Protección de los consumidores.
Gobernanza del sector.
¿Cuáles son los dos objetivos de esta supuesta regularización?
El primer eje de la cuestión tiene que ver con encontrar una definición legal sobre el término influencer, más allá del denominativo común. Se busca replantear los derechos y las obligaciones (si alguna vez las hubo) de lo que debe y no hacer un influencer dentro del marco legal. Además, de asignar un contrato escrito entre estos y las marcas o las agencias con las que trabajan.
¿El objetivo? Que este todo medianamente monitoreado para que no haya deslices o problemas.
Pero más allá de ‘monitorear’ la labor de los influencers, el segundo punto de la regulación tendría como objetivo algo fundamental: la propiedad intelectual. En este sentido, elaborar un sitio de información para que los datos generados por los influencers no puedan ser replicados y utilizados por segundos o terceros sin permisos de por medio.
La idea sería reforzarlas obligaciones de las plataformas o establecer una suerte de «guía de buenas prácticas». Esto no quiere decir censura. Si no más bien regulación de ideas. También se plantea la creación de una institución para estos casos.
El caso que desató todo
Todo tuvo un origen. El Gobierno francés no perdonó lo ocurrido con la influencer y modelo Nabilla Benattia-Vergara, quien cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram.
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La influencer Nabilla Benattia-Vergara.
Ella fue multada por promocionar contenido subido de tono en la plataforma Snapchat. Hasta ahora, todos estos solo terminaban en tribulaciones con multas económicas. Pero la idea es cambiar esto.
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