Barrera, y subrayó que la Corporación Andina de Fomento (CAF) entidad que desembolsa los recursos, solicita un informe de la ejecución de obras trimestral.
En tanto, días atrás Ecuador suscribió el contrato de financiamiento imprescindible con el Banco Nacional de Desarrollo, de Brasil (Bndes), por US$ 90,2 millones que corresponden al 72% del valor total de la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, que tendrá un costo estimado de US$ 124,8 millones.
La capacidad instalada de la hidroeléctrica será de 60 MW -suficientes para abastecer a más de 230.000 hogares- y su contribución con el medio ambiente será evitar la emisión de 1,88 millón de toneladas de CO2 y la importación de combustibles para generación eléctrica por US$ 24 millones. La obra, que aprovechará las aguas del río Guayllabamba, comenzaría a operar a fines de 2014.
El proyecto se ubica entre las provincias de Imbabura y Pichincha, su construcción estará a cargo de Odebrecht, supervisada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP).
El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que la suscripción de ese instrumento ocurre en el marco de fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Brasil, y de profundización de los marcos de cooperación bilateral.
A cargo de la empresa pública ecuatoriana Celec, el proyecto hidroeléctrico se localiza entre las provincias de Imbabura y Pichincha, a unos 130 kilómetros de Quito, en los caseríos Santa Rosa, Cielo Verde, Río Verde y Guayavillas.
Manduriacu es 1 de las 10 centrales hidroeléctricas que el Gobierno tiene previsto levantar a lo largo de la cuenca del Guayllabamba y que, en conjunto, aportarían con 1. 718 MW de energía para abastecer el 58% de la demanda eléctrica del país.
Las obras civiles del proyecto se iniciaron en julio anterior, luego de haberse adjudicado el contrato a Odebrecht en diciembre de 2011.
El gran tema a resolver, de acuerdo a algunos ambientalistas, consiste en que el Ejecutivo ecuatoriano pueda modificar el sistema de descargas de aguas servidas al río Guayllabvamba a través de plantas de tratamiento de residuos cloacales, que es un déficit en la región donde debe desarrollarse el proyecto. El tema viene de arrastre: un estudio de impacto ambiental desarrollado por una consultora para Hidroequinoccio, que antes tuvo a su cargo el proyecto, dio cuenta de altos niveles de contaminación del río con bacterias fecales.
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Desde entonces se debate a nivel de opinión pública la posibilidad de crear un embalse de agua sucia, pero es una decisión política que tiene que tomar el gobierno del presidente Rafael Correa. No es del ámbito de Odebrecht.
El río Guayllabamba acarrea las aguas de desecho doméstico que genera la ciudad de Quito y sus poblaciones circundantes en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Guayllabamba y Los Chillos.
Sin embargo, según ingenieros eléctricos consultados, la mayor densidad del agua no tratada, ayudará a la generación de energía, siempre que se utilicen materiales de altas especificaciones técnicas, con el objeto de evitar la corrosión de los equipos, lo que vuelve a ese tipo de centrales mucho más onerosas.
El kilovatio/hora del proyecto hidroeléctrico Manduriacu será de US$ 2.800, contra US$ 1.320 del proyecto más grande que se construye, el Coca-Codo Sinclair. Pero esto también tiene una explicación: las obras civiles en las centrales de la cuenca del Pacífico (en donde se localiza Manduriacu) son 58% más caras y costosas que las centrales de la cuenca Amazónica.
