"El compás de espera en el que ha entrado YPF (participada en un 57% por el grupo español Repsol) no es tiempo muerto para la compañía. La petrolera se prepara para cualquier escenario. Con esa previsión ha contratado los servicios de importantes firmas de abogados en Nueva York, Madrid y Buenos Aires.
La empresa está convencida de que será intervenida por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero le falta conocer cómo y cuándo. Los diferentes proyectos de ley que han llegado a sus manos incluyen distintas formas de renacionalización: expropiación, incautación total de la compañía, absorción parcial y otras fórmulas igual de originales.
Frente a las hipótesis que se barajan, en Repsol recuerdan que todavía está vigente una ley que obliga a lanzar una opa sobre la totalidad de las acciones si se adquiere más del 14,8%. Eso sería de obligado cumplimiento en el caso de que el Estado argentino intentará adquirir —como plantea en su proyecto de ley favorito que ha quedado en lista de espera—, el paquete accionarial del grupo argentino Petersen (26%) y algo más del 24% de Repsol. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York, «por lo tanto —explican— también rige la ley norteamericana», advierten para justificar por qué se han puesto también en manos de despachos de abogados de Estados Unidos.
La "class action"
En ese contexto, no pierden de vista la denominada "class action", una figura de la legislación estadounidense que podría ser muy útil para Repsol. Significa, a grandes rasgos, que el recurso de un accionista con un fallo favorable se hace extensible al resto de los afectados. En Estados Unidos se negocia en Bolsa el 16,8% de las acciones y «la mayoría son de titulares estadounidenses», observan las mismas fuentes.
Hasta la fecha, la rescisión de concesiones en cascada que ha sufrido YPF (una quincena) por parte de media docena de gobiernos provinciales han sido recurridas en los tribunales locales argentinos y algunas están a la espera de fallo de la Corte Suprema (equivalente al Tribunal Supremo español).
"Ojalá podamos evitar este camino", insisten en YPF, pero, frente a nuevas agresiones, "tenemos preparadas réplicas nacionales e internacionales para cualquier medida que adopte el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner".
YPF vale € 13.740 millones
El "justo precio", en cualquier de los escenarios de expropiación, sería otro campo de batalla a librar. El actual valor de YPF, a juicio de sus directivos, "es de US$ 18.000 millones (€ 13.740 millones) si se toma como referencia el valor de US$ 47,1 por acción".
La legislación argentina, insisten, "considera cuatro opciones de valoración y establece que será el máximo de ellas el que deberá imponerse".
Los caminos de la justicia tienen muchas curvas, pero la recta final, en materia de inversiones, se recorre en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Diferenciales Relativos a Inversiones). Esta instancia de arbitraje internacional que depende del Banco Mundial es de obligado cumplimiento por las partes.
"La Argentina —observan abogados vinculados a la compañía— ya tiene 45 sentencias contrarias". Seguramente, añaden, "aunque las sumes todas, no alcanzarían los miles de millones que deberían afrontar si terminamos ahí". Un ejecutivo poco optimista con el escenario, añade que "al Gobierno argentino les da igual… se fuman un puro".
Mientras, se espera alguna declaración de la presidenta del país, que se encuentra actualmente en Colombia asistiendo a la VI Cumbre Americana y que el martes volverá a reunirse con los gobernadores de las provincias petroleras argentinas."
