El juicio
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a US$ 10.500 millones (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esa cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda social de la petrolera argentina, sus costes ambientales y el flujo de dividendos ya pagado.
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos.
En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en EEUU y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.
Accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.
También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.
Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.
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El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.
Gallucio
De acuerdo al diario Tiempo Argentino, el flamante presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo: “YPF es una empresa muy importante para mí, que quiero mucho. Estoy seguro de que podremos tener una empresa moderna, competitiva, profesional, que a su vez tenga un sentido nacional y argentino muy fuerte que va a ayudar a la Argentina en su desarrollo energético”.
El funcionario definió como “un amigo” al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien ofició de nexo con el Poder Ejecutivo, ante quienes lo recomendó para el cargo.
Galuccio destacó el interés del mandatario entrerriano en los proyectos de gas no convencional en los que se podría avanzar en la provincia de Entre Ríos. “En todo este proceso Urribarri ha sido de gran apoyo”, resaltó Galuccio.
“Aporté el dato de que Miguel era un destacado ingeniero que había hecho toda su carrera en YPF y que luego, justamente por haberse destacado, estaba ocupando un lugar muy importante en una de las compañías de mayor know how en el mundo en materia de petróleo, que es Schlumberger, donde presidía uno de los departamentos más importantes”, afirmó Urribarri.
