El primer texto concentra las disposiciones negociadas para atraer a Junts y al PNV. Incluye la ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y mayores controles sobre los alquileres temporales y por habitaciones. También limita hasta 2028 algunas operaciones especulativas atribuidas a fondos buitre, aunque la redacción definitiva deberá distinguir entre grandes inversores y pequeños propietarios.
PSOE y Sumar parten de 147 diputados, insuficientes para vencer por sí solos al bloque formado por PP y Vox. El Ejecutivo necesita reconstruir la alianza que permitió la investidura de Sánchez mediante el respaldo de ERC, EH Bildu, Junts y PNV, además de sumar apoyos dentro del Grupo Mixto. Los siete representantes de la formación catalana vuelven a ocupar una posición central porque varias de sus propuestas fueron incorporadas al primer decreto, pero el partido todavía debe comprobar que no se introdujeron cambios capaces de perjudicar a los arrendadores particulares. El PNV planteó una condición semejante y advirtió que no acompañará una norma que trate de la misma manera a un fondo de inversión y a una familia con una vivienda alquilada.
El segundo documento afronta un recorrido mucho más incierto. Allí quedó la renovación automática de los contratos, una de las principales exigencias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas. La medida impediría que el propietario recuperara la vivienda únicamente porque terminó el plazo pactado y exigiría una causa legal para no prolongar el vínculo, sin proteger al arrendatario frente al impago u otros incumplimientos. Junts y PNV observan esa fórmula con mayores reparos, mientras Podemos amenaza con rechazar el conjunto si considera que las protecciones fueron rebajadas para conseguir los votos de los grupos nacionalistas.
Por eso la aprobación del Consejo de Ministros representa apenas una victoria provisional. Cuando ambos decretos se publiquen en el Boletín Oficial del Estado podrán comenzar a aplicarse, pero el viernes cada partido tendrá que decidir si los mantiene o los deja caer. El Congreso también podrá conservarlos y abrir posteriormente su tramitación como proyectos de ley, una vía que permitiría negociar enmiendas sin suspender mientras tanto las medidas urgentes. El primer texto parece encaminado hacia una mayoría ajustada; el segundo llegará al hemiciclo con su futuro todavía abierto.
Ayuso amenaza con desalojar Sol antes de la votación
La respuesta del Consejo de Ministros no consiguió vaciar la Puerta del Sol. Los organizadores celebraron el acuerdo como una primera “victoria del poder popular”, pero calificaron de insuficiente la división del paquete y anunciaron que permanecerán en la plaza hasta conocer la letra pequeña y el resultado del viernes. El Sindicato de Inquilinas también convocó nuevas movilizaciones para el fin de semana, convencido de que la eventual vuelta de Maricarmen y la aprobación provisional de los decretos no resuelven una crisis extendida por todo el país.
Isabel Díaz Ayuso decidió elevar el enfrentamiento y otorgó al Gobierno central un plazo de 48 horas para desalojar el campamento. La Comunidad de Madrid considera ilegal la ocupación de la plaza, denuncia perjuicios para vecinos y comerciantes y responsabiliza al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de permitirla. Si no recibe una respuesta, el Ejecutivo autonómico amenaza con iniciar acciones judiciales por una supuesta dejación de funciones. José Luis Martínez-Almeida acompañó el reclamo desde el Ayuntamiento y acusó a Moncloa de tolerar la protesta por conveniencia política.
El ultimátum puede vencer antes de que el Congreso determine el futuro de las medidas, lo que abre un choque institucional difícil de administrar. La Policía Nacional no intervino hasta ahora porque el campamento se mantiene mayoritariamente pacífico y no se registraron disturbios capaces de justificar una evacuación inmediata. Los manifestantes interpretan la amenaza como un intento de apagar la presión antes de la votación; la Comunidad sostiene que ninguna reivindicación autoriza a ocupar indefinidamente uno de los espacios más transitados de Madrid.
La tensión ya produjo algunos episodios violentos. Vito Quiles acudió a la acampada junto con su equipo para grabar contenido y terminó abandonando la zona después de una confrontación con varios participantes, entre gritos de “no pasarán” y empujones. Horas antes había ocurrido una escena semejante con Bertrand Ndongo. Sus salidas no fueron desalojos policiales ni expulsiones administrativas, sino el resultado de la presión ejercida por una parte de los concentrados en un espacio público, un incidente que evidenció la polarización creciente alrededor de la protesta.
El PP, mientras tanto, cuestiona que el Congreso deba votar el viernes textos negociados contrarreloj y sin tiempo suficiente para analizar sus consecuencias. Su portavoz, Ester Muñoz, calificó de incomprensible la convocatoria extraordinaria, mientras Alberto Núñez Feijóo volvió a defender el aumento de la oferta como respuesta principal al encarecimiento de la vivienda. La oposición intenta separar así el impacto emocional del caso Maricarmen de una regulación nacional que, según advierte, podría reducir todavía más la cantidad de pisos disponibles para alquiler.
Ese debate también recuperó la historia de Olga, una mujer de 54 años de L’Hospitalet de Llobregat que se suicidó cinco meses después de perder la vivienda en la que había vivido durante más de dos décadas. Había perdido su empleo, acumulaba una situación de vulnerabilidad reconocida y llegó a activar el protocolo de prevención del suicidio, pero el desahucio siguió adelante. Antonio Banderas recurrió a su caso para cuestionar que la conversación pública se concentre en una sola víctima y pidió observar “toda la realidad”, una intervención que añadió otra disputa al conflicto: si Maricarmen representa una excepción convertida en símbolo político o el rostro visible de miles de historias que nunca consiguieron ocupar una plaza.
La respuesta llegará en dos tiempos. Primero se conocerá si el Gobierno ordena desalojar Sol ante la exigencia de Ayuso; después, el viernes, el Congreso decidirá qué parte del decreto permanece vigente. Hasta entonces, las tiendas continuarán funcionando como recordatorio de que la negociación dejó de desarrollarse únicamente dentro de los despachos.
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